El caso de Marianne Gonzaga, una influencer mexicana de 17 años, ha desatado un acalorado debate en la opinión pública y ha puesto en la mira el sistema de justicia para menores en México. El 5 de febrero de 2025, Gonzaga fue detenida tras ser señalada como la responsable de apuñalar a Valentina Gilabert, de 18 años, quien actualmente es pareja de su exnovio. Los hechos ocurrieron en el complejo residencial Park Pedregal, en la Ciudad de México, dejando a Gilabert gravemente herida y en coma inducido.
El incidente se viralizó de inmediato en redes sociales, dividiendo a la opinión pública. Por un lado, están quienes exigen que se le imponga una condena ejemplar, argumentando que la edad no debería ser un factor atenuante en casos de agresión violenta. Por otro lado, algunos simpatizantes de Gonzaga sugieren que su juventud y posible estado emocional deberían ser considerados en su proceso judicial. Esta polarización es solo una muestra de cómo las redes sociales influyen en la percepción de la justicia y que los juicios mediáticos pueden redireccionar los hechos legales.
Desde el punto de vista legal, la Fiscalía de la Ciudad de México imputó a Gonzaga por el delito de lesiones dolosas. Un juez especializado en justicia para adolescentes determinó que la joven permanecerá bajo detención preventiva durante dos meses mientras avanzan las investigaciones. Al tratarse de una menor de edad, su caso se rige bajo un esquema judicial que prioriza la reintegración social en lugar de sanciones punitivas. En caso de ser declarada culpable, la pena máxima que podría recibir sería de cinco años de internamiento.
Este caso ha generado comparaciones con el del influencer Rodolfo “Fofo” Márquez, quien recientemente fue condenado a 17 años de prisión por intento de feminicidio. Algunos usuarios en redes sociales han señalado una aparente diferencia en la severidad de las penas entre hombres y mujeres en el sistema judicial mexicano.
La defensa legal de Gonzaga ha argumentado que la Fiscalía decidió imputarla por lesiones dolosas y no por tentativa de feminicidio debido a que las pruebas presentadas no sustentaban la intención de asesinar a la víctima. Se explicó que esta decisión se tomó tras una evaluación detallada del caso, lo que sugiere que el proceso judicial sigue su curso con base en criterios legales y no mediáticos.
Más allá de los aspectos jurídicos, el caso también pone en evidencia la enorme presión que enfrentan los jóvenes influencers en la actualidad. La exposición constante, la necesidad de mantener una imagen pública y la competencia feroz en el ámbito digital pueden generar situaciones de estrés extremo y conflictos emocionales que a veces escapan de control. Esto abre el debate sobre la importancia de la salud mental en los creadores de contenido y el papel de las plataformas digitales en su bienestar.
El caso de Marianne Gonzaga ha trascendido lo meramente judicial para convertirse en un reflejo de los desafíos de la justicia para adolescentes, la influencia de las redes sociales en la opinión pública y la salud mental de los jóvenes expuestos a la fama en redes sociales
