*Entre ellos hay un funcionario que ahora es directivo en la Secretaría de Gobernación y participa en los trabajos de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa.
Redacción
Seis fiscales y exfiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentran implicados en una trama de presunta corrupción, tráfico de influencias y pago de sobornos que habrían ocasionado que el caso de la llamada Estafa Maestra no se haya podido esclarecer hasta la fecha.
Cuatro de ellos pertenecen a la subprocuraduría que encabezó por casi cinco años Juan Ramos López, quien también estaría implicado en las presuntas irregularidades. Ramos, considerado mano derecha del actual fiscal Alejandro Gertz Manero, falleció en 2023 por un problema de salud.
Así lo revela la investigación periodística a cargo de la iniciativa de El Corruptómetro de la organización TOJIL, y publicada por el portal Eme-equis. El trabajo muestra un audio de una llamada telefónica en la que una de las fiscales del caso, Erica Canuto Fonseca, negocia con un abogado defensor diversos pagos para debilitar uno de los procesos.
En la llamada la fiscal presume que ya convenció a dos auditores de la Auditoría Superior de la Federación y a un funcionario del Centro Nacional de Información para la Prevención del Delito (CENAPI) para que realicen declaraciones que van a tumbar el caso sin llegar a juicio. A cambio le pide diversas cantidades de recursos para cada uno, incluidos ella.
También se mencionan pagos por presuntos criterios de oportunidad que el defensor sostiene que no se han cumplido, situación que la fiscal Canuto reconoce.
De acuerdo con la información difundida en los hechos de posible corrupción estaría implicado el equipo a cargo del caso de la Estafa Maestra, incluida Erica Canuto, que fue la responsable de tomar la declaración de más de 20 auditores; Teresa Maldonado Rodríguez quien tenía asignada la carpeta de investigación; Mario Bulmaro Fonseca Barrera que actuaba en apoyo de esta; y Mónica Martel Olguín, coordinadora de todo el equipo.
El abogado defensor explicó que las entregas del dinero reclamado por los fiscales se hicieron en efectivo, y que él personalmente entregó más de un millón de pesos a un motociclista enviado por Bulmaro por presuntas órdenes de Mónica Martel.
Todos estos fiscales laboran actualmente en la Unidad Especializada de investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), conocida ahora como FECOC, con excepción de Teresa Maldonado quien trabaja como defensora pública federal.
Y también en SEIDO
El reportaje titulado la estafa de la Estafa también refiere hechos de posible corrupción relacionados con este mismo caso, pero en otra área: la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), conocida antes como SEIDO.
En octubre de 2019 el fiscal de la FEMDO, Federico Amezcua Ornelas, bajo las órdenes del entonces titular de la unidad antilavado de dicha fiscalía, Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, presentó ante un juez federal una imputación por lavado de dinero y delincuencia organizada por el caso Estafa Maestra, pero excluyó a los principales operadores y beneficiarios del fraude: el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, y a sus dos hermanos.
Y pese a que Amezcua solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de la exsecretaria de estado, Rosario Robles Berlanga, no hizo ningún tipo de acción para que la misma fuera cumplimentada pese a que la exfuncionaria se encontraba localizable, pues estaba en prisión preventiva en un penal de la Ciudad de México por otra causa penal.
En diciembre de 2022 tanto Ancelmo como Amezcua salieron de la FGR en medio de diversos señalamientos e indagatorias internas por presuntas irregularidades en su función. Pero Amezcua labora ahora como Director para la Reconciliación y Justicia en la Secretaría de Gobernación y participa, entre otras cosas, en los trabajos de la Comisión de la Verdad para el cado Ayotzinapa.
De acuerdo con los reportajes publicados hasta la fecha ni la FGR ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han emitido posicionamiento alguno en torno a las irregularidades evidenciadas en la investigación del caso Estafa Maestra.
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