Por Salomón Baltazar Samayoa.
Cuando se habla del fenómeno de la globalización, lo entendemos como el proceso por el que las economías y lo mercados adquieren una dimensión mundial debido al desarrollo de las tecnologías de la comunicación, de tal forma que existe una dependencia cada vez mayor de los mercados externos en demérito de la regulación de los propios países. [Diccionario de la real academia española] En castellano puro, significa que las economías dependen más de factores externos que de la regulación que adopte cada país, lo que nos lleva a establecer que no sólo la riqueza esta determinada por factores extranjeros sino también la pobreza misma.
La globalización posee aspectos positivos en la economía de mercado basado en los avances del conocimiento científico demostrando una gran capacidad en la productividad, pero también ha provocado importantes desequilibrios económicos y sociales con elevadas tasas de desempleo y pobreza que afectan a un grupo numeroso de personas en el mundo. Las economías globalizadas han aumentado las diferencias entre pobres y ricos, de modo que se hace necesario una fuerte inversión en capas sociales y de todas las edades para contrarrestar los efectos nocivos de la globalización. Es indispensable que el proceso de la globalización se funde en valores sociales universalmente compartidos por todos, el respeto a los derechos humanos, la dignidad de la persona, justo, integrador, que brinde oportunidades y ventajas para el mayor número de pobladores de los países y que esté vinculado a los objetivos del desarrollo del Milenio. [Informe sobre la Dimensión Social de la globalización 2005/2061 (INI) Parlamento Europeo. 18.10.2005 Comisión Empleo y Asuntos Sociales. Ponente Mihael Brejc]
Las empresas multinacionales españoles se encargarán de una nueva forma de reconquistar América Latina; desde 1990 adquirieron empresas latinas. Repsol, Gas Natural, Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, BBVA, Banco Santander y Telefónica representan el 80% de la inversión española en América Latina. El Observatorio de empresas Multinacional española (OEME) es una institución encargada de asesorar a las empresas con sede en el Estado español; en el seno del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OEMAL) Pedro Ramiro apunta que a pesar de los grandes beneficios que han obtenido las grandes empresas, no han mejorado el empleo, ni la calidad de los servicios ni han realizado inversiones en mantenimiento y transferencia tecnológica. Por el contrario, las organizaciones de las comunidades de la región responsabilizan a las compañías multinacionales del saqueo de recursos naturales, la privatización de los servicios públicos, la desregulación del mercado laboral, el desplazamiento de comunidades indígenas y el deterioro de los ecosistemas. [Véase Luis Miguel Uharte Pozas. Las Multinacionales Españolas en América Latina: Impactos Múltiples. Revista internacional de pensamiento político- I Época- Vol,9- 2014. Universidad del País Vasco, España]
En el año de 1998 España inicio el proceso de desregulación de la energía eléctrica mediante la ley del sector eléctrico 54/97. Hoy en día cinco empresas dominan el mercado español de la energía eléctrica. Iberdrola, Endesa, Naturgy (antes Gas Natural), EDP y Viesgo-Respol. [Véase Luis Agosti, Jorge Padilla y Alejandro Requejo. El Mercado de generación eléctrica en España. Estructura, funcionamiento y Resultados. Revista economía industrial, España] Sin duda el acceso a una energía limpia y segura es desigual en el mundo globalizado porque la desregulación esta enfocada a la competitividad en menoscabo de la implementación de una tarifa social para una adecuada calefacción en sus hogares. La competitividad de los mercados no se detiene en examinar que la calefacción, la climatización y la iluminación adecuadas son esenciales para preservar la salud y el nivel de vida digno. La liberalización del mercado no puede ser un objetivo en perjuicio de la inclusión social. [Véase Soledad Montero Linares, Maitane Arri Escudero y Javier Andaluz Prieto. Una Tarifa Social como respuesta ante la pobreza energética. Ecologistas en Acción, España. 2021]
En efecto, esta nociva globalización ha mercantilizado los servicios públicos, como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones. Las empresas como Telefónica, Endesa, Iberdrola, Agbar, entre otras, anteponen como prioridad el lucro corporativo en menoscabo del derecho social de garantizar un derecho básico. La multinacional Agbar opera el negocio del agua en Argentina, Colombia y Uruguay. Se le acusa de no distribuir el agua en regiones pobres por la falta de rentabilidad. En Cochabamba Bolivia, la multinacional Abengoa incremento en 300% las tarifas por consumo de agua. [Idem] Ciertamente esa globalización depredadora basada en el capitalismo muestra su verdadero rostro cuando se rige por el individualismo y el egoísmo, de tal forma que el mundo globalizado ha perdido el rumbo para enfocarse a una competencia feroz e inhumana que tiene como motivaciones la codicia y la ambición. [Bernardo Bátiz. Humanismo Cristiano y capitalismo, Porrúa. México. 2016.]
