El próximo jueves 30 de julio el Congreso del Estado de San Luis Potosí interrumpe su receso para un periodo extraordinario cuyo fin específico es “discutir” y votar una iniciativa para derogar los artículos 187 TER, 272 bis Y 272 TER vigentes en el Código Penal desde el 19 de noviembre de 2025 y conocidos mundialmente con el nombre de #LeySerrano.
En cuanto a su aberrante naturaleza hubo advertencias desde el Derecho, discusiones políticas y denuncias a nivel nacional e internacional debido a las detenciones, a una lista filtrada donde se advertían más imputados cuya característica común era ser ciudadanos y periodistas, en tanto que los ofendidos eran el propio Serrano y la Senadora Ruth González esposa del mandatario.
Se comprende por qué la igualdad jurídica debió ser vigilada por los operadores y tan sólo el hecho de integrar una carpeta en seis meses cuando el ciudadano común debe esperar años por justicia, no apunta las maneras, las encuera.
Ahora bien, pudo ser cualquier otro delito como las amenazas o la violencia política de género, mejor aún en caso de que si hubiese una afectación concreta cualquier abogado responsable habría optado por la vía civil y cualquier asesor habría advertido del costo ante la elección por venir: El político siempre tiende a exacerbar sus emociones, el consejero eficaz dice las verdades que no se quieren oír.
Cobardemente, sigue escondido quien escribió la ley, quien “arrastró” el lápiz cargándose a todo el gallardismo consigo, aunque de paso nos hizo un favor: Hemos visto al ciudadano indefenso ante normas abusivas, a periodistas obligados a comprometerse a la autocensura a modo de suspensión condicional y a sus jueces aceptarlo a sabiendas de violar derechos fundamentales.
Fuimos testigos de la reacción de los diputados ante la protesta del 23 de junio cuando convergieron causas de todo tipo desembocando en el pleno, vimos la placa de fierro contra la puerta de un edificio público, el anuncio desde presidencia de llamar a las fuerzas policiacas y las acusaciones falsas acerca de que la ciudadanía presente iba intoxicada. Nos enteramos de una comisión para periodistas donde estaba el diputado Serrano y la diputada Rocha con procesos cada uno en contra de ese gremio.
Además, a pesar de haber recibido antes por lo menos tres propuestas para su derogación, del peso de la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte, no se movió absolutamente nada porque el Congreso estaba esperando.
Esa labor de Penélope culminó el 16 de julio, en el denominado “Encuentro Estatal por la Innovación, los Derechos Humanos y la Inteligencia Artificial” realizado en Palacio de Gobierno, a puerta cerrada.
Forzosa era la asistencia de las instituciones del funcionariado que ha sido la cara (y la responsabilidad política y jurídica) del sexenio en turno; otros como los representantes de las asociaciones de abogados estaban, aunque en el momento de la crisis, de las detenciones, ninguno emitió posición de si el Derecho Penal de prima ratio, para el control y el temor de la población es válido o no a nivel constitucional.
Sin embargo, hubo más invitados, la gente de los propios medios de comunicación. Al respecto he escuchado y leído tres opiniones, la primera indica: “Como sea que haya sido el diputado cuyo apellido identificó las reformas para criminalizar el uso de IA contra autoridades, se presentó en el encuentro… No sólo hizo eso, se responsabilizó de las normas”., escribió Adriana Ochoa en La Cábala del domingo 19 de julio. (https://acortar.link/oDll1F)
Ella misma en la Mesa Cuadrada del 22 de julio de MG radio (https://acortar.link/INDIpG) acotó a que el reconocimiento de esa norma mal hecha existía desde el poder, sólo había desacuerdo en la forma de bajarla sin afectar al gobernador finalmente: “ya hay una parte del Código Penal que tiene estos manejos” afirmó.
En ese mismo programa Jorge Saldaña manifestó haber sido invitado y encontrarse a sus colegas, reconociendo habría quien se sintiera excluido, aunque eso no era discutible porque la Corte Interamericana ya había señalado que ninguna colegiación en el periodismo implica una limitación a la libertad de expresión. En torno a la Ley Serrano dijo, debió defenderse respecto de sus alcances y la afectación se dio cuando detuvieron a tres personas lo cual se aprovechó para el golpeteo político.
Jesús Aguilar, manifestó que toda la reacción a la Ley Serrano fue un despropósito pero que el diputado Héctor asumió un costo político de algo que no podía decidir solo y que el Gobernador está agradecido.
También apuntó a si todo esto no tenía relación con lo flaco que esta el nivel de los gallardistas porque: “Héctor Serrano viene de ser Secretario General de una de las ciudades más grandes del país, prácticamente gobernó una ciudad de ese tamaño ha tenido poder, tuvo poder en el PRD, ¿Hasta dónde no estaban acostumbrados a que alguien con cierto empaque pudiese tener una posición personal tan clave como lo que sucedió en ese momento a su alrededor?”
Desde el inicio de este asunto, el periodismo adquirió un papel protagónico y varios se autodefinieron como “representantes de los medios”, los “verdaderos”, quejándose de esa reunión cerrada, estando dentro de ella. Quisiera dejar en claro que son gente de trayectoria, se han codeado con políticos y gobernadores, difícilmente los veo interesados por sacarse la fotografía final y ser parte del encabezado en donde se afirmó que todos los presentes respaldaban al Poder Ejecutivo en su iniciativa.
Pero tampoco es cierto que Serrano mostrase una conducta de contrición sobre su actuar legislativo, se le dejó entrar a San Luis Potosí y se le dio un espacio político sin ser potosino donde se mueve a base de causar temor, en otros términos, el Gobernador se trajo una especie ajena a nuestro ecosistema como quien importa una serpiente y luego la echa en el monte, ¿Por qué no iba a dar la cara por él si es suya la creatura?
Entonces estos verdaderos periodistas ¿De qué tipo de peso están hablando? Y peor, ¿ello es una legitimación de validez sobre su abuso de poder?
Si se creó la Ley Serrano y no se verificó su alcance, aclaro ahora mismo: el Derecho Penal tiene como “alcance” meter a la gente a la cárcel. La reunión a la que acudieron fue aquello de “Ahogado el niño tapado el pozo” y el texto de la iniciativa una defensa dedicada a elogiar a quien uso a la ciudadanía de modelo murino para experimentar con su libertad.
Han subestimado tan gravemente lo que el Derecho Penal significa en la vida de una persona que quedarse con el tema de la IA es un distractor. Aunque el tipo penal aborda como excepción los fines periodísticos, académicos, artísticos, la parodia o la crítica política, es siempre y cuando el Ministerio Público falle en probar el dolo, es decir, primero te acuso y a menos que falle te vas.
Con esto quiero decir son periodistas, pero no abogados y absolutamente nadie les envidia por no acudir en VIP a una burla pública, ni constituían todos los profesionales para quienes se elaboró el delito, ni representaban a la población o a los que sí estuvieron detenidos.
Apunte: El viernes pasado activistas de diversas causas, entre ellas Catalina Torres fue agredida por el Secretario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. La presidenta Giovanna Arguelles les dio cita para firmar una Acción de Inconstitucionalidad y al cabo de cinco horas resultó no estaba en la ciudad. De la conducta grabada del funcionario desde varios puntos y distintas cámaras hay antecedentes de malos tratos al personal de esa Comisión desde 2013 y del 5 de julio de 2024 cuando estando de Consejera el señor me gritó dentro del edificio por negarme a “pre acordar” el puesto de la Primera Visitaduría para él. De ello obran dos escritos entregados a Marco Gama como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
