Por: Arturo Angel
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, ya tiene lista una nueva estrategia para intentar evadir un eventual juicio o sentencia por los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht, luego de que el gobierno no aceptó los 200 millones de pesos que pretendía entregar como reparación del daño para cerrar el caso.
Por principio de cuentas buscará a través de una demanda de amparo que un juez federal suspenda lo que se conoce como auto de apertura de juicio oral, que es la orden que el juez de control tiene que dar para que el caso pase a un tribunal de enjuiciamiento y se programe una fecha de juicio, una vez que concluya la presentación de las pruebas.
En este tipo de demandas de amparo es común que los jueces que las reciben otorguen casi en automático una suspensión provisional, para que no se tome decisión alguna en perjuicio de la persona que solicita la protección federal mientras recaban informes del caso.
De ser el caso, con la suspensión provisional Lozoya logrará, al menos, que no se pueda dictar el auto de apertura de juicio oral cuando finalice el debate en torno a las pruebas de la fiscalía y de la defensa. Dicho debate continuará hoy a las 2 de la tarde en una audiencia en el Reclusorio Norte.
Ya que reciba los informes del caso, el juez que lleve la demanda de amparo decidirá si se cumplen los elementos mínimos para proceder con la suspensión definitiva de la orden de ir a juicio, y que con ello las cosas se congelen hasta que se resuelva si concede o no de fondo dicho amparo. Es un escenario muy probable y con el cual la defensa de Lozoya conseguiría frenar por tiempo indefinido que su proceso penal avance.
Se trata de la misma estrategia que en su momento empleó la defensa de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, para frenar el juicio oral en su contra. En ese caso el argumento de su amparo fue que el delito que se le imponía en realidad no era un ilícito sino una falta administrativa. Un tribunal federal le dió la razón y Robles logró que se desechará todo el proceso penal sin llegar a la fase de juicio.
En el caso de Lozoya los cargos que se le imputan (lavado, asociación delictuosa y cohecho) sí son delitos, por lo que sus argumentos para tratar de ganar el amparo de fondo tendrán que ser distintos. De lo contrario lo único que ganará serán algunos meses de tiempo.
Y el plan B: eliminar pruebas
De forma paralela al trámite del amparo, la defensa de Lozoya encabezada por los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas intentará debilitar las pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) para sostener en el eventual juicio que fue él quien se benefició realmente de los sobornos de Odebrecht.
Cabe señalar que en su acusación formal los fiscales enumeraron un paquete de 59 evidencias documentales, periciales y testimoniales con las que concluyeron que el exdirector de Pemex recibió y escondió en complicidad con sus familiares los sobornos de Odebrecht. Por ello solicitaron que sea declarado culpable y se le condene a 46 años de cárcel.
El viernes pasado la defensa logró ya que el juez de control que lleva el caso desestimara tres pruebas relacionadas con transferencias bancarias a cuentas en empresas en paraísos fiscales, así como un intercambio de correos electrónicos. Todo ello debido a que la FGR no recabó esa evidencia con las formalidades judiciales que se requerían.
En la continuación de la audiencia de hoy los defensores continuarán con la misma ruta estratégica para tratar de que se desestimen otras pruebas.
¿Y los 200 millones?
Desde el año pasado Lozoya ha intentado que Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que fungen en este caso como las víctimas por parte del Estado, le acepten un pago de 200 millones de pesos que él pretende entregar como figura de reparación del daño. Esto para cumplir con uno de los requisitos que requiere el criterio de oportunidad que la defensa pretende obtener por parte de la FGR.
Sin embargo, hasta ahora el gobierno federal se ha rehusado a aceptar dicha compensación económica bajo el argumento de que no es suficientes para cubrir los daños causados.
En ese contexto el abogado Ontiveros confirmó a Notitia Criminis que continuarán insistiendo en que se les otorgue un número de cuenta bancario donde puedan realizar dicho depósito, dado que la cantidad que ofrece su cliente es la correcta de acuerdo con los peritajes realizados por la propia FGR.
Este tema es importante para la defensa dado que se trata de la misma vía por la cual intentan que se cierre el otro proceso abierto en contra de Lozoya por los presuntos sobornos que recibió de la empresa Altos Hornos de México en el caso Agronitrogenados. La audiencia de ese caso donde se definirá si se acepta dicho pago o se avanza hacia el juicio se realizará el próximo 27 de abril.
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