El estudio de la victimología ha sido históricamente dejado de lado en las políticas de seguridad pública, tanto en México como en otros países. Sin embargo, su relevancia es innegable. Comprender cómo y por qué las personas se convierten en víctimas de delitos, además de examinar su relación con el sistema judicial, es fundamental para desarrollar políticas que no solo castiguen el delito, sino que también lo prevengan y atiendan de manera efectiva las necesidades de quienes han sido afectados.
En México, la seguridad pública ha sido un tema de constante debate, y las víctimas de delitos a menudo no reciben la atención que merecen. En este contexto, la victimología se presenta como una herramienta clave para transformar la forma en que las autoridades, la sociedad y el sistema judicial abordan la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, para lograr un impacto real, es necesario mirar más allá de las fronteras y aprender de las políticas que han sido implementadas en otros países con éxito.
La seguridad pública se ha centrado tradicionalmente en la respuesta al delito, más que en la prevención. Las políticas de “mano dura”, los esfuerzos para aumentar el número de detenciones y el énfasis en el castigo han sido el enfoque predominante. Sin embargo, este enfoque reactivo no ha logrado frenar la creciente violencia ni el sufrimiento de las víctimas. El papel de la victimología, en este sentido, es trascendente: en lugar de enfocarse únicamente en el infractor, también se debe prestar atención a las necesidades y derechos de la víctima.
Por ejemplo, lo que ocurre en algunos países europeos, como Suecia y Noruega. Estas naciones han adoptado un enfoque de justicia restaurativa en el que la víctima ocupa un papel central en el proceso judicial. En lugar de enfocarse exclusivamente en castigar al infractor, se busca reparar el daño causado a la víctima, mediante mecanismos como la mediación entre la víctima y el victimario. En este modelo, las necesidades de la víctima, como el reconocimiento de su sufrimiento, la reparación del daño y la posibilidad de participar activamente en el proceso judicial, son prioridades.
Aunque en nuestro país existen avances en este sentido, como la Ley General de Víctimas de 2013, que busca garantizar los derechos de las víctimas de delitos, la implementación ha sido deficiente. La falta de recursos y la burocracia han sido grandes obstáculos para que las víctimas reciban la atención que necesitan. La victimología sugiere que la seguridad pública no solo debe enfocarse en evitar la reincidencia delictiva, sino también en prevenir la revictimización, es decir, que las víctimas no sufran daños adicionales durante el proceso judicial. El sistema mexicano tiene mucho que aprender de los países que han puesto en práctica enfoques más holísticos y centrados en la víctima.
Comprender los patrones de victimización puede ayudar a identificar los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que una persona se convierta en víctima de un delito. Esto puede informar políticas de seguridad pública más eficaces y proactivas, que ataquen los problemas de raíz en lugar de reaccionar después de que el daño ya esté hecho.
En el caso de México, donde la inseguridad afecta a gran parte de la población, la victimología puede ser particularmente útil para diseñar políticas de prevención. Un claro ejemplo de este enfoque se puede encontrar en programas implementados en Nueva Zelanda, donde las políticas de seguridad pública han sido diseñadas a partir de estudios detallados sobre las experiencias de las víctimas. Allí, se ha adoptado un enfoque de “policía comunitaria”, donde las fuerzas del orden no solo responden a delitos, sino que también colaboran estrechamente con la comunidad para identificar factores de riesgo y prevenir el crimen antes de que ocurra.
En el Estado Mexicano, el modelo de policía comunitaria también ha sido implementado en ciertas áreas, pero su éxito ha sido mixto. Esto se debe en parte a la falta de recursos y capacitación, pero también a la resistencia de las instituciones a adoptar enfoques más preventivos y centrados en las víctimas. Incorporar la victimología como un pilar fundamental en las políticas de seguridad pública podría ayudar a superar estas barreras. Al analizar las experiencias de las víctimas y aprender de sus historias, se puede identificar patrones que permitan prevenir futuros delitos y garantizar que las personas más vulnerables reciban la protección adecuada.
La victimología también pone de relieve la importancia de la reparación y el apoyo a las víctimas. En muchos casos, el sistema judicial mexicano no ofrece a las víctimas la reparación que necesitan para superar el trauma que han sufrido. Aunque la Ley General de Víctimas establece mecanismos de compensación y apoyo, la realidad es que muchas víctimas nunca reciben la ayuda que necesitan.
En Canadá, las víctimas de delitos tienen acceso a una amplia gama de servicios, desde asesoramiento psicológico hasta asistencia financiera. Además, las víctimas son tratadas como partes fundamentales del proceso judicial y sus testimonios son valorados como una forma de garantizar justicia y reparación. Esta atención integral no solo busca reparar el daño, sino también evitar que las víctimas se vean atrapadas en ciclos de vulnerabilidad que podrían llevarlas a ser víctimas nuevamente.
Otro aspecto clave que la victimología pone en evidencia es la revictimización que a menudo sufren las personas que buscan justicia en sistemas judiciales burocráticos y, en ocasiones, insensibles. En México, no es raro que las víctimas de delitos enfrenten obstáculos adicionales cuando intentan acceder a la justicia. Las demoras, la falta de recursos y la insensibilidad por parte de las autoridades pueden agravar el trauma de las víctimas, haciendo que el proceso judicial sea una experiencia re-victimizante en lugar de reparadora.
En contraposición, países como Alemania han implementado sistemas judiciales que priorizan la protección de las víctimas. En Alemania, las víctimas tienen derecho a recibir protección legal y psicológica durante el proceso judicial, y se han implementado medidas para evitar que las víctimas tengan que enfrentarse a sus agresores en el tribunal. Esto contrasta fuertemente con el sistema mexicano, donde las víctimas a menudo se sienten desprotegidas y desamparadas.
La victimología sugiere que la revictimización no solo es injusta, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y sufrimiento. Para romper este ciclo, es necesario reformar el sistema judicial para garantizar que las víctimas reciban el respeto y la protección que merecen. Esto implica no solo cambios en las leyes, sino también en la capacitación de jueces, fiscales y policías para que entiendan el impacto del delito en las víctimas y actúen en consecuencia.
El rol de la victimología en las políticas de seguridad pública es esencial para transformar la forma en que abordamos la justicia y la prevención del delito. En México, donde la inseguridad y la violencia son problemas crónicos, adoptar un enfoque más centrado en las víctimas puede marcar una gran diferencia.
