Por Yesenia Hernández López
¿Usted confía, en sus autoridades? ¿Le ha pasado tener algún familiar, pariente o usted mismo estar detenido siendo inocente?
¿Que nos dice nuestra experiencia? en mi trayectoria me ha tocado lidiar con diferentes agencias del Ministerio Público hoy conocidas como Fiscalías y con diversos asuntos donde pareciera que estos personajes tienen la justicia en sus manos.
Al decir pareciera, me refiero a la forma en como se conducen y como manejan, disponen y acomodan todo a su necesidad, a su favor es decir tenemos a ciertos personajes que creen tomar la justicia en sus manos, al manipular y acomodar los IPH (informe policial homologado) se da mucho el caso que el propio auxiliar de la Fiscalía, Ministerio Público, le gresa el informe al primer respondiente, para que lo acomode, lo modifique, le quite, le ponga, los que conocemos realmente como funciona nuestro sistema de justicia penal, saben de lo que estoy hablando, es por eso que nuestra sociedad mexicana no confia en la Justicia Penal, no confía en la policía, en el ministerio público y en el juez, esto debido a los múltiples casos en los que se han visto inmersas muchas personas que, por una mala investigación y persecución de los delitos, mantienen en prisión preventiva e inclusive, durante años al dictarse una sentencia condenatoria. Tenemos multiples casos que todos conocemos ejemplos: casos Colosio, Wallace, Polette, Octavio Ocaña, Debani Escobar, Los 43, entre tantos otros, que desconocemos.
A estos casos se pueden agregar muchos más en los que existe una mala práctica para fabricar culpables derivadas de las actuaciones ministeriales y judiciales, por ello es necesario destacar que los encargados de la investigación de los delitos deben hacerla de manera exhaustiva y eficaz basada en acciones científicas necesarias para esclarecer los hechos y, con ello cumplir con el mandato constitucional, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que, presuntamente son culpables de la comisión de un delito. No prestandose para alterar información, con la finalidad de encuadrar delitos, o cambiar hechos para que se de el tipo penal.
Todo esto sería posible con una adecuada investigación, con la lealtad que deben conducirse como funcionarios públicos, cuidando su ética profesional así tendríamos un buen juicio, no solamente evitaremos la mala práctica de fabricar culpables, sino también evitaremos que exista la impunidad y que las víctimas se queden sin que se les haga justicia. A veces me pregunto, que ganan estos funcionarios al alterar información para que la persona se quede en prisión preventiva, o sujeta a una investigación, la razón es que, al ellos reportar más personas detenidas, más asuntos judicializados, reciben un bono de compensación, ¿o acaso hay otro tipo de intereses de por medio?
Es por ello que la participación de los jueces es fundamental para evitar las injusticias, toda vez que ellos están obligados a revisar minuciosamente los elementos que el ministerio público aporta cuando acusa, por eso es muy necesario que en todo juicio se respete el principio de “in dubio pro reo” y/o la “presunción de inocencia”.
La fabricación de culpables nos debe hacer reflexionar sobre tener una buena impartición de justicia, para ello se requiere de una adecuada capacitación y aplicación de la ley en el sistema penal acusatorio, además de velar por los derechos de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como las mujeres, indígenas, población LGTBQ+, migrantes, incluso funcionarios públicos, personas en situación de pobreza, con características físicas, entre otras, ya que son más factibles de ser criminalizados, pues muchas autoridades que operan el sistema de justicia penal, ya sea en la procuración o en la impartición de justicia, se conducen aún bajo una lógica de racismo que institucionaliza el pensamiento de discriminación.
El hecho de que las autoridades sigan fabricando culpables continúa siendo un tema pendiente por resolver, toda vez que esta práctica es muy frecuente y sucede en todos los estados de nuestro México, al menos en mi Ciudad Tijuana Baja California, es muy frecuente, por consiguiente el proceder de nuestras autoridades, lastima a la sociedad y favorece la reproducción de la violencia y, más aún, el Estado utiliza el “ius puniendi” de manera por demás arbitraria, lo cual genera una clara violación de derechos humanos. Y lo peor de esta situación es que toda la gente se da cuenta, y nuestras autoridades pretenden hacerle creer a la población que están trabajando con honorabilidad y justicia.
Derivado de lo antes mencionado debemos hacer una profunda reflexión sobre el rol que debe jugar la sociedad en estos problemas, para evitar que se siga incrementado la violencia, discriminación y represión, por lo que es necesario llevar a cabo las acciones hacía la prevención general y especial, así como del debido proceso y respeto a los derechos humanos en los procesos judiciales, con esto estaremos en un mejor proceso de combatir la injusticia y la impunidad. Y a nuestras autoridades, Fiscalías, Primeros respondientes, solicitarles que se conduzcan con laltad ante la sociedad, que eviten la manipulación de testigos y en ausencia de ellos, la tortura, el cohecho como medida de retención, la siembra de evidencias, ausencia de pruebas científicas y técnicas para sustentar la acusación, los moches, las mordidas, el como nos arreglamos para una salida alterna, o una suspensión condicional, etc. Y para ejemplos muchos el más clásico es que te prohíben entrar con celulares a ciertas dependencias o Fiscalías ¿Por qué? Acaso hay miedo de que sean grabados cuando están solicitando dinero. Como ciudadana, me queda la esperanza de que somos más los buenos que los malos, y que siempre la verdad sale a luz, ánimo mis queridos lectores.
Yesenia Hernández López
Maestra en Juicios Orales, Perito en Criminalística, Balística y Grafoscopía, Catedrática, Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialista en Criminalística.
Twitter: @Yesenia44669158
