En los últimos años, las protestas feministas en Latinoamérica han irrumpido en el espacio público con una fuerza y una intensidad nunca antes vistas. Desde el movimiento #NiUnaMenos hasta la lucha por el derecho al aborto, las mujeres han exigido con cada vez mayor vehemencia el reconocimiento de sus derechos y una respuesta ante la violencia y las desigualdades estructurales que enfrentan. Sin embargo, a pesar de la legitimidad de estas demandas, la opinión pública y los medios de comunicación en muchos casos no solo han interpretado estas protestas como una amenaza, sino que también han influido de manera significativa en el tratamiento penal que las manifestantes reciben. En una región donde la violencia y la discriminación contra las mujeres siguen siendo problemas alarmantes, es esencial examinar cómo la narrativa mediática impacta el sistema de justicia y, en última instancia, la percepción que la sociedad tiene sobre las demandas feministas.
La narrativa que los medios de comunicación construyen alrededor de las protestas feministas no es neutral. Desde la selección de las imágenes que se muestran en las noticias hasta el lenguaje utilizado para describir a las manifestantes, cada decisión editorial contribuye a formar una representación específica de estos movimientos. En muchos casos, los medios destacan los actos de vandalismo y violencia que ocurren en las protestas, enfocándose en los daños a la propiedad pública o privada y relegando a un segundo plano las razones detrás de estas manifestaciones. Esta narrativa, que a menudo resalta el desorden y la “peligrosidad” de las activistas, tiende a moldear la percepción pública de estas protestas como movimientos radicales e incluso ilegítimos. Al presentar a las manifestantes como una amenaza al orden y la paz social, los medios influyen en la opinión pública y refuerzan la idea de que estas acciones deben ser controladas y penalizadas.
El impacto de esta representación mediática en el sistema de justicia penal es palpable. En muchos países de la región, la presión de la opinión pública puede ejercer una influencia considerable en las decisiones judiciales y en la formulación de políticas. La criminalización de las protestas feministas se ha intensificado en los últimos años, en gran medida debido a la percepción pública de que estos movimientos son “peligrosos” y deben ser contenidos. En algunos casos, las activistas han sido detenidas y acusadas de delitos graves, como daños a la propiedad o incitación a la violencia, a pesar de que sus acciones en realidad podrían considerarse como desobediencia civil en un contexto de protesta legítima. La narrativa de los medios, que refuerza la imagen de las feministas como agitadoras y transgresoras de la ley, proporciona una justificación para que las autoridades adopten un enfoque represivo en lugar de abordar las causas estructurales que motivan estas manifestaciones.
Esta criminalización de las protestas feministas en Latinoamérica no solo tiene consecuencias legales para las activistas, sino que también envía un mensaje a la sociedad sobre los límites de la participación política. La cobertura mediática negativa de estas protestas desalienta a muchas mujeres a involucrarse en la lucha por sus derechos, ya que temen ser estigmatizadas o incluso perseguidas por el sistema de justicia. En una región donde la violencia de género y la impunidad son problemas endémicos, esta criminalización de la protesta constituye una forma de violencia institucional que perpetúa la discriminación y limita el ejercicio de derechos fundamentales. Las mujeres, que ya enfrentan barreras significativas en su vida cotidiana, ven restringido su derecho a expresarse y a exigir justicia, lo que refuerza su situación de desigualdad y vulnerabilidad.
El papel de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública es particularmente relevante en contextos de alto conflicto social, como las protestas feministas. Cuando los medios presentan una imagen distorsionada de las manifestantes, resaltando los actos de violencia y minimizando sus demandas, están contribuyendo a crear un clima de hostilidad y rechazo hacia el movimiento feminista. Esta narrativa, que a menudo responde a intereses políticos o económicos, refuerza la idea de que las mujeres que protestan son un problema que debe ser controlado, en lugar de un grupo social que está luchando por sus derechos. La influencia de los medios en la opinión pública puede ser tan poderosa que incluso en países donde la sociedad muestra un creciente apoyo a los derechos de las mujeres, las protestas feministas siguen siendo vistas con desconfianza y rechazo por amplios sectores de la población.
El tratamiento mediático de las protestas feministas también revela un sesgo de género en la cobertura periodística. A diferencia de otros movimientos de protesta, como las manifestaciones sindicales o estudiantiles, las protestas feministas suelen ser descritas con un lenguaje más agresivo y sensacionalista. Las activistas son presentadas como “radicales” o “extremistas”, y sus demandas son etiquetadas como “excesivas” o “irrazonables”. Este sesgo no solo deslegitima las protestas feministas, sino que también refuerza los estereotipos de género que históricamente han sido utilizados para discriminar a las mujeres. La representación de las manifestantes como irracionales y emotivas, en contraposición a los manifestantes “serios” y “racionales” de otros movimientos, perpetúa una visión patriarcal de la sociedad que minimiza la importancia de la lucha feminista y justifica su represión.
Ante esta situación, es indispensable que los medios de comunicación asuman una mayor responsabilidad en su cobertura de las protestas feministas. En lugar de enfocarse únicamente en los actos de vandalismo y violencia, los medios deben hacer un esfuerzo por contextualizar estas manifestaciones y dar visibilidad a las demandas de las mujeres. Esto implica no solo un cambio en el enfoque editorial, sino también una mayor sensibilidad hacia los problemas estructurales que enfrentan las mujeres en Latinoamérica. La cobertura mediática debe reflejar la complejidad de estas protestas y evitar caer en simplificaciones que refuercen la criminalización de las activistas. En una región donde la violencia y la discriminación contra las mujeres siguen siendo una realidad cotidiana, los medios tienen la responsabilidad de contribuir a un debate informado y equilibrado que permita a la sociedad comprender las razones detrás de las protestas feministas.
El impacto de los medios en la opinión pública y en el tratamiento penal de las protestas feministas es un problema que requiere atención urgente. La criminalización de la protesta no solo limita el derecho a la libre expresión y a la participación política, sino que también perpetúa la desigualdad de género y refuerza la discriminación institucional contra las mujeres. En lugar de ver a las manifestantes como un problema que debe ser contenido, la sociedad y el sistema de justicia deben reconocer la legitimidad de sus demandas y abordar las causas estructurales que motivan estas manifestaciones. La lucha por los derechos de las mujeres en Latinoamérica es una batalla por la justicia y la igualdad, y los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esta causa.