La globalización es una grave contradicción porque los beneficios son para una pequeña parte de la población de los países más desarrollados, en tanto, los países pobres y los pobladores de comunidades rurales sobreviven en condiciones de miseria y pobreza. Las empresas multinacionales están deteriorando el medio ambiente y la calidad de vida de las personas e impiden su desarrollo; por el contrario, comunidades indígenas son desplazados y sus lideres comunales que se oponen abiertamente son objeto de desaparición forzada o ejecutados en caminos, montes o selvas a manos de caciques al servicio de las multinacionales. [Juan Jaime Loera González y Jesús Hernández Olivas. Sierra Tarahumara: violencia sistemática y conflictos socio-ambientales en Chihuahua, México y Comunidades Rarámuri más allá del miedo]
La competencia férrea y desenfrenada por maximizar las ganancias sin considerar el interés humano y las necesidades de grandes sectores de la población que no tienen nada, nos acerca a un progreso material que carece de sentido y que está lejos de promover la felicidad del ser humano. [Véase Alberto Romero. Globalización y Pobreza. Ediciones Unariño. Universidad de Nariño, Colombia. 2002] El crecimiento económico de un país no significa que un mayor número de personas mejoren sus condiciones de vida porque la distribución de beneficios no es equitativa, de modo que el acceso a la propiedad está cada vez más distante, la desigualdad social es creciente, y la falta de empleo remunerador amplía las condiciones de pobreza.
La necesidad de que el mundo globalizante esté anclado a una dimensión social provocó que en febrero de 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU, instituyera la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Esta comisión emitió un interesantísimo informe en el que reconoce que la globalización es, prácticamente, un diálogo de sordos en el plano nacional e internacional. La globalización ofrece oportunidades para lograr una vida mejor pero solo en la medida a que este sometida a una mejor gobernanza en todos los planos. La globalización debe dejar de ocuparse en los mercados y volver los ojos a la gente.
La globalización debe abandonar las amplias y lujosas salas gubernamentales y ocuparse en satisfacer las necesidades de las personas y comunidades que lo único que les pertenece es su infame pobreza.
La globalización ha impactado en la naturaleza económica, social y política de la criminalidad, a las formas de intervención penal y las causas de impunidad. Hay quienes ven a la globalización como la internacionalización de la criminalidad en forma semejante al comportamiento de la economía y el mercado global. La criminalidad global se desarrolla sin fronteras, donde los sujetos implicados son corporativos internacionales o multinacionales. En la visión de Ferrajoli, (Criminalidad y Globalización. Traducido por Miguel Carbonell. Resumen] la mundialización de la economía debe ir acompañada de la mundialización del derecho. Las nuevas formas de la criminalidad trasnacional son el efecto de un mundo atravesado por desigualdades crecientes. Hoy es tiempo en el que los seremos humanos gozan del reconocimiento de más derechos que en el pasado, sin embargo, hoy las personas son profundamente más desiguales que en el pasado. El derecho ha demostrado su incapacidad frente a los nuevos desafíos de la globalización.
