Por: Arturo Ángel
Menos del 1 por ciento de los casos de corrupción que se revelan y publican en los medios de comunicación en México llegan a un juicio. Aun cuando varios de ellos se convierten en grandes escándalos y constantemente se revelan nuevos hallazgos, la mayoría quedan, en el mejor de los escenarios, en procesos que se atoran en las fases iniciales o con investigaciones que no se judicializan.
La organización especializada en temas de combate a la corrupción TOJIL confirmó lo anterior a través de una herramienta denominada “El Corruptómetro”, con la cual hace un seguimiento semanal de los nuevos casos de corrupción que se publican en los principales medios nacionales y locales en México.
De acuerdo con el balance presentado por la organización, durante los primeros diez meses de funcionamiento de dicha herramienta se han detectado y clasificado 370 casos en los que se denuncia, reportan o anuncian hechos de corrupción en distintos niveles de gobierno.
Entre esos casos figuran irregularidades de todos los tamaños: desde pequeños sobornos exigidos por policías para no aplicar infracciones, hasta grandes megafraudes con miles de millones de pesos desviados como el caso Segalmex en este sexenio; o los ocurridos en administraciones pasadas como los casos Odebrecht, Estafa Maestra, Operación Safiro, las empresas fantasma en Veracruz, etc.
Y aunque muchos de estos casos provienen directamente de anuncios de las autoridades, el esclarecimiento total de cada uno es casi inexistente.
Según los datos de TOJIL, apenas 3 de los 370 casos presentados – que equivale apenas a un 0.8 por ciento del total – progresaron lo suficiente para resolverse en un juicio. Entre ellos está el caso de una exfiscal de la SEIDO sentenciada a 50 años por inventar órdenes de aprehensión para exigir dinero; o el de un funcionario de medio rango de la alcaldía Benito Juárez que se declaró culpable de corrupción inmobiliaria para recibir una pena reducida.
Pero el otro 99 por ciento de los casos no ha llegado a una sentencia ni tampoco a un juicio. ¿Por qué? Los datos de TOJIL muestran que, de entrada, en la tercera parte de ellos ni siquiera existe certeza de que se haya iniciado una investigación oficial, ya sea administrativa o penal, con la finalidad de esclarecer los posibles hechos irregulares.
En esa proporción de casos que no se investigan se encuentran varios revelados por iniciativa propia de los medios de comunicación, en los que se documentan desde posibles conflictos de interés hasta malversaciones en administraciones que continúan vigentes, ente ellas la federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El que los casos se indaguen oficialmente tampoco es garantía de resultados. De acuerdo con “El Corruptómetro” de TOJIL solo en 108 de los casos registrados – que es menos del 30 por ciento – se conoce de la existencia de procesos en marcha en tribunales judiciales en contra de uno o varios de los implicados.
Si bien esta medición se apoya en aquellos casos que llegaron a los medios y fueron clasificados y jerarquizados por TOJIL, la proporción coincide con datos de censos como los que practica INEGI, en los que se llegan a documentar índices de impunidad superiores al 90 por ciento.
Lo anterior resulta especialmente grave si se toma en cuenta que algunos de los casos han tenido una amplia cobertura mediática y corresponden a indagatorias que llevan años de haberse iniciado. Por ejemplo, los malos manejos detectados en el gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte que ascienden a más de 55 mil millones de pesos de acuerdo con cifras de la ASF comenzaron a ser denunciados desde 2015 sin que, hasta la fecha, se haya podido enjuiciar a nadie por ello.
Situación similar a la del caso Odebrecht en el que, desde 2017, se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes por los sobornos pagados a Pemex, pero hasta ahora tampoco se ha podido alcanzar ningún juicio. El principal acusado, Emilio Lozoya, se encuentra procesado penalmente desde hace tres años, pero la causa sigue atorada en la fase intermedia.
Morena lidera, pero todos implicados
El informe presentado por TOJIL también identifica los partidos políticos de los que emanan las administraciones o funcionarios implicados en los casos denunciados.
Morena es el partido político que figura, de forma significativa, en la mayoría de los registros. Por ejemplo, en 147 casos que equivalen a casi el 40 por ciento solo están implicados funcionarios o administraciones de dicho partido político. Y si se toma en cuenta aquellos casos en donde lo hacen en conjunto con otras fuerzas políticas, este porcentaje asciende a más del 50 por ciento.
Lo anterior, de acuerdo con TOJIL, sería una consecuencia lógica de dicha organización política concentra la mayor parte de los gobiernos estatales además del federal. No obstante, también significa que en dichas administraciones siguen ocurriendo hechos de corrupción y que dicho problema está lejos de haberse erradicado en el sexenio.
Los resultados de “El Corruptómetro” muestran, a su vez, que hay 85 casos en donde esta implicados funcionarios o gobiernos de dos o más partidos políticos. Un hecho que evidencia justamente que se trata de una problemática que se presenta con todos los colores de fuerzas políticas.
El PRI es la segunda fuerza política que concentra por si sola una mayor proporción de casos con 70 en total, que equivalen a casi un 19 por ciento. Le sigue el PAN que en solitario aparece el 6.5 por ciento de registros, y Movimiento Ciudadano con un 2.2 por ciento de los casos.
Millonarios fraudes… y defraudadores
Los distintos casos de corrupción que TOJIL ha monitoreado y clasificado en los últimos diez meses a través de El Corruptómetro concentran una multimillonaria malversación de recursos que supera los 291 mil millones de pesos.
La cifra, según explica el organismo, incluye desde arteros desvíos de recursos hasta montos de contratos asignados con trampas o irregularidades; bienes y servicios pagados con sobreprecios; recursos ejercidos de forma dudosa que no han sido aclarados ni devueltos; gastos no comprobados adecuadamente; montos de sobornos pagados a cambio de algún beneficio; entre otros.
A su vez se clasificaron los diez casos que representan los mayores fraudes en términos de recursos involucrados. Lidera la lista el tema de las malversaciones de fondos federales denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte que superan los 55 mil millones de pesos.
Después se ubica el caso de dos exmandos militares que en el sexenio pasado ocuparon posiciones de seguridad estratégica en Pemex, y cuya colusión y presuntas negligencias facilitaron el robo de combustible de ductos y, con ello, pérdidas que superan los 25 mil millones de pesos.
El tercer caso más grande en cuanto a monto tiene que ver las múltiples anomalías en torno a Segalmex, ocurridas en el actual sexenio, y que han dejado pérdidas que de acuerdo con informes de los auditores se ubican entre los 13 y los 15 mil millones de pesos.
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