Desde 2016, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI, señaló que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que habitaban en el país, 66.1% (30.7 millones) enfrentó violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida, además, el 43.9% había enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación. Fue a partir de esa estadística que se conoció que durante el año 2018, hubo 10 asesinatos de mujeres cometidos en México cada día.
La razón principal del por qué estos actos no se denuncian ante las instituciones se debe a la permisividad social, es decir, para las mujeres la violencia padecida no es percibida como algo relevante por mucho que si afecte su integridad, su salud y su proyecto de vida. Con todo ello, a pesar de ser visibles apenas uno de cada diez delitos que se cometen y se denuncian, las agencias están saturadas, siempre. Eso también se refleja en las llamadas al 911, el año pasado se recibieron 532 mil 734.
Esta carga de actos, de prácticas que son constitutivas de delito, representan un número importante de denuncias ante el Ministerio Público del fuero común en todas las entidades federativas del país, de tal modo ninguna Fiscalía que se dedique a ello descansa o se queda sin usuarias en ningún día del año desde que las figuras penales fueron creadas, en los años noventa y por consiguiente se demandó del Estado Mexicano una atención especializada.
Con semejante responsabilidad encima, quienes se dedican a aplicar los tipos penales de más uso en su territorio con perfil victimal conformado por mujeres, es decir violencia familiar, lesiones, violación y abuso, así como el incumplimiento de obligaciones y la sustracción de menores, han reportado al Secretariado Ejecutivo Nacional que tan sólo el primero de estos delitos y el de mayor peso registró en 2023, 284 mil 140 carpetas de investigación donde hay aproximadamente 265 mil 648 mujeres afectadas.
Algunas cosas nos quedan claras, la violencia contra las mujeres en México es un problema grave, un fenómeno criminal que crece y arrastra consigo a sus familias, en tanto son ellas quienes se hacen cargo de niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad en esa labor que el feminismo analiza como trabajo no remunerado, que abarca 70 horas a la semana y gracias al cual el país avanza aunque no lo reconozca.
Desarticular por principio la desigualdad que ahí yace, implica, desmitificar a nivel de la propia cultura mexicana la idea de los hogares como espacios de armonía y reconocer sin más que detrás la puerta de millones de casas existe la violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial, que se abusa, se viola y se asesina.
Siendo llamativo a nivel político, en no pocas ocasiones vamos a encontrarnos con que en lugar de atender al contexto de cómo se representa en cada Estado en particular, de consultar, los Congresos proponen, aprueban y publican reformas carentes de sentido desde el ámbito jurídico penal, definiciones, declaraciones de buenas intenciones de nula calidad en técnica legislativa a tal grado que el daño “menor” es el aumento de las penas.
Ese es el caso de San Luis Potosí y lo vamos a plantear aquí mismo en la siguiente entrega, porque es un ejemplo apenas del deterioro del populismo que en este caso, deja indefensas a las mujeres.
Claudia Espinosa Almaguer
