La militarización de la seguridad pública en México es un tema que ha generado un debate intenso tanto a nivel nacional como internacional. Desde la declaratoria de la “guerra contra el narcotráfico” en 2006, las Fuerzas Armadas han tenido un papel cada vez más preponderante en la lucha contra el crimen organizado. Esta tendencia, que ha persistido bajo diferentes administraciones, ha tenido profundas implicaciones no solo para la seguridad pública, sino también para el sistema de justicia penal y los derechos humanos en el país. La militarización, aunque impulsada con la intención de combatir la violencia y el narcotráfico, ha creado un complejo panorama en el que se pone en tensión la legalidad, la eficacia en el combate al crimen y el respeto a los derechos humanos.
La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido justificada por la falta de capacidad y corrupción en las policías locales y estatales. En muchos casos, la población ha percibido a los militares como más confiables que las fuerzas policiales convencionales, lo que ha generado un cierto respaldo social a su intervención. Sin embargo, la presencia militar en las calles también ha traído consigo una serie de problemas que complican la aplicación del derecho penal y el respeto a las garantías individuales.
Uno de los principales problemas de la militarización es la erosión de la distinción entre funciones civiles y militares. La Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos establecen que las tareas de seguridad pública deben ser responsabilidad de autoridades civiles. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en estas funciones altera este principio y puede llevar a abusos de poder, dado que los militares no están entrenados para lidiar con la seguridad interna bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad que rigen la actuación policial. Los procedimientos militares están diseñados para escenarios de conflicto armado, no para la preservación del orden público en tiempos de paz. Esto se refleja en casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos que han sido documentados por organismos nacionales e internacionales.
Otro aspecto preocupante de la militarización es su impacto en el sistema de justicia penal. La participación de militares en operativos de seguridad pública ha generado situaciones en las que personas detenidas bajo sospecha de delitos graves han sido procesadas bajo la jurisdicción militar, lo cual contraviene el principio de que los civiles deben ser juzgados por tribunales civiles. Aunque ha habido reformas para limitar la jurisdicción militar en casos que involucren a civiles, la práctica aún persiste en algunos casos, lo que compromete el acceso a un juicio justo y transparente.
Además, el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha derivado en la implementación de estrategias de combate al crimen organizado que priorizan la captura o eliminación de líderes criminales, sin un enfoque integral que considere la prevención del delito, la reconstrucción del tejido social y la reintegración de comunidades afectadas por la violencia. Este enfoque ha contribuido a la fragmentación de los cárteles y la proliferación de células más pequeñas y violentas, lo que ha exacerbado la inseguridad en diversas regiones del país.
Desde un punto de vista jurídico, la militarización ha influido en la formulación de leyes que amplían las facultades de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Un ejemplo reciente es la Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017, la cual pretendía regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Esta ley fue duramente criticada por organismos de derechos humanos y expertos en derecho penal, quienes argumentaron que legitimaba la presencia militar en las calles y representaba una amenaza para el estado de derecho y los derechos fundamentales. Aunque la ley fue finalmente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018, la tendencia a legislar en favor de la militarización persiste, como lo demuestra la creación de la Guardia Nacional, una fuerza híbrida con una fuerte componente militar.
