Por: Arturo Angel
A solo unos meses de que concluya el periodo de cinco años establecido en la constitución para la consolidación de la Guardia Nacional, dicha corporación posee una mínima cantidad de elementos propios. La enorme mayoría, 9 de cada 10 personas que portan su uniforme, son efectivos de las fuerzas armadas que en ningún momento han dejado de pertenecer a ellas.
Así lo confirma el informe de resultados de una auditoria financiera practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a esta corporación que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución – y ya confirmado por la Corte- es una policía civil adscrita a la Secretaría de Seguridad ciudadana.
Cuando en 2019 se avaló la creación de la Guardia Nacional se estableció que esta podría contar con apoyo de la fuerza armada permanente y de elementos militares mientras se trabajaba en su consolidación. Pero esto solo de forma subsidiaria y temporal con fecha límite a marzo de 2024.
Sin embargo, lo que los datos de la auditoría oficial revelan es que de los 97 mil 805 efectivos realmente operativos de dicha corporación de seguridad pública, apenas 11 mil 519 son elementos enrolados en la Guardia Nacional y que cobran su sueldo en esta institución. Es poco más de 11 por ciento del total.
En cambio, el resto del estado de fuerza de la Guardia Nacional en realidad son militares. De ellos 71 mil 730 son efectivos asignados o de apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 14 mil 538 son de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). En conjunto es el 89 por ciento del total de los elementos.
Como lo muestra la misma auditoria, el personal operativo propio de la Guardia Nacional viene progresivamente en descenso. Mientras que en enero de 2022 sumaban 14 mil 376 elementos operativos de la institución, para diciembre de ese mismo año ya sumaban menos de 11 mil 500.
En contraste, el personal militar “prestado” a la Guardia ha venido en ascenso sobre todo por parte de la Sedena que, en el mismo periodo, pasó de 63 mil a 70 mil elementos canalizados a esta corporación. Todos esos elementos permanecen en la nómina de las fuerzas armadas, y reciben una compensación por prestar sus servicios en la Guardia Nacional.
Los auditores recordaron que aun cuando el Poder Legislativo, con impulso del gobierno, aprobó una reforma para que el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional pasara de forma definitiva a la Defensa Nacional, la Corte revocó dicho cambio legislativo al considerar que era inconstitucional.
Derivado de lo anterior dio un plazo que vence al 1 de enero de 2024 para que la Sedena se deslinde en su totalidad del manejo administrativo de la referida fuerza federal, aspecto que hasta ahora no ha ocurrido.
Guardias “fantasma” y falta de manuales
Aunque en términos generales los auditores encontraron que la Guardia Nacional opera entre la normatividad y plazos establecidos, en su inspección identificaron diversas irregularidades por las cuales emitieron recomendaciones a la corporación. Algunas de estas anomalías son significativas.
Por ejemplo, derivado de la falta de registros adecuados en la incorporación o asignación de cada elementos de la Guardia – sobre todo en los casos de los que provienen de las fuerzas armadas – existen incongruencias entre el estado de fuerza total con el que cuenta la corporación.
Prueba de esto es que, según el informe de actividades de la Guardia Nacional, al cierre de 2022 dicha fuerza contaba con 128 mil 833 elementos lo que no es correcto. Aun sumando el personal administrativo al operativo, el total de personal en la Guardia apenas alcanza los 106 mil personas. Es decir, hay más de 20 mil guardias nacionales reportados en los informes que, en realidad, no existen.
Los auditores también identificaron que esta corporación federal aun no cuenta con los manuales de organización ni de procedimientos debido a que la estructura orgánica de la institución no ha sido autorizada, según dijo la GN, por la Secretaría de la Función Pública.
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