Para el autor florentino, una definición jurídica de globalización es entendida como un vacío de derecho público ante los nuevos poderes y problemas que se manifiestan como la ausencia, en la esfera pública internacional, de un derecho y de un sistema de garantías e instituciones idóneas para disciplinar los nuevos poderes desregulados y salvajes del mercado y de la política. La quiebra del derecho penal causada por la globalización, es porque ha sido incapaz de minimizar la violencia generada por los delitos, en la prevención de penas informales y excesivas (venganzas) así como la arbitrariedad y el abuso policial. Por ello define el derecho penal como la ley del más débil instituida para proteger a la parte débil que es la ofendida en el momento en que se comete el delito; en el proceso la parte débil es el imputado; y en la ejecución de la pena lo es el condenado. [Idem]
La comisión mundial sobre la dimensión social de la globalización ha dado un golpe de timón; en su informe dado a conocer en el 2004 se pronuncia por una visión de cambio poniendo en el centro de los objetivos las aspiraciones de la gente y aprovechar mejor las oportunidades para distribuir mejor los beneficios que brinda la globalización. La globalización debe estar dotada de una fuerte dimensión social, basada en valores universales compartidos, en el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona, que promueva una globalización justa, que refuerce los gobiernos democráticos, que ofrezca oportunidades y beneficios tangibles a todos los países y a todas las personas. En él la piedra angular son las personas, sus necesidades y la satisfacción de ellas, con respeto a su identidad cultural y autonomía. La nueva ruta de la globalización debe sustentarse en pilares interdependientes pero que se refuercen mutuamente: el desarrollo económico y social con la protección ambiental a escala local, regional, nacional y mundial. Debe ser solidaria para incluir a los países desplazados y pobres para contribuir a remediar sus desigualdades y erradicar la pobreza. [Comité Mundial sobre la dimensión social de la globalización. Por una Globalización Justa: Crear Oportunidades para Todos. OIT. Organización de Naciones Unidas. Suiza. 2004]
La crisis del derecho penal causado por la globalización se perfila por su ineptitud para prevenir los delitos y las penas arbitrarias; pero también se muestra deficiente como instrumento de defensa social y como sistema de garantías penales y procesales. Hoy en día la criminalidad que preocupa no es la criminalidad de subsistencia y de marginados sino la criminalidad del poder que amenaza la paz, la democracia y los derechos [Luigi Ferrajoli].
Este tipo de criminalidad organizada constituida por los grandes poderes económicos y públicos, ambos poderes se entrelazan, se coluden con los poderes institucionales y tienen como base la complicidad y recíprocamente se utilizan como instrumentos. Sus formas son las mafias organizadas dedicadas a la trata de personas, los cárteles que han ampliado los delitos relacionados con drogas para transitar al derecho de piso (extorsión) tráfico de migrantes ilegales; son tantas sus fuentes de ingreso que adquirieron una fuerza financiera sin precedentes que les ha permitido obtener el control político en Estados y municipios mediante el financiamiento de campañas políticas, que se aprovechan de la pobreza para incorporar soldados y para incrementar su base organizativa y funcional con perfiles directivos, tácticos y ejecutivos. La experiencia internacional nos ha dado muestra que presidentes de algunos países están relacionados con organizaciones dedicadas a la criminalidad trasnacional. La experiencia en México ha puesto en evidencia, cuando menos presuntivamente, la intervención de gobernantes Estatales que enfrentan procesos por pertenencia a organizaciones criminales.
El poder criminal como el poder político se aprovechan para reclutar pobres fanatizados con estratificación en sus respectivas estructuras, en donde las cabezas de los grupos directivos adquieren el nombre de patrón o de lideres políticos. Ambas comparten como común denominador, en su base, la pobreza que nos heredó la globalización que nada entiende de democracia porque los beneficios de la globalización no se socializan; están privatizados. Es urgente sanear la política para que se conserve un mínimo de legitimidad y reconocimiento social. Evitemos hundirnos en un populismo penal en el que todo se quiera solucionar con más delitos y más prisión. Los desafíos del derecho penal en México no solo se localizan en la política criminal, en el plan de persecución penal, en proyectos legales para descriminalizar conductas de baja lesividad, en revalorar las excesivas punibilidades, en mecanismos para que algunas conductas abandonen el derecho penal y se incorporen al derecho sancionador administrativo, en mejorar las capacidades técnicas en la investigación de delitos ni en reforzar la independencia de jueces y fiscales. Mientras la desigualdad social sea tan profunda, permaneceremos sumergidos en un letargo profundo.
Tengo el temor que la política y la criminalidad cohabiten en una esfera de intereses compartidos y beneficios mutuos, porque nos costará muchos años salir de ella; por lo pronto seguiremos poniendo los muertos.
Autor de Tres Paradigmas de la Justicia Penal. (La autoría mediata para crímenes cometidos por aparatos del Estado y organizaciones criminales; La Prueba y La Seguridad Ciudadana) Porrúa, 2020; coautor de Casos Penales. Porrúa. México 2005.
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