Por Avryl Rodríguez Granados
No es lo mismo ejercer nuestro derecho de protesta en defensa de una causa social, que un desfile para alabar a una figura presidencial.
Los días 13 y 27 de noviembre del año en curso, se dieron las marchas a mi parecer, más históricas que ha habido en México en el último siglo. Independientemente de lo que representan, llámese la primera una marcha en defensa de la autoridad electoral, y la segunda una marcha en apoyo al gobierno vigente, de la última, debemos advertir el trasfondo político y no cegarnos por una realidad equívoca.
Desde Echeverría en 1971 y López Portillo en 1982 ya no se habían convocado movilizaciones desde el poder con motivo de respaldo al propio poder. Sonará poco convencional, pero esta marcha en apoyo a la cuarta transformación, es producto de un intento desesperado de aprobación y de enaltecimiento a una figura, el ejecutivo.
La premisa del movimiento del 27 es simple: La Marcha del Pueblo.
Esta frase podrá mover ideales e identificarse con la nación y lo que representa ser mexicana o mexicano, no obstante, oculta una verdad, que es la división.
Para empezar, ¿quién es el pueblo?, Rousseau nos diría que son todas aquellas personas en su carácter de ciudadanos que se reúnen para tomar decisiones de manera colectiva, pero cuando el pueblo actual significa solo ser partidario de una postura, no estamos frente a un pueblo. Y la mentalidad es peligrosa, todo aquel que no piense como yo es oposición, y son llamados traidores a la patria, he aquí la importancia del respeto a la otredad, los funcionarios del partido en el poder tienen denunciados por traición a la patria a los senadores de oposición. El pueblo somos todos, no solamente aquellos que comparten una identidad cuatro teísta. No somos chairos contra fifís, liberales contra neoliberales, morenistas contra la oposición.
Algo que es inadmisible e imperdonable es la discriminación que el presidente formuló sobre los que protestaron en contra de la Reforma Electoral.
Clasistas, racistas, aspiracionistas, hipócritas, fueron pronombres despectivos con los que se refirió para clasificar a los mexicanos que asistieron a la marcha del 13. Al otorgar esta clasificación divide, divide mexicanos, divide ideales, divide al pueblo.
Discriminar públicamente a una persona por su color de piel, condición económica, posturas políticas y principios éticos, siempre merece una denuncia ante la CNDH por violación a derechos humanos. Hoy se cuentan con los derechos de igualdad y de no discriminación, el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación. Derechos injustamente menospreciados que no reconoce la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos como violados. Su indiferencia con la parte del pueblo “opositora” es más notoria día con día, este es el resultado del nepotismo e incapacidad de algunos titulares de órganos del Estado.
El Código Penal Federal, en su libro II título tercero bis, nos advierte que los delitos contra la dignidad de las personas y la discriminación deben ser perseguidos por querella y sancionados con uno a tres años de prisión. ¿Y luego? Surge la impunidad de estar sujeto a proceso penal, por una realidad privilegiada conocida como fuero.
La Marcha del Pueblo, fue el ejemplo perfecto de esta división. Los que asistieron son el pueblo, y los que no, son oposición. Un país que se gobierna desde el rencor personal y la división es un país fragmentado, y parte del rencor se vió reflejado en Palacio Nacional desde la molestia al conocer las cifras de ciudadanos que perdieron su confianza en el gobierno desde este intento de captura y sometimiento al Instituto Nacional Electoral.
El populismo en nuestros días, es una tendencia de aprobación de la que se jactan y enorgullecen los funcionarios públicos. Me pregunto, si las encuestas provenientes del gobierno, perciben que la figura del ejecutivo es muy popular con aprobación máxima a nivel mundial, ¿por qué la necesidad de hacer un marcha como contrapeso de la oposición para seguir alabando los logros sociales? En la marcha del 27, los mismos funcionarios argumentaron que se pagaron vehículos para el traslado de gente de otros estados así como se gastó en propaganda partidista. ¿Para qué derrochar recursos públicos si no hay motivo que justifique la movilización?
Mi respuesta es: por vanidad, ego y rencor. Demostrar que mis seguidores son más que los opositores. Hay un sentido maximizador de la importancia personal, una necesidad de atención excesiva y el deseo de admiración personal. Un narcisismo desmedido.
Avryl Rodríguez Granados
- Estudiante en Derecho UNAM
- Feminista y activista social
- Apasionada del Derecho Constitucional y Penal
- Diploma en “VIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional” por la SCJN
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