El día internacional del migrante se conmemora el 18 de diciembre de cada año, con el objetivo de impulsar la colaboración entre los países ante los retos que ocasiona de la migración internacional. Por ello, se busca crear conciencia sobre las dificultades enfrentadas por las personas migrantes en el mundo y hacer un llamado a las naciones para encontrar mecanismos regulares y seguros para los migrantes y crear nuevas oportunidades laborales para evitar que las personas migren a otros países.
En México, la migración es un tema complejo, dados los diversos flujos migratorios tales como: la migración de origen, transito, destino y retorno. Por lo que, este proceso pone de manifiesto los conflictos y las carencias económicas que sufren millones de personas, lo que propicia que éstas abandonen su país en busca de nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida.
De acuerdo con la Organización Internacional para los Migrantes, en 2023 México ocupó el segundo lugar de países de origen de personas migrantes, después de India. Además, que la población migrante en México se centra en 5 Estados, tales como Baja California (13%), Ciudad de México (9%), Chihuahua (8%), Jalisco (8%) y Tamaulipas (6%).
Asimismo, esta organización internacional refiere que entre el año 2000 y 2020, la población de personas inmigrantes aumentó en 123%. Finalmente la misma fuente sugiere que el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente.
Por otra parte, según datos emitidos por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), las detenciones de migrantes irregulares en 2023 fue de 37 mil, mientras que en 2024 aumentó a 118 mil. En ese sentido, la ONU ha manifestado que la detención arbitraria en México es un hecho ligado a malos tratos, torturas, desapariciones forzadas, entre otros problemas.
Acciones tendientes a garantizar los derechos de los migrantes
Algunas acciones tendientes a garantizar los derechos de los migrantes, fue la creación de un registro de personas migrantes detenidas, la cual se logró ya que la Clínica Jurídica Alaide Foppa y el Servicio Jesuita a Refugiados interpusieron un amparo a fin de garantizar transparencia en las detenciones realizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) y evitar los casos de tortura y desaparición forzada.
En consecuencia, gracias a esta resolución el Congreso tiene la obligación de crear un registro nacional de personas migrantes detenidas, lo anterior a fin de proteger los derechos de las personas migrantes y evitar violaciones a sus derechos humanos.
Esta determinación se tomó el 27 de noviembre de 2024, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera una resolución en donde reconoce el incumplimiento del Poder Judicial, ya que han existido violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes.
Con esta resolución, el Congreso deberá emitir normativa tendiente a favorecer y proteger los derechos de las personas migrantes antes de los próximos dos periodos legislativos ordinarios.
Los especialistas de la Universidad Iberoamericana (UIA) señalaron que la determinación de la SCJN no sólo obliga al Congreso a cumplir con este mandato constitucional, sino que es un precedente para considerar que la omisión legislativa es una violación de derechos humanos: así como señala la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes.
En consecuencia, esta medida constituye un progreso en materia de detención de personas migrantes, ya que en muchas ocasiones las familias no tienen certeza sobre si su familiar fue detenido o fue víctima de la delincuencia organizada, además de que no existe informes que reflejen el número de detenciones de personas migrantes. Por ello, se espera con que este fallo fortalezca el acceso de justicia a las personas migrantes; así como que garantice la transparencia en las detenciones y así erradicar las desapariciones forzadas y la tortura.
María Fernanda Barrientos Tamariz. Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Iberoamericana. Maestra en derechos humanos. Abogada en temas relativos a derechos humanos y materia penal.
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