Por: Arturo Ángel
Este mes se cumplieron seis años desde que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación por los sobornos que los directivos de la constructora brasileña Odebrecht confesaron haberle pagado en 2012 y 2013 a Emilio Lozoya para obtener contratos.
También se cumple un año desde que los fiscales dieron por concluida la larga indagatoria determinando que, en efecto, el exdirector de Pemex recibió millones de dólares que intentó ocultar usando a familiares y empresas fachada. Por ello le pidieron al juez que sea enjuiciado y condenado a una pena de 46 años de cárcel.
Pero nada de eso ha pasado. No hay juicio, ni sentencia ni reparación del daño. El proceso penal se encuentra paralizado.
Fiscales de la FGR que participan en la investigación y litigación de este caso en tribunales – y que pidieron reserva de su identidad ante el temor de alguna represalia – señalaron a Notitia Criminis que en el interior de su institución hay molestia por la forma en como se ha llevado este caso, no solo de parte de la defensa del exfuncionario federal, sino también del propio gobierno.
“Nosotros estamos listos desde hace mas de un año para ir a juicio. Los cargos están presentados. La investigación está cerrada. El acusado no ha conseguido cerrar el acuerdo que busca y nos parece que ha tenido tiempo suficiente para ello. Este caso lleva parado más tiempo de lo que consideramos era lo adecuado”, dijo el fiscal consultado.
De acuerdo con los investigadores de la FGR la decisión de no proceder en contra del exfuncionario no viene de los representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que participan en las audiencias (y que en este caso figuran como víctimas), sino de niveles más altos de gobierno y concretamente desde Palacio Nacional.
La situación quedó en evidencia en la audiencia del pasado 17 de enero donde se concedió otra prórroga más al exdirector de Pemex. En dicha sesión los abogados de Pemex y de la UIF confirmaron al juez que no hay ningún tipo de convenio o salida alterna a este caso, por lo que están listos para proceder al desahogo de las pruebas y la programación del juicio.
“Ha imperado un manejo político en este procedimiento. Jurídicamente no hay razón para que el caso no avance”, dijo a este medio otro de los integrantes de la fiscalía.
Para AMLO, es cosa de dinero
De acuerdo con la carpeta de investigación del caso abierta bajo el número FED/SEIDF/IGI-CDMX/0000117/2017, y por la cual se inició el proceso penal 261/2019, Emilio Lozoya recibió poco más de 6 millones 300 mil dólares en sobornos de la constructora brasileña a través de diversas transferencias en empresas constituidas en paraísos fiscales.
Utilizando a su hermana, a su madre y a su esposa como prestanombres el exfuncionario intentó ocultar las triangulaciones y, a su vez, invertir el dinero en propiedades. Por ello la FGR considera que Lozoya no solo es responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita sino también del de asociación delictuosa y peculado.
Para librar el juicio en su contra Lozoya intentó primero defenderse y hasta se fugó del país. Pero tras ser detenido en Europa y extraditado a México cambió a sus abogados y optó por negociar un recurso llamado “criterio de oportunidad”. En síntesis, volverse testigo colaborador para denunciar otros hechos. De ahí surgió la historia de los supuestos sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que dicho sea de paso no se ha corroborado con sentencias hasta la fecha.
Para que Lozoya reciba este beneficio no basta con esas denuncias, sino que tiene que reparar el daño causado.EN este caso, dicho monto tan solo por el tema de los sobornos supera los 6 millones de dólares, más los perjuicios originados por los desventajosos contratos que Pemex firmó con Odebrecht.
La situación se complica porque en contra del exfuncionario también pesa un segundo proceso similar: sobornos pagados por la empresa Altos Hornos para que Pemex comprara a sobreprecio su empresa de fertilizantes. Se trata del llamado “Caso Agronitrogenados”.
Desde el año pasado la familia de Lozoya a través de sus abogados planteó a Pemex un arreglo consistente en entregar 10 millones de dólares en efectivo y en especie, lo que incluye la concesión de una propiedad en Ciudad de México y otra en Ixtapa.
Pero hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado que esos montos no son los adecuados. Apenas a principios de este año el mandatario dijo que el veía bien que el exfuncionario pudiera salir de prisión si repara el daño, pero señaló que “ha ofrecido muy poquito”, y que debe seguirse negociando. Y ha citado como ejemplo en varias ocasiones a Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos, quien se comprometió a entregar 200 millones de dólares en cuatro pagos. Es 20 veces más de lo que Lozoya ha prometido entregar.
Uno de los abogados de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, ha