Los enormes desafíos en términos de seguridad se han mantenido en el foco de atención durante un tiempo considerable. Los medios de comunicación han ocupado sus espacios para destacar la persistente ola de violencia que, de norte a sur, se ha convertido en un distintivo de nuestros tiempos. Es fundamental reconocer que uno de los aspectos fundamentales de la existencia del Estado es la seguridad, y no puede ni debe prescindir de él.
En este contexto, existe una relación intrínseca que ha sido insuficientemente explorada y que demanda una atención significativa: la interconexión entre la reinserción social y la violencia. Aunque estos dos aspectos han coexistido, es notorio que se ha prestado poca atención a su influencia mutua dentro de las estrategias de seguridad pública.
En relación al primer aspecto, es decir, la reinserción social, resulta llamativo el limitado énfasis que los planes gubernamentales le han concedido. A pesar de que la reinserción es el objetivo central del sistema penitenciario, los planes de gobierno han mostrado una carencia de atención en este sentido. El marco constitucional reconoce la importancia de la reinserción y abarca elementos cruciales como la salud, la educación, el deporte, el trabajo y la capacitación.
El abandono de la noción de reinserción ha desencadenado, al menos, tres desafíos significativos: la proliferación de empleo informal, el aumento en los índices de violencia y la creciente complejidad en el panorama migratorio. Considerar la reinserción como una utopía parece ser una constante que, aunque puede ser idealizada, carece de viabilidad cuando se reevalúa el sistema penitenciario en su conjunto.
En cuanto a la historia carcelaria, retomando las palabras del historiador Enrique Krauze al referirse a la prisión de Lecumberri, se podría resumir en una serie de contrastes que involucran la distancia que los planes gubernamentales han tomado respecto a la reinserción. ¿Pero por qué este desinterés está relacionado con el aumento de la violencia?
La narrativa sociopolítica se enfoca, en el segundo aspecto, en la creación de estrategias de seguridad pública que no logran, per se, un cambio gradual para reducir la violencia, lo cual se refleja en los resultados actuales.
Por lo tanto, es válido cuestionar: ¿Qué entendemos por violencia? En esencia, hablamos de los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que incluyen cifras de víctimas y desaparecidos, así como enfoques estratégicos que involucran la militarización en la seguridad pública, pero que pasan por alto a las personas liberadas de prisión que buscan una vida diferente.
Dentro de las cárceles, los muros están lejos de cumplir el propósito de reintegrar al sentenciado, a pesar de los aspectos mencionados en la constitución. Además, una vez fuera, el seguimiento es limitado y, en muchos casos, inexistente, lo que obstaculiza una reinserción efectiva.
Estas consideraciones resaltan que los desafíos en seguridad pública no pueden abordarse únicamente a través de cambios legislativos, sino que requieren una atención prioritaria a los grupos en situación de vulnerabilidad. En esta línea, dar prioridad a la reinserción social, a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, a los procedimientos abreviados y abandonar el populismo punitivo permitirá generar un nuevo diálogo en torno a la violencia.
Siguiendo estos lineamientos, el Plan Nacional de Desarrollo, un pilar esencial en cada período presidencial, debe trascender las buenas intenciones y abordar aspectos esenciales que contribuyan a enfrentar los desafíos a largo plazo. Asimismo, es notable que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 apenas menciona la reinserción social en tres ocasiones y carece de una planificación adecuada para alcanzar este objetivo.
El conjunto de estas problemáticas no solo afecta la reinserción, sino también los planes de seguridad pública, que han pasado por alto indicadores cruciales como el Índice Global de Impunidad o los reportes periodísticos que constantemente resaltan el impacto delictivo en zonas que antes no se consideraban conflictivas.
Tras la reforma al Sistema de Justicia Penal, se esperaba un progreso significativo en los procesos penales, con un enfoque en las soluciones alternativas que promovieran una verdadera reinserción social. Sin embargo, es necesario replantear si las estrategias están dando resultados y si las políticas criminales cumplen con los objetivos constitucionales en los cuales la reinserción desempeña un papel fundamental.
Oscar Daniel Ontiveros Arellano.
Estudiante de 8vo. semestre de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
