Por Anselmo Apodaca Sánchez
Twitter: @apodacar84
Uno de los grandes aciertos de la Secretaria de Gobernación, fue la implementación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que conforme a decreto presidencial, se expidió el 12 de octubre de 2017 la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, que entre sus principales funciones fue crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de comisiones locales de búsqueda en las Entidades Federativas.
Así como crear, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que, para poner en contexto, la Persona Desaparecida se considera: la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito y la Persona No Localizada a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.
Uno de los puntos importantes e innovadores es: Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias. Sistema nunca implementado y que hoy rinde frutos en forma ordenada al coadyuvar con las autoridades de la Fiscalía General de la Republica y fiscalías locales de las Entidades Federativas al asistir a los lugares de investigación con una participación muy activa.
Este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, emitió un comunicado con resultados estadísticos no muy alentadores y desafortunados señalando en el orden de los 245,511 (dos cientos cuarenta y cinco mil, quinientos once) como el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales, este 16 de mayo (hace dos días) se registró la exorbitante cifra, sin precedente, de 100,000 personas desaparecidas lo cual representa el 40.73% de la cifra total, quedando dividido, de esas cien mil, 88,604 se clasificaron como desparecidas y 11,396 como No localizadas.
Lo que llama la atención es el periodo registrado en este comunicado, el cual se emite del 15 de marzo de 1964, a las 10:00 hrs. al 16 de mayo de 2022, a las 16:34 hrs., es decir 58 años de registros sin la clasificación actual mencionada que los diferencia y que se implementó en el 2017; para estar en el contexto voltearemos hacia aquel México de 1964. El entonces presidente Adolfo López Mateos tenía los preparativos para recibir la visita del presidente francés Charles de Gaulle (16 de marzo) y ese año (5 de julio) se celebraron las elecciones presidenciales en donde fue elegido el Lic. Gustavo Díaz Ordaz del Partido Revolucionario Institucional como presidente de la república para el periodo 1964-1970, un dato más de ese periodo, el 17 de septiembre, es inaugurado el Museo Nacional de Antropología del entonces Departamento del Distrito Federal.
Ahora, hablemos de la otra cifra del comunicado, del total (245,511) existe un rubro bastante alentador, corresponde a 145,511 personas localizadas, siendo un 59.27% del gran total señalado, quedando dividido en un desafortunado resultado de 9,914 personas localizadas sin vida y el sobresaliente, 135,597 personas localizadas con vida; esto nos permite transitar por diferentes vertientes: la primera nos indica que, hace 58 años y en décadas recientes no se contaba con una Ley específica ni con las instituciones fortalecidas del México de hoy, las investigaciones de la época carecían de la tecnología que existe en la actualidad, incluso, en muchos casos la metodología exprofesa para la búsqueda de personas no existía, esto, por la ausencia de protocolos que hoy son herramienta como eje rector para las investigaciones, la voluntad política (cambiante con el tiempo) como factor primordial y la participación de las familias en todo el proceso.
Todo este análisis, con carácter reflexivo, nos encamina de inmediato a pensar ¿por qué quitar el crédito a las instituciones?, que durante décadas han hecho posible que 145,511 familias, hasta el pasado lunes, vivan con tranquilidad y tengan noticias positivas de haber localizado a su familiar que tanto tiempo buscaron y algo mejor que se debe saber, el personal sustantivo es el mismo que investiga ambos casos, los de éxito y los de fracaso (hasta el momento), esta aclaración la hago, por si alguna persona considera que los investigadores que han fracasado en la búsqueda de las actuales 100,000 personas desaparecidas y no localizadas son un grupo diferente.
También es necesario saber cuánta satisfacción experimenta un servidor público cuando cierra su investigación y da la noticia esperada al familiar de una víctima recibiendo un ¨gracias¨; debemos reconocer que se tiene una deuda con los familiares por continuar en la búsqueda de sus seres queridos y es un deber que se va a cumplir, pero también debemos reconocer que la marca se ha vendido mal.
Anselmo Apodaca Sánchez
@apodacar84
Actualmente Consultor Forense
Miembro de la Academia Mexicana de Criminalística
Académico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. (INACIPE) desde 1998.
