Por: Arturo Angel
Un juez de Veracruz dejó en prisión preventiva al exfiscal de la entidad, Jorge Winckler Ortiz, con el argumento de que el Estado no puede colocarle un localizador electrónico pues no tiene recursos para costearlo.
No solo eso. El juez rechazó también imponerle un arresto domiciliario bajo la premisa de que podría salir de la casa y, entonces, no sería factible detenerlo. Una situación que, en el papel, no debería de ocurrir dado que le correspondería a la policía impedir que abandone el domicilio.
Todo lo anterior ocurrió ayer en una audiencia de revisión de medidas cautelares impuestas a Winckler, quien actualmente enfrenta un proceso penal por los delitos de secuestro y desaparición forzada en supuesto agravio de excolaboradores del exgobernador Javier Duarte.
La medida cautelar tuvo que ser revisada luego de que un juez federal canceló la prisión preventiva oficiosa que se le impuso desde el año pasado al fiscal.
Durante la diligencia de ayer la Fiscalía del estado expuso que, aun cuando el proceso penal no ha llegado a juicio y no se ha probado su culpabilidad, era necesario que Winckler siguiera en prisión pues podría intentar darse a la fuga. Prueba de ello, dijeron, es que tuvo que ser localizado y detenido con una orden de aprehensión.
Pero además sostuvieron que Winckler podría intentar hacerle daño a la presunta víctima. Para sostenerlo los fiscales entregaron, de última hora, un peritaje practicado apenas hace unas semanas – sin otros documentos de soporte – donde se establece que el denunciante tiene temor de que el exfiscal del estado le cause algún daño.
En respuesta la defensa del exfiscal de la entidad expuso que el Código Nacional de Procedimientos Penales incluía un amplio catálogo de medidas cautelares encaminadas justamente a garantizar la presencia de una persona que sigue siendo legalmente inocente en un proceso, y blindar además la integridad de las pruebas y de la víctima.
En ese contexto sostuvieron que no era necesario llegar al extremo de privar en su libertad en una cárcel al fiscal pues existían, como medidas alternas, la colocación de un brazalete electrónico que permita conocer todo el tiempo la ubicación de Winckler, y que podría sumarse incluso con una prisión domiciliaria.
Falta de dinero e incompetencia
En la audiencia el juez de control reconoció que las medidas ofrecidas por la defensa sí eran efectivas para mitigar el riesgo de sustracción y de afectación para la víctima, sin embargo, decidió que no podían aplicarse por razones de presupuesto, logísticas y hasta de competencia de las autoridades.
En el caso del brazalete el juez expuso que ni el poder ejecutivo ni el judicial del estado tenían presupuesto para adquirir y operar el localizador electrónico que contempla el código nacional procesal. Y, por lo tanto, no era posible colocárselo.
Mientras que en el caso del resguardo domiciliario el razonamiento fue que aun cuando esto tendría que ser operado por la Unidad de Medidas Cautelares que sí existe, el exfiscal podría salir de su casa en cualquier momento y no podría ser detenido porque no habría “flagrancia” de que se cometió un delito. Habría que esperar hasta la celebración de una audiencia para modificarle la medida, tiempo en el cual podría existir algún riesgo.
Lo que el juez ni nadie explicó es como podría darse que Winckler saliera del domicilio dado que justamente le tocaría a la policía del estado supervisar que esto no ocurra pues, para efectos, se trata de una privación de la libertad dentro de un domicilio.
Como consecuencia de lo anterior el juez local resolvió que lo factible era la imposición de una prisión preventiva justificada para Winckler mientras continúa en desarrollo el proceso iniciado en su contra.
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