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Estado de México: De la vanguardia al caos penitenciario. Parte I

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Durante la década de 1970, el Estado de México, entidad federativa integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se colocó a la vanguardia de las ciencias penales por las innovaciones que pasaron de los desarrollos teóricos a la práctica, modificando la forma de ver el tratamiento y atención a las personas privadas de la libertad, el objeto de la nueva visión penitenciaria fue el “Centro Penitenciario de Toluca” donde confluyeron los trabajos de las y los penalistas, penitenciaristas y criminólogos de mayor relevancia nacional e internacional, para hacer de dicho centro un modelo vivo de la readaptación social; entre los personajes que participaron en dicha empresa se encuentran algunos de la talla de Alfonso Quiroz Cuarón -principal artífice-, Sergio García Ramírez, Antonio Sánchez Galindo e Hilda Marchiori.

Las principales innovaciones que presentó el “Centro Penitenciario de Toluca” fueron la arquitectura penitenciaria adecuada, el papel determinante de las consideraciones del Consejo Técnico Interdisciplinario y la convicción de que para lograr la readaptación de los sentenciados y la atención precisa a los procesados debían de tomarse en cuenta su estado de salud físico y mental, su entorno social y familiar, brindarles atención psicológica, educación y capacitación para el trabajo; en general, la aplicación de la criminología clínica. Las innovaciones de la década de los 70, son los elementos que actualmente se conocen como medios penitenciarios para la reinserción social, con excepción de aquellos que implican estudios clínicos-criminológicos porque según algunos especialistas, resulta “violatorio de los derechos humanos” conocer el estado de salud mental de las personas privadas de la libertad y darles atención sin que lo soliciten.

Los cambios en la política penitencia del Estado de México en los 70´s no fueron pura “política”, resultaron de una nueva visión sobre la ejecución de la pena de prisión, consecuencia de que a nivel internacional se aprobaron las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, adoptadas por el “Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente” celebrado en Ginebra en 1955, cuya implementación en el derecho interno fue guiada por Sergio García Ramírez y se concretó en la “Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1971 y vigente hasta el 16 de junio de 2016, fecha en que se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Pero, el prestigio del sistema penitenciario del Estado de México (Edomex en adelante) quedó en el pasado.

Actualmente, el Edomex es la entidad federativa con el mayor número de centros penitenciarios sobre su territorio, en total cuenta con 23 instituciones de las cuales 21 son de carácter estatal, 1 federal y 1 es un centro especializado. Conforme a los datos recabados a través de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F) en su edición 2023, donde se divulga información correspondiente al año 2022, el Edomex recibe el 26.9 % del presupuesto asignado para los centros penitenciarios estatales, cantidad relevante considerando que se trata de una sola entidad.

Durante 2022, el Edomex fue la segunda entidad con mayor número de ingresos a los centros penitenciarios sobre su territorio, solo por debajo de Baja California, donde la entidad mexiquense ingresó 13,712 personas, de las cuales 12,363 fueron hombres y 1,349 mujeres; en contraparte, el número de egresos totales fue menor, con un total de 11,732 de las cuales 10,479 fueron hombres y 1,253 fueron mujeres.

En el Edomex, junto a Michoacán, el 100 % de personas privadas de la libertad sin sentencia están bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa. También destaca el dato sobre los incidentes ocurridos en centros penitenciarios y centros especializados, locales y federales, ya que el Edomex concentró el 17.1 % del total. Quizá una posible “justificante” de lo anterior, podría ser una política de “cero tolerancia” a la inseguridad y a la delincuencia, pero no es así, el Edomex se ha mantenido en los últimos años como uno de los Estados con mayor inseguridad y delincuencia, para muestra cabe recordad que en el Informe de Seguridad del Gobierno de México (SEDENA, SEGURIDAD, MARINA y Guardia Nacional) de 13 de junio de 2023, se ubicó al Edomex como el segundo Estado con la mayor cifra de homicidios dolosos (1,119), superado por Guanajuato.

Lo realmente alarmante, no son las cifras en sí mismas, sino que se olviden de que cada uno de esos números son seres humanos, quienes con independencia de su situación jurídica, deberían seguir un proceso conforme a derecho donde cobre auténtica vigencia la justicia penal, los derechos humanos y sus garantías.

Esto parece lejano, la trayectoria de la numeralia comentada, la delincuencia e inseguridad que experimentan cada día la población de “la joya de la corona” [electoral] parecen agudizarse y en silencio, el Estado de México avanza hacía la cúspide de los Estados donde -para sintetizar categorías- no se puede vivir.

Gracias por tomarte el tiempo de leer.

Por Alberto Francisco Garduño

Twitter @albertofco9

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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