*Pese a que la única candidata mujer es además la mejor evaluada, desde el poder político se busca imponer a un fiscal señalado de hechos irregulares en su gestión.
Por: Notitia Criminis
El Congreso de la Ciudad de México tiene en sus manos la terna final de candidatos para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México durante los próximos 4 años. Se trata, por razones, obvias, de una posición clave en el combate a uno de los mayores flagelos que los ciudadanos padecen.
La terna final, votada por unanimidad por el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) de la Ciudad de México, la componen una mujer y dos hombres: Adriana Greaves Muñoz; José Gerardo Huerta Alcalá; y César Silva Mejía.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho desde el año pasado que atravesamos “un tiempo de mujeres”. Por esa razón, pero sobre todo por formación académica, experiencia profesional y activismo ciudadano, la ruta en favor de Greaves, cofundadora de la organización TOJIL, luce sólida.
Sin embargo, desde hace varios días en diversos espacios y columnas de opinión se ha referido que la carta fuerte del partido gobernante en la capital es José Gerardo Huerta Alcalá, quien ya labora en la Fiscalía General de Justicia como titular de la Fiscalía de Asuntos Internos.
Las versiones publicadas, que también han llegado al alcance de Notitia Criminis, apuntan a que Huerta Alcalá es el candidato del grupo de la exfiscal Ernestina Godoy y del exencargado de ese despacho, Ulises Lara. Se trataría, literalmente, de un “dedazo”. Dichas versiones han cobrado fuerza conforme Huerta Alcalá ha ido avanzando en las distintas fases del proceso.
El problema es más grave que el solo ser un candidato “impuesto” por el tráfico de influencias. Los artículos publicados han referido la existencia de denuncias anónimas y en redes sociales de presuntos hechos de corrupción, abuso de autoridad y hostigamiento en los que estaría implicado el propio Huerta Alcalá en el desempeño de su función.
La columna del periodista y conductor del noticiero Así las Cosas PM de W Radio, Enrique Hernández Alcazar, publicada en el portal de la Revista Fortuna, da cuenta de estas irregularidades a través de diversos testimonios. Algunos ejemplos de esos testimonios son:
“Su gestión como titular de la Unidad de Asuntos Internos tiene una denuncia -que no ha prosperado- por exigir el pago de 30 mil pesos a cambio de no suspender a funcionarios de la Fiscalía por mal desempeño de sus funciones. O sea, por hacer del combate a la corrupción un bonito negocio en el que exigía una cuota mínima de servidores públicos a suspender por cada área…”
“usa el fondo revolvente para su persona, lo que será evidente cuando vean la patrulla que tiene para su uso personal comparado con la camioneta Nissan Ichiban que debe usar el personal que recorre toda la Ciudad de México cada día…”
“Ni perdón ni olvido para el violentador de mujeres José Gerardo Huerta Alcalá, abusivo protector de acosadores sexuales, violadores, misóginos, machista. Siempre defendiendo y manipulando los expedientes a favor de sus “amigos” y su “equipo” mientras violentaba a las mujeres…”
Las fuentes con conocimiento del caso consultadas directamente por Notitia Criminis advierten que la designación de Huerta Alcalá representa una garantía de “protección” para la pasada administración de la Fiscalía General de justicia. Se trataría, por motivos meramente políticos, de una imposición a la nueva titular de la fiscalía General de Justicia, Bertha Alcalde, en cuya agenda está, como un primer paso, limpiar la corrupción de la propia casa, es decir, de la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Greaves: la ruta ciudadana
Aunque la votación de la terna fue unánime, la primera de las candidatas votada y que en el análisis interno fue la mejor ponderada por los consejeros fue Adriana Greaves, abogada por el ITAM y con una maestría en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado por la Benjamin N. Cardozo School of Law.
Mas allá de la credencial académica la abogada combina dos perfiles en uno, el del servicio público y el activismo. En el pasado, colaboró en la implementación del sistema penal acusatorio en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y, desde 2016, es cofundadora de la organización civil TOJIL, enfocada en el combate a la corrupción mediante litigios estratégicos.
Además de impulsar la investigación y denuncia de casos de alto impacto como el de la Estafa Maestra, los desvíos con Javier Duarte en Veracruz o el Clan Biomédica, Greaves impulsó desde TOJIL programas de colaboración con las fiscalías y secretarias de diversos estados para denunciar caso de corrupción a través de un chatbot denominado TEO.
A diferencia de los otros candidatos Greaves ha expresado públicamente su plan de trabajo y deseos de encabezar la Fiscalía Anticorrupción para impulsar una clara agenda transformadora en ella.
“Ser fiscal anticorrupción significaría la oportunidad de llevar a cabo ideas innovadoras, de demostrar que es posible investigar y sancionar la corrupción con independencia y rigor, y de construir una institución que realmente responda a los intereses de la ciudadanía. Más allá de cualquier narrativa política, la verdadera transformación se mide en hechos concretos. La justicia no puede seguir siendo un privilegio de unos cuantos ni una promesa incumplida para las mayorías”, dice Greaves en una carta publicada por Expansión.
