La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial en el Poder Judicial Federal se encuentran a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con excepción de la Suprema Corte de Justicia Nación, sin embargo, desde este momento podemos señalar que en ninguna parte de nuestra carta magna, se asoma un leve o mínimo contenido o idea de qué debemos entender, en su núcleo duro, por cada una de estas funciones es decir, su contenido y alcances.
De ahí que, desde aquella lejana reforma de 1994, cada administración judicial que cuyo período es de 4 años, ha venido desarrollando estas funciones desde lo que, a su parecer, deberían ser las acciones necesarias para fortalecer al Poder Judicial de la Federación, por lo que, encontramos el problema de una falta de concatenación básica entre los proyectos de trabajo de cada una con la otra, en suma, no hay continuidad en el ejercicio básico de la administración de los recursos, más allá de la imperiosa necesidad que como producto de las demandas de la sociedad es el de crear nuevos órganos jurisdiccionales.
Por ello, estimo como una primera propuesta que una reforma al Consejo debe pasar por una dotación de contenido en sus funciones, principalmente, la de administración.
Los elementos básicos de cualquier sana administración pública residen en una metódica planeación de su presupuesto, en un escrupuloso ejercicio de sus recursos, y, en una objetiva evaluación de sus resultados. No por nada se dice que todo aquello que no es medible no es evaluable.
Bajo esta perspectiva una segunda propuesta, es la implementación desde un inicio de cada administración de un verdadero Plan Nacional de Administración Judicial, donde a partir de la participación activa de cada uno de los integrantes de cada circuito judicial, se vaya haciendo un verdadero diagnóstico individual de las condiciones concretas de los recursos materiales, financieros y humanos en que se desarrolla su función, incluso, considerando factores externos como son la realidad que enfrente cada Poder Judicial Local de su competencia territorial, con los cuales se tiene la principal sinergia de actuación, y bien sabemos, que cada Poder Judicial Estatal guarda diferentes grados de asimetría entre sí, y para con el Poder Judicial Federal.
Esta forma de planear el ejercicio del gasto judicial que propongo permitirá tener un válido marco de referencia para poder hacer una planeación nacional judicial de largo plazo. Además, facilitaría en mucho el planear, programar, presupuestar, ejercer y evaluar los presupuestos anuales de manera ordenada, regionalizada, transparente y con un alto grado de rendición de cuentas.
Para lograr lo anterior, se hace necesario una cirugía mayor en el actual modelo de gobierno y administración judicial previsto en nuestra Constitución, dando mayor fuerza a la imperiosa necesidad de regular con mayor amplitud de miras los recursos públicos asignados al Poder Judicial de la Federación pero también considerando el de los Estados.
Por ello, propongo como una tercera propuesta, una nueva institución, un Consejo Nacional de Administración Judicial, donde sean los actores que están inmersos en el ámbito de lo judicial quienes tomen las decisiones sobre las funciones del poder Judicial, sin intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para dar independencia y autonomía en las funciones judiciales.
El citado Consejo estaría integrado por:
- Dos representantes del Poder Judicial de la Federación.
- Un representante de los tribunales judiciales locales de entre sus presidentes
- Un representante de entre los titulares de las Facultades y Escuelas de derecho debidamente registradas.
- Un representante de entre los presidentes de los colegios, asociaciones y barras de abogados, debidamente registradas.
El citado Consejo será presidido por aquel que resulte electo por insaculación.
La duración en el cargo será de ocho años en único y mismo período.
Estimo que las designaciones correspondientes deben recaer vía un proceso de selección de diez propuestas eligiéndose una por insaculación. El procedimiento respectivo lo llevaría a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con esto se terminaría con una indebida intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial y se abandonaría la parálisis de nombramientos en que actualmente se encuentra sumido el Senado de la República por la excesiva politización de estos temas.
El desarrollo de esta propuesta implicaría de un ejercicio arduo y serio de armonización normativa.
La función adjetiva de administración judicial, a diferencia de la función sustantiva de impartición de justicia, requiere de una urgente reforma donde se impulse a todo el sistema judicial mexicano, de ahí que mi propuesta se encamine a un Consejo Nacional, dentro de lo cual podrían darse acciones específicas y concatenadas a largo plazo, para lograr verdaderamente un apoyo de capital humano, financiero, técnico y de impulso hacia las tecnologías de la información.
Otra quinta propuesta que es de vital importancia para una reforma es el hacer sesiones públicas del citado consejo de Administración, que den cuenta a la sociedad de la forma y términos en la que escrupulosamente se discuten, analizan y resuelven las cuestiones relativas al ejercicio de los recursos públicos.
Con este objetivo en la mira los informes anuales deberían ser ejercicios de transparencia y de rendición de cuentas del Consejo de Administración de cara a la sociedad.
En concordancia con lo anterior, con cargo a los recursos públicos que se encuentran asignados actualmente, propongo como una sexta propuesta la creación de un Fondo Nacional Compensatorio de Infraestructura Judicial, que con respeto a la independencia de los Poderes de la Unión y a la soberanía de los Estados, permita llevar a cabo acciones que compensen las asimetrías que existen entre la federación y los poderes judiciales locales en tres rubros esenciales, infraestructura tecnológica y de comunicaciones, infraestructura física, y, de mantenimiento y conservación.
El fondo propuesto deberá estar creado y apoyado presupuestalmente por el Poder Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales Locales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es momento de que los tres Poderes de la Unión y los Estados de la República, asuman un compromiso con el mejoramiento de las condiciones físicas y materiales en que se desarrolla la administración de justicia.
Este fondo permitiría establecer pisos mínimos en las condiciones de trabajo pero sobre todo en el manejo de la información y la minería de datos de cada entidad federativa, que daría un resultado equilibrado en la mejora de las condiciones de trabajo, donde se ayude primero a los menos favorecidos pero que permita establecer una plataforma de información para la verdadera planeación judicial de los recursos públicos, sin dejar de lado que abonaría a la transparencia y a la rendición de cuentas.
El compromiso del Poder Legislativo Federal y de los Congresos de las Entidades Federativas para la creación de este fondo podría ser destinando el 0.1% del total de la Ley de Ingresos de la Federación y de los Estados de la Republica.
Por último, como una séptima propuesta, con esta misma lógica podría establecerse un Fondo Nacional de Apoyo para la Capacitación Judicial.
Estas propuestas las dejo a su consideración.
