La presencia de prestamistas colombianos que operan bajo el método del “gota a gota” ha emergido como una problemática que trasciende las fronteras nacionales. Este fenómeno delictivo, que combina la informalidad financiera con prácticas violentas de cobro, está generando un impacto significativo en diversas regiones de Guatemala, en especial en los departamentos del suroccidente. Pero, ¿qué implica realmente este sistema y cómo ha llegado a establecer un control tan profundo en ciertas áreas del país?
El “gota a gota”: un método estructurado de usura
Se presenta como una alternativa fácil para aquellos que, en momentos de necesidad económica urgente, no pueden acceder a créditos formales. Este método de préstamo, aparentemente simple y de rápida disposición, esconde detrás de su fachada una estructura bien organizada y altamente jerárquica, cuyas raíces provienen de Colombia, pero que hoy operan de forma transnacional, incluyendo a Guatemala.
Estos préstamos de usura se caracterizan por intereses elevados, imposibles de pagar, lo que rápidamente transforma la situación del deudor en una espiral de endeudamiento continuo y amenazas crecientes. El ciclo comienza con una oferta atractiva: sin fiador, sin papeleo extenso, el dinero se entrega con solo una copia del documento de identificación y datos personales básicos. Sin embargo, cuando el deudor no cumple con los pagos diarios o semanales, las intimidaciones y el acoso inician, escalando en muchos casos a la extorsión violenta y, en su extremo, al asesinato.
Estructura delictiva y su modo de operación en Guatemala
Este esquema criminal cuenta con varios niveles bien diferenciados que facilitan la ejecución de sus actividades ilícitas. Según investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC), la estructura comienza con un líder, conocido como “Junior”, quien administra el dinero y asigna territorios a los nuevos integrantes de la red. A continuación, están los “administradores o coordinadores”, quienes gestionan la logística y controlan las cuentas bancarias y la publicidad a través de redes sociales.
En un nivel más bajo se encuentran los “supervisores”, responsables de controlar los territorios y monitorear las actividades de los “cobradores” o “asesores de venta”, quienes son los encargados de colocar los préstamos en los mercados informales y cobrar las cuotas diarias. Por último, están los “colaboradores”, encargados de la publicidad boca a boca y de identificar potenciales clientes dentro del comercio informal.
Esta estructura jerárquica, bien organizada, facilita no solo el flujo del dinero, sino también el control territorial, una estrategia que ha permitido a estos grupos expandir su influencia en regiones como San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla, entre otros departamentos clave del país.
La usura como delito
El Código Penal guatemalteco, en su Artículo 276, tipifica el delito de usura como el acto de exigir de un deudor un interés que sobrepase los límites legales o que sea desproporcionado.
Esta disposición, aunque clara en su definición, se enfrenta a desafíos cuando se trata de controlar un mercado ilícito que opera en la sombra y que, muchas veces, se disfraza de informalidad para eludir la persecución legal.
Sin embargo, no solo estamos hablando de un acto de usura, sino de un sistema delictivo que va mucho más allá del simple cobro excesivo de intereses. El “gota a gota” implica violencia, extorsión y, en casos extremos, homicidio, lo que lo convierte en un fenómeno que requiere una respuesta integral por parte de las autoridades.
Un problema transnacional
El financiamiento de estos prestamistas proviene, en muchos casos, de actividades del narcotráfico, lo que convierte al “gota a gota” en una estrategia más dentro de la cadena de lavado de dinero y control territorial de grupos delictivos transnacionales. Este fenómeno no es exclusivo de Guatemala; países vecinos también enfrentan este tipo de prácticas, lo que refuerza la necesidad de cooperación internacional para hacer frente a esta red criminal.
La pobreza: un factor social determinante
Es importante subrayar que uno de los factores sociales que contribuyen a la expansión de este tipo de redes delictivas es la alta tasa de pobreza en Guatemala. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 56.0% de la población guatemalteca se encuentra en situación de pobreza, de la cual un 16.2% vive en pobreza extrema y un 39.8% en pobreza no extrema. Solo el 44.0% de la población se considera no pobre.
Esta situación de vulnerabilidad económica crea un entorno propicio para que prácticas de préstamos informales como el “gota a gota” prosperen. Las personas que viven en pobreza,
muchas veces sin acceso a crédito formal o a mecanismos financieros seguros, se ven tentadas a aceptar estas ofertas “fáciles” de dinero, sin prever las consecuencias devastadoras que esto puede tener en sus vidas y la de sus familias. La falta de opciones reales en el sistema financiero y la exclusión económica de grandes sectores de la población son elementos clave que estos grupos delictivos explotan para consolidar su control.
¿Quién tiene el control?
Al final del día, la pregunta central que surge es: ¿Quién tiene realmente el control? Si bien las autoridades guatemaltecas han comenzado a identificar y desmantelar algunas de estas
estructuras, la realidad es que el “gota a gota” sigue operando de manera extensa. El poder que estos grupos han acumulado, su capacidad de infiltrarse en la economía informal y la violencia con la que operan plantean un desafío importante para el sistema de seguridad y justicia del país.
El control que ejercen no solo se basa en la coerción financiera, sino también en el miedo. Los deudores, bajo la constante amenaza de represalias, quedan atrapados en un ciclo que no solo afecta su economía, sino que pone en riesgo su vida y la de sus familias. Resolver esta problemática requiere no solo de un fortalecimiento de las capacidades policiales y judiciales, sino también de políticas públicas que ataquen las causas subyacentes de la informalidad económica y la falta de acceso a crédito formal.
En conclusión, el “gota a gota” no es simplemente un problema financiero, es una amenaza latente para la seguridad de los guatemaltecos y una muestra clara de cómo el crimen organizado encuentra nuevas formas de perpetuar su control sobre los más vulnerables. ¿Quién tiene el control? Hoy, la respuesta parece estar inclinada hacia aquellos que, con violencia y extorsión, imponen sus propias reglas.
Lic. Luis Miguel De León Estrada. Criminólogo y Criminalista, Guatemala.
Referencias
Código Penal, Decreto Numero 17-73
https://www.ine.gob.gt/2023/05/
https://pnc.gob.gt/
