Por: Equipo Notitia Criminis
El ataque perpetrado en contra del cuartel de la policía de Celaya el 20 de noviembre de 2022, que dejó varios policías heridos y ocho civiles muertos, fue encabezado por excombatientes del Ejército de Colombia contratados como mercenarios por el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), como reveló ayer Notitia Criminis.
Pero no es un hecho aislado. “Profesionales de la guerra” provenientes de fuerzas armadas de otros país, paramilitares y guerrilleros han sido reclutados cada vez con mayor frecuencia en los últimos años por grupos del crimen organizado para hacer frente a sus rivales y a las fuerzas de seguridad, situación que ha agravado las condiciones de violencia en Guanajuato y particularmente en Celaya.
Así lo señaló en entrevista David Saucedo, consultor y experto en temas de delincuencia organizada que por años ha dado seguimiento al fenómeno de la inseguridad y violencia en dicho estado.
“El estado se volvió un macro laboratorio donde actúan ejércitos de mercenarios de distintas nacionalidades, que están apoyando tanto al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como al CSRL”, señala Saucedo.
El especialista ubica a 2018 como clave en este fenómeno. En dicho año grupos élites de las fuerzas de seguridad estatales (fiscalía y secretaria de seguridad pública) recibieron más de 280 horas de capacitación en operaciones tácticas urbanas por miembros del comando de operaciones especiales y antiterrorismo de la Policía Nacional de Colombia.
El experto advierte que los grupos del crimen organizado, que siempre han tenido infiltrados a las fuerzas estatales, vieron en ello una oportunidad para replicar la estrategia y comenzaron a “contratar” tanto a paramilitares provenientes de Guatemala conocidos como kaibiles, así como a mercenarios y desertores de los cuerpos de seguridad colombianos.
Los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una coincidencia entre el asesoramiento con estos especialistas y mercenarios y la explosión de la violencia. Mientras que en 2017 la entidad registró 1 mil 435 víctimas de homicidio dolosos y feminicidios para 2018 esto se duplicó cerrando en 3 mil 311.
La escalada de violencia continuó en los años subsecuentes, llegando a cerrar el 2020 con un total de 4 mil 510 personas asesinadas. En 2021 y 2022 la cifra se redujo pero se ha mantenido por encima de los tres mil asesinatos.
“En parte la violencia homicida de Guanajuato se debe a la contratación de profesionales de la guerra. Guanajuato es el estado del país con mayor número de homicidios dolosos y asesinato de policías debido a que los cárteles están contratando soldados de elite”, advirtió Saucedo.
Celaya: evidencia latente
La participación creciente de sicarios entrenados por extranjeros o de extranjeros al frente de células criminales dedicadas a la extorsión o el tráfico de drogas, entre otros delitos, ha quedado en evidencia en diversos incidentes e informes en los últimos años, particularmente en Celaya.
Por ejemplo, en enero de 2020 se detuvo a un grupo de presuntos distribuidores de droga y sicarios que justamente estaban liderados por dos personas de nacionalidad colombiana. En diciembre de 2022 comerciantes del municipio denunciaron la presencia de extorsionadores de nacionalidad colombiana que les exigían pagos hasta para participar en supuestos sorteos.
Dos meses antes, en octubre de 2022, exmilitares colombianos se desplazaron de Chiapas a Celaya para participar en ataques en contra de bases de la policía municipal, así como en otras actividades delictivas bajo el paraguas del CSRL.
Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados a través del hackeo realizado por el grupo Guacamaya, advierten justamente de la presencia en Celaya, Salamanca y otras ciudades de Guanajuato de sicarios con entrenamiento por parte de paramilitares guatemaltecos e incluso de kaibiles operando directamente en la zona aliados al CJNG.
Represalias y complicidad del fiscal
Frente a este empoderamiento de los grupos criminales hay otra agravante: la corrupción y las omisiones de las autoridades de todos los niveles.
Saucedo identifica la situación de Celaya como paradigmática en este sentido. Por años, advierte el especialista, su fuerza policial estuvo infiltrada por grupos criminales y en especial por el CSRL. En 2021, primer año de la administración del alcalde Javier Mendoza se emprendió una depuración al interior de dicha corporación municipal, pero hubo consecuencias graves.
“La policía de Celaya estaba infiltrada por el CSRL. El actual gobierno municipal emprendió una limpia de elementos con ligas al crimen organizado. Eso provocó una reacción violenta de los Marros (como también se le conoce a ese grupo). Atacaron a elementos de policía, elementos de tránsito y comandancias. El episodio más grave fue el asesinato del hijo de Javier Mendoza, el actual alcalde”, explicó Saucedo.
Uno de esos ataques fue precisamente el perpetrado en contra de una comandancia de la policía municipal de Celaya, y en donde el blanco fueron varios agentes municipales que provenían de fuerzas federales que habían sido reclutados en dicha corporación como parte de los esfuerzos de profesionalización.
Luego del atentado la Fiscalía del Estado decidió procesar a varios de los policías municipales acusándolos de un excesivo uso de la fuerza en el operativo posterior a que dejó seis muertos. La defensa de los agentes advierte que no hubo tal exceso, sino una respuesta acorde a la agresión que había recibido.
Saucedo advierte que el papel de la Fiscalía en la violencia en Guanajuato ha sido polémico y en varios momentos cómplice. De entrada, su titular, Carlos Zamarripa, acumula doce años en el cargo, pese a que los índices de violencia y de esclarecimiento de delitos se han deteriorado.
El especialista dice que cuando se recrudeció la batalla por el territorio entre grupos antagónicos las fuerzas de la fiscalía deliberadamente se replegaron, en una supuesta apuesta porque un bando resultara victorioso y volviera “la paz”. Lo que en realidad no ocurrió.
“La Fiscalía ha asumido distintos roles en la guerra de cárteles que lleva varios años en Guanajuato. Al principio de la guerra, con la invasión del CJNG al bajío, la Fiscalía se replegó. Dejaron que los grupos del narco se trenzaran en una guerra por el control de territorios. El Fiscal Carlos Zamarripa pensó erróneamente que habría un nuevo reparto de regiones y municipios y que al final del conflicto la Fiscalía volvería a ser el árbitro entre los distintos grupos del narco con presencia en Guanajuato”, señala Saucedo.
Ya en ese sexenio y con la presión del gobierno federal la fiscalía se unió en los esfuerzos para detener al líder del CSRL, José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, pero sin atacar a ningún grupo significativo del bando del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Luego vinieron las presiones de Estados Unidos lo que obligó a Zamarripa a implementar operativos en contra de ese grupo, pero solo contra objetivos más bien secundarios.
“Es decir, Zamarripa pasó de la complicidad, a la omisión, a patear de un solo lado, a tratar de ser imparcial y actualmente a simular que combate a los cárteles con fiereza”, señaló Saucedo.
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