El reciente fallecimiento del influencer Yudiel Flores Estobar, conocido como el “Coyote Consentido”, al interior del penal de “El Amate” en Chiapas, lejos de ser un hecho aislado, ilumina crudamente las profundas y alarmantes fallas que aquejan al sistema penitenciario mexicano. Su muerte, ocurrida mientras cumplía condena por delitos de índole sexual contra menores, levanta una polvareda de interrogantes sobre la seguridad, la corrupción y la capacidad del Estado para garantizar la justicia y la rehabilitación, incluso tras las rejas.
La noticia de su deceso, inicialmente manejada con cautela, pronto se vio ensombrecida por revelaciones aún más perturbadoras. Las investigaciones apuntan no solo a un posible ajuste de cuentas entre internos, sino a la escalofriante posibilidad de que Flores Estobar continuara delinquiendo desde su celda. El hallazgo de un teléfono móvil y presuntas imágenes de contenido sexual con menores al interior de su espacio de reclusión exhiben una falla sistémica de proporciones mayúsculas. ¿Cómo es posible que un individuo con un historial delictivo tan grave, y bajo la custodia del Estado, pudiera seguir perpetrando abusos?
Esta interrogante nos conduce directamente al corazón de las deficiencias del sistema penitenciario. La falta de controles efectivos, la posible corrupción de funcionarios y la incapacidad para asegurar un ambiente libre de violencia y delincuencia dentro de los penales son factores que contribuyen a esta situación. Las cárceles, concebidas como centros de readaptación social, se convierten en muchos casos en escuelas del crimen, donde la impunidad y la ley del más fuerte imperan.
El caso del “Coyote Consentido” no es un incidente aislado. Las denuncias sobre autogobierno, tráfico de influencias, ingreso de objetos prohibidos y la persistencia de actividades ilícitas al interior de las prisiones son una constante en el panorama penitenciario mexicano. Esta realidad socava la confianza en las instituciones y cuestiona la efectividad de las penas impuestas por los tribunales. Si el Estado es incapaz de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley dentro de sus propios centros de reclusión, ¿qué mensaje se envía a la sociedad?
La muerte de este individuo, independientemente de los crímenes por los que fue condenado, debe ser un punto de inflexión para abordar con urgencia la crisis penitenciaria en Chiapas y en todo el país. Se requiere una revisión profunda de los protocolos de seguridad, la implementación de mecanismos de control más rigurosos, la capacitación y depuración de los cuerpos de custodia, y la inversión en infraestructura que permita una verdadera reinserción social.
No se trata de justificar o minimizar los delitos cometidos por el “Coyote Consentido”, sino de reconocer que su presunta actividad delictiva continua en prisión es un síntoma de un mal mayor. Un sistema penitenciario fallido no solo pone en riesgo la integridad de los internos y la seguridad de la sociedad, sino que también perpetúa un ciclo de violencia e impunidad que erosiona el estado de derecho. La sociedad chiapaneca y mexicana merecen cárceles que cumplan su función de manera efectiva, garantizando la justicia y contribuyendo a la construcción de un futuro más seguro. La muerte del “Coyote Consentido” debe resonar como un llamado urgente a la acción.
