Melissa Lucio ha sido la primera mujer latina condenada a muerte en Texas, Estados Unidos, ello tras un juicio lleno de irregularidades y probables violaciones a derechos humanos, en donde, a través de un exhaustivo interrogatorio que duró más de cinco horas, en el que se le ejerció presión por parte de los elementos de la policía, declaró asumiendo que ella era la responsable.
En el año 2007, la hija de Melissa al estar jugando cerca de las escaleras de su casa cayó abruptamente por estas quedando severamente lastimada, siendo auxiliada por su madre, quien la encontró llorando con algo de sangre en los dientes, sin embargo, al no percibir mayores lesiones, siguieron con sus actividades, al cabo de dos días, Mariah nombre que se le puso a la menor, fue hallada muerta.
Fue así, que diversas organizaciones de derechos humanos se han enfocado al caso en concreto, pues han determinado que el proceso se encuentra plagado de una investigación deficiente y arbitraria, la cual en primera instancia concluyó en una sentencia para la aplicación de la inyección letal programada para el 27 de abril del presente año.
Esto tomó mayor revuelo en el año 2020, cuando se publicó el documental El Estado de Texas vs. Melissa, en donde se detalló que la muerte de la niña pudo haber sido producto de un accidente, y no de un homicidio como arguye la Fiscalía de Texas.
Cabe destacar que el proceso de aplicación de la inyección fue suspendido debido a que la defensa de Lucio presentó nuevas pruebas que demostrarían su inocencia.
Sin duda, este caso retoma uno de los principales problemas que se viven en México, el cual no es muy distante de Estados Unidos, pues de igual manera se advierten violaciones a los derechos humanos, las cuales se vuelven más enfáticas debido a la discriminación.
Cabe precisar que en México no se cuenta con una aplicación de pena de muerte, pues esta se encuentra prohibida por el artículo 22 de nuestra Constitución y es ejemplo el caso mencionado para recordar las razones por las cuales no se contempla una sentencia de dicho grado, pues la confianza en las autoridades no necesariamente es la más óptima, máxime que en un proceso puede darse una sentencia equivocada basada en violaciones a derechos humanos, imaginarse el impacto de la aplicación de dicha sentencia en un caso incorrecto, sería terrible.
En conclusión, podemos advertir que, gracias a los medios de comunicación, así como al respecto de los derechos, se pudo suspender la aplicación de una sentencia que pudo haber acabado con la vida de una persona inocente, el grado de corroboración sin duda a través de la valoración de la prueba será medular en el asunto para demostrar que la muerte de la menor no puede ser atribuible a su madre. Estaremos atentos a lo sucedido.
Adrián Arellano Regino
Egresado de la UNAM, Maestrante de la universidad de Barcelona, Abogado en Regino abogados.
