Por: Arturo Ángel
Los encerraron y los dejaron morir. Esa es la conclusión preliminar a la que han llegado los investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto de la responsabilidad del personal que estaba a cargo de la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que murieron al menos 38 personas tras un incendio ocurrido la noche del 28 de marzo.
Por lo menos seis empleados y funcionarios estaban laborando en dicha estación migratoria al momento en que ocurrió el siniestro. Los fiscales federales analizan ahora que delitos se imputarán a dichos trabajadores y si hay elementos para acusarlos, incluso, de homicidio eventual o culposo, o si por el momento solo se procede por abusos de autoridad.
Las irregularidades comenzaron desde antes del siniestro como ya ha documentado la fiscalía federal en colaboración con la fiscalía de Chihuahua. Esto debido a que en la estación migratoria se estima que había al menos 80 personas migrantes privadas de su libertad, que no habían cometido ningún delito. La cifra de personas retenidas sobrepasaba la capacidad de la estación que es de no más de 70.
Además, y como se confirmó en un vídeo que circuló públicamente desde ayer (y cuya filtración también se investiga), las personas que estaban a cargo de la estación al momento del siniestro no tomaron acciones para apoyar a los migrantes. En cambio, y ya cuando estaba el incendio en desarrollo se retiraron dejándolas encerradas y sin posibilidad de escape.
Los fiscales también analizan si no había personas ajenas a la estación migratoria que no estuvieran autorizadas para hacer funciones en dicho centro.
Respecto a las causas del siniestro los peritajes preliminares establecen que fue causado por las personas migrantes utilizando unos cables eléctricos y avivando el fuego con colchones. Esto como protesta por las acciones tomadas en su contra por el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía de Ciudad Juárez.
En ese contexto, y aunque el incendio fue provocado por uno o varios de los propios migrantes, ello ocurrió dentro de una instalación oficial donde preservar la integridad física de los extranjeros era responsabilidad de los servidores públicos del INM. De ahí que los fiscales consideren que hay responsabilidades penales que deslindarse.
Los probables responsables fueron presentados ayer por el Instituto Nacional de Migración ante el Ministerio Público de la Federación para que rindieran su declaración ministerial en torno a los hechos. Se prevé que sea a más tardar el jueves cuando los directamente implicados sean presentados ante un juez federal para que se les vincule a proceso penal.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó ayer que entre las 38 personas que fallecieron en el siniestro había hombres provenientes de seis países: Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela. Ya se hizo contacto con todos ellos para que se proceda con la repatriación de los cuerpos.
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