En México, la corrupción ha sido durante décadas uno de los principales flagelos que debilitan las instituciones democráticas, perpetúan la desigualdad y erosionan la confianza ciudadana en el Estado. Ante esta problemática, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue concebido como una respuesta estructural para combatir las prácticas corruptas mediante la colaboración interinstitucional, la prevención y, sobre todo, la sanción. Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo: ¿ha logrado el SNA disminuir la impunidad en los casos de corrupción?
La impunidad, entendida como la falta de consecuencias legales para quienes cometen actos ilícitos, es uno de los factores que perpetúan la corrupción. Según el Índice Global de Impunidad, México ha ocupado consistentemente los primeros lugares, reflejando que la mayoría de los delitos no son investigados o castigados. Este contexto sirvió de catalizador para la creación del SNA, cuyo objetivo principal es articular los esfuerzos de diversos organismos como la Secretaría de la Función Pública, las auditorías estatales, el Comité Coordinador y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros, para enfrentar de manera integral el problema de la corrupción.
Una de las promesas centrales del SNA era la reducción de la impunidad mediante un marco normativo sólido que incluyera reformas sustanciales al Código Penal y la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas medidas buscaban establecer un sistema punitivo eficaz que abarcara tanto las sanciones administrativas como las penales. Sin embargo, a siete años de su implementación, los resultados obtenidos invitan a una evaluación crítica.
Los números muestran un panorama complejo. Por un lado, se han registrado avances notables en la investigación de casos emblemáticos de corrupción, como los procesos judiciales contra exgobernadores y funcionarios de alto rango. En estos casos, la actuación del SNA, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), ha logrado visibilizar el problema, rompiendo el ciclo de impunidad que solía blindar a las élites políticas y económicas. Por otro lado, el número de sentencias condenatorias sigue siendo alarmantemente bajo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menos del 2% de los casos de corrupción denunciados llegan a una sentencia penal, lo que sugiere que la impunidad persiste como un desafío estructural.
Las causas de esta limitada eficacia son multifactoriales. Uno de los problemas principales es la falta de coordinación efectiva entre las instituciones que integran el SNA. Si bien el sistema fue diseñado para promover una colaboración robusta, en la práctica, las diferencias de competencias, la burocracia y los intereses políticos han obstaculizado su funcionamiento. Por ejemplo, las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueden identificar irregularidades, pero su seguimiento depende de otras instancias, como las fiscalías estatales, que frecuentemente carecen de los recursos o la voluntad política para proceder con las investigaciones.
Asimismo, la autonomía de las fiscalías especializadas, tanto a nivel federal como estatal, ha sido objeto de cuestionamientos. En muchos casos, estas fiscalías han sido utilizadas como herramientas de persecución selectiva, enfocándose en adversarios políticos mientras ignoran o minimizan los actos de corrupción de aliados del poder. Este uso discrecional del aparato de justicia mina la credibilidad del SNA y perpetúa la percepción de que la corrupción sigue siendo un mal tolerado, siempre y cuando esté alineado con ciertos intereses.
Otro factor crítico es la saturación del sistema judicial. La complejidad de los casos de corrupción, que involucran redes de actores y transacciones opacas, exige recursos humanos y técnicos especializados. Sin embargo, muchas fiscalías y tribunales carecen de estas capacidades, lo que prolonga los procesos judiciales y favorece la prescripción de los delitos. Además, la percepción de impunidad no solo se alimenta de la falta de condenas, sino también de la lentitud del sistema judicial, que desalienta a los denunciantes y refuerza la idea de que los esfuerzos anticorrupción son meramente simbólicos.
A pesar de estos retos, es innegable que el SNA ha generado avances significativos en otros aspectos. Por ejemplo, la implementación de plataformas como Declaranet y Compranet ha fortalecido los mecanismos de transparencia, facilitando la fiscalización ciudadana. Asimismo, la creciente participación de la sociedad civil en el monitoreo de casos y en la exigencia de rendición de cuentas ha creado una presión adicional sobre las instituciones para actuar con mayor diligencia.
Sin embargo, estos avances no se han traducido plenamente en una disminución de la impunidad. Para lograrlo, es fundamental abordar las deficiencias estructurales del SNA. En primer lugar, se requiere una verdadera independencia de las fiscalías especializadas, acompañada de un fortalecimiento institucional que les permita operar sin interferencias políticas. Esto incluye asignar presupuestos adecuados, garantizar la capacitación constante de sus integrantes y establecer mecanismos de supervisión que aseguren su imparcialidad.
En segundo lugar, es necesario fomentar una mayor coordinación interinstitucional. El SNA debe superar las barreras burocráticas que fragmentan sus esfuerzos y establecer protocolos claros para el intercambio de información y la acción conjunta. Esto no solo aceleraría los procesos judiciales, sino que también garantizaría una respuesta integral a los actos de corrupción.
Además, se debe promover una cultura de prevención más robusta. Si bien el enfoque del SNA ha estado predominantemente en la sanción, es igualmente importante atacar las causas estructurales de la corrupción. Esto implica fortalecer la educación cívica, garantizar la protección de los denunciantes y promover la ética en el servicio público como un pilar esencial.
Finalmente, el combate a la impunidad requiere del compromiso continuo de la sociedad. La corrupción no es solo un problema de las instituciones, sino también un reflejo de las prácticas culturales y sociales. En este sentido, la denuncia ciudadana, el escrutinio público y el activismo son herramientas clave para mantener la presión sobre el SNA y evitar que este se diluya en la inercia institucional.
El Sistema Nacional Anticorrupción ha logrado avances importantes, pero aún enfrenta retos sustanciales para cumplir su promesa de disminuir la impunidad en los casos de corrupción. Aunque el camino recorrido ha sido significativo, queda claro que el éxito del SNA dependerá no solo de reformas legales y administrativas, sino también de la voluntad política y del compromiso colectivo para transformar profundamente las estructuras que perpetúan la corrupción en México. El desafío es monumental, pero los cimientos están puestos; lo que sigue es construir sobre ellos con determinación y transparencia.
