La violencia de género en México es un fenómeno que ha persistido a lo largo de la historia, manteniéndose como una de las más graves violaciones de los derechos humanos. A pesar de los avances legislativos y las reformas en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, el sistema de justicia penal sigue enfrentando serios retos en la protección de las víctimas de violencia de género. Uno de los problemas más alarmantes es la revictimización, un proceso mediante el cual las mujeres que buscan justicia terminan siendo sometidas a nuevas formas de abuso y sufrimiento por parte del sistema legal y de quienes deberían garantizar su protección.
El derecho penal es un instrumento crucial para combatir la violencia de género, y México ha implementado diversas reformas para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, es un hito en la lucha por los derechos de las mujeres, ya que establece un marco jurídico integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Sin embargo, la aplicación de estas leyes dista mucho de ser perfecta, y el sistema penal sigue fallando en proteger de manera efectiva a las mujeres que sufren violencia.
Uno de los principales problemas es la falta de perspectiva de género en los procesos judiciales. En muchos casos, las mujeres que denuncian violencia son sometidas a interrogatorios invasivos, cargados de prejuicios y estigmatización, donde se les cuestiona sobre su vida privada, sus decisiones y, en ocasiones, se les responsabiliza de la violencia sufrida. Este tipo de trato no solo minimiza la gravedad de los hechos, sino que también desalienta a las víctimas a seguir con sus denuncias, lo que perpetúa el ciclo de violencia y fomenta la impunidad.
La revictimización es una forma de violencia institucional que ocurre cuando, en lugar de recibir apoyo y protección, las víctimas enfrentan actitudes hostiles, negligencia o desinterés por parte de las autoridades. El proceso legal se convierte en una experiencia traumática, que reproduce el poder y control que el agresor ejercía sobre la víctima. Las víctimas no solo deben lidiar con el dolor físico y emocional que deja la violencia de género, sino también con un sistema que las trata como sospechosas, minimiza sus relatos y, en los peores casos, las deja desprotegidas frente a sus agresores.
Uno de los mayores desafíos es la actitud de las y los funcionarios judiciales y de las fuerzas del orden que, en muchos casos, muestran una falta de sensibilidad y capacitación en temas de género. Las víctimas se enfrentan a obstáculos como la falta de celeridad en los procesos, la inacción de las autoridades frente a las denuncias y la falta de medidas de protección adecuadas. Es común escuchar historias de mujeres que, tras presentar una denuncia, se ven obligadas a esperar semanas o meses para que se emitan órdenes de protección, mientras sus agresores permanecen libres y continúan acosándolas o agrediéndolas.
El sistema penal también tiende a reducir la violencia de género a casos aislados, desconociendo el contexto estructural de desigualdad y discriminación que la genera. En lugar de abordar la violencia como un problema sistémico que requiere una respuesta integral, se enfoca en los hechos concretos del caso individual, dejando fuera elementos clave como la historia de violencia previa, el impacto psicológico en la víctima y la necesidad de medidas de reparación y prevención más amplias. Esta fragmentación del fenómeno de la violencia de género impide que se tomen decisiones judiciales que realmente contribuyan a proteger a las mujeres y a erradicar las causas profundas de la violencia.
En términos de legislación, México ha avanzado con reformas como la tipificación del feminicidio y el reconocimiento de la violencia sexual, física y psicológica como delitos graves. La creación de fiscalías especializadas en violencia de género y los centros de justicia para mujeres también han sido pasos positivos en la dirección correcta. Sin embargo, la implementación de estas leyes sigue siendo deficiente, especialmente en contextos rurales y comunidades indígenas, donde las víctimas enfrentan barreras adicionales como el acceso limitado a los servicios de justicia, el desconocimiento de sus derechos y la discriminación múltiple por razones de género, etnia y clase social.
Además, a nivel estatal, las leyes y políticas de protección a las mujeres son desiguales, lo que genera una falta de uniformidad en la aplicación de la justicia. En algunos estados, la violencia de género no se investiga con la seriedad que requiere, y las fiscalías locales carecen de los recursos necesarios para garantizar una atención adecuada a las víctimas. Esto refuerza la percepción de impunidad y la idea de que el sistema penal no puede ofrecer soluciones efectivas para frenar la violencia de género.
Un aspecto necesario de observar para combatir la revictimización es la capacitación de jueces, fiscales, policías y otros actores del sistema de justicia. Es necesario que estos funcionarios comprendan la naturaleza particular de la violencia de género y cómo afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Esto implica desarrollar una sensibilidad hacia las experiencias de las víctimas, que incluya una perspectiva de derechos humanos y de género en todos los niveles del proceso judicial. La capacitación debe centrarse en eliminar estereotipos de género que puedan influir en la toma de decisiones, como la idea de que las mujeres “provocan” la violencia o que las denuncias de violencia doméstica son exageradas o falsas.
Otro punto clave es garantizar que las víctimas tengan acceso a medidas de protección efectivas desde el momento en que presentan su denuncia. Las órdenes de restricción, el refugio temporal, el acompañamiento psicológico y la asistencia legal gratuita son herramientas esenciales que el sistema penal debe ofrecer de manera oportuna y eficaz. Sin embargo, en la práctica, estas medidas a menudo son inaccesibles o insuficientes, lo que expone a las víctimas a un riesgo mayor de sufrir más violencia.
El derecho penal en México tiene un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género, pero el sistema actual sigue revictimizando a las mujeres en lugar de protegerlas. Para que la justicia penal sea realmente efectiva, es necesario un cambio profundo que incluya la capacitación de los actores judiciales, una implementación rigurosa de las leyes existentes y un enfoque que coloque a las víctimas en el centro del proceso.
