Por Benjamín Canela Manzo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido transformaciones en la vida contemporánea del país, fue parte aguas en el sexenio de Ernesto Zedillo, ya que realizó una reforma radical a la corte, dejando 11 ministros de la corte de 21 que existían, posteriormente surgieron reformas al poder judicial que generó un retraso en las resoluciones de la corte especialmente en materia penal, pues existían temas relevantes y la corte aplicaba la facultad de atracción para estudiar el tema y resolver conforme a derecho y apegado a la constitucionalidad y en algunos casos a la convencionalidad.
Desgraciadamente se dieron casos muy dantescos, donde la resolución de la corte quedo muy cuestionada y alejada a sus principios jurídicos. El tema Florance Cassez, donde a todas luces se politizó de una manera Internacional con el Gobierno Francés, desgraciadamente la resolución de la corte al otorgar su libertad fue alejada de la Constitucionalidad y de la Convencionalidad atentando contra la dignidad de las víctimas y destruyendo nuestro estado de derecho y por vía de consecuencia quedando la Suprema Corte como un tribunal de consigna y no un tribunal de legalidad.
Aunado a ello podemos sumar otros temas como el caso Digna Ochoa que también la corte intervino de manera superflua y desde luego muy alejado a la constitucionalidad, podemos entender que la corte resuelva bajo presiones políticas que de ser el caso sería grave y dantesco tendríamos al poder judicial subordinado al poder ejecutivo y más aún a consignas políticas, los ministros de la corte son muy cuestionados ya que gran parte de ellos nunca pertenecieron al poder judicial y por prebendas políticas otorgan este cargo tan importante y tan sensibles, por vías de consecuencias sus resoluciones son por presiones políticas, tenemos una suprema corte dividida, fracturada, y contaminada por incompetencia de los ministros carente de técnica jurídica con currículo político y no jurídico, ya que una de las reformas a la ley orgánica del poder judicial de la federación permite la designación de los ministros aun cuando no tengan la carrera judicial.
Considero que esta modificación generó un descalabro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que por su propia y especial naturaleza los ministros deben de ser doctos en el derecho, no así en la política ya que se corre el peligro de que sus resoluciones lesionen el tejido jurídico de nuestro país, podemos decir que urge una reforma al poder judicial por que el estado de derecho corre peligro en sus resoluciones donde muchos de los casos la Constitucionalidad no se aplica y justifican sus resoluciones con el argumento que la Constitución en mucho de sus casos se interpreta y existen criterios controvertidos y diversos, México está pasando por problemas graves de legalidad y sí no se reforman las leyes aplicables a la corte se puede llegar al caos jurídico y un estado de derecho fallido que traerá como consecuencias una politización del Estado Mexicano y se puede correr el riesgo de una dictadura.
Los temas antes mencionados son uno de tantos, ya que existen más casos relevantes donde la Corte ha dejado una mala reputación y un mensaje terrible al Estado de Derecho, tenemos que exigir a las autoridades la elección de ministros con carrera judicial o en su defecto juristas expertos en control de la Constitucionalidad y Convencionalidad que tengan el expertis en los temas antes mencionados para que así se pueda hablar de un verdadero Estado de Derecho y las resoluciones sean apegadas a la legalidad y no a consignas políticas, es inminente la reforma el poder legislativo debería intervenir con la potestad que le otorga la propia constitución para realizar estas reformas, ya que no se puede vivir con la polarización del poder judicial y así que exista una verdadera independencia de los tres poderes como lo marca la Constitución.
En conclusión, podemos mencionar que la suprema corte de justicia carece de legalidad desde la forma de elegir a sus ministros y por vía de consecuencias las resoluciones muy alejadas de la constitucionalidad y convencionalidad y de técnica jurídica.
Mtro. Benjamín Canela Manzo
Catedrático de la Facultad de derecho por la UNAM con 19 años de antigüedad académica, especialista en juicio de amparo, imparte cátedras de derecho penal militar y derecho administrativo. Y ha impartido clases en el Consejo de la Judicatura Federal en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de la CDMX.
