El origen del transfeminicidio en México se puede rastrear desde la época colonial, cuando las personas transgénero eran perseguidas y castigadas por la Inquisición, que las consideraba herejes, sodomitas y brujas. Sin embargo, el término trans feminicidio se empieza a usar a partir del siglo XXI, como una forma de nombrar y reconocer la violencia específica que padecen las mujeres trans, que muchas veces queda invisibilizada o subsumida bajo el concepto de feminicidio o de crimen de odio.
En México se caracteriza por ser un fenómeno sistemático, estructural e impune, que afecta principalmente a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, que viven en situación de pobreza, que pertenecen a grupos étnicos o raciales minoritarios, o que son migrantes o refugiadas. Estas condiciones de vulnerabilidad las exponen a mayores riesgos de sufrir violencia, discriminación, exclusión y estigmatización por parte de diversos actores sociales, como la familia, la escuela, el trabajo, la salud, la justicia, los medios de comunicación y la sociedad en general.
Las causas son múltiples y complejas, pero se pueden resumir en tres factores principales: el patriarcado, el cisexismo y la transfobia. El patriarcado es un sistema de dominación que privilegia a los hombres sobre las mujeres, y que impone una visión binaria y jerárquica de los géneros. El cisexismo es la creencia de que la identidad de género de una persona debe coincidir con el sexo asignado al nacer, y que las personas cisgénero (que se identifican con su sexo asignado) son superiores a las personas transgénero (que no se identifican con su sexo asignado). La transfobia es el odio, el miedo, el rechazo o la aversión hacia las personas transgénero, que se manifiesta en actitudes, discursos y prácticas discriminatorias y violentas.
En el camino hacia la exposición del transfeminicidio como problemática de género apareció la activista Kenya Cuevas quien es una de las activistas trans más reconocidas y respetadas en México, que ha dedicado su vida a defender y proteger a las personas trans, especialmente a las trabajadoras sexuales. Su historia personal es un ejemplo de resiliencia, superación y valentía, ya que desde niña tuvo que enfrentarse a la violencia, la marginación, el abuso, el VIH y la cárcel. Sin embargo, nunca se rindió ni se conformó con su situación, sino que buscó la forma de ayudar a otras personas que vivían lo mismo que ella.
Su labor activista comenzó en 2016, cuando su amiga y compañera de trabajo, Paola Buenrostro, fue asesinada por un policía frente a sus ojos. Este hecho la marcó profundamente, y la impulsó a exigir justicia y a denunciar el transfeminicidio como un problema social y de derechos humanos. Gracias a su perseverancia y a su trabajo en conjunto con otras organizaciones, logró que el caso de Paola fuera el primer transfeminicidio reconocido por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México en 2019.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, en México se han cometido 327 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ desde 2014, de los cuales 160 corresponden a mujeres transgénero y 4 a hombres transgénero. Esto equivale a un caso cada 18 días en promedio en el país. Sin embargo, estas cifras pueden ser mucho mayores, ya que muchos casos no se denuncian o se registran como homicidios comunes, sin considerar la identidad de género de las víctimas.
A pesar de la gravedad de esta situación, el transfeminicidio no está tipificado en el Código Penal, lo que dificulta la investigación, el procesamiento y la sanción de los responsables. Unicamente, desde junio de 2019 existe la agravante por crimen de odio motivado por prejuicios y aversiones hacia una persona por su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, esta medida es insuficiente, ya que no reconoce la especificidad del transfeminicidio como una expresión de la violencia machista y patriarcal contra las mujeres trans.
Tipificar el transfeminicidio permitiría tener un enfoque de género, una aproximación diferenciada y una atención especializada a los casos, así como visibilizar la problemática y generar conciencia social sobre la misma. Además, implicaría el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen a los Estados actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra las personas LGBTIQ+.
El transfeminicidio es una realidad que no podemos ignorar ni tolerar. Es una violación a los derechos humanos más fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad y a la identidad. Es una muestra de la intolerancia, el odio y la violencia que persisten en nuestra sociedad. Es una deuda histórica que tenemos con las personas trans, que han sido históricamente marginadas, estigmatizadas y vulneradas.
Es urgente que el Estado mexicano reconozca y tipifique el transfeminicidio como un delito grave y específico, que garantice la protección, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familias, y que implemente políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las personas trans. Asimismo, es necesario que la sociedad civil se solidarice y se movilice para exigir el respeto y la inclusión de las personas trans, y para construir una cultura de paz, diversidad y equidad.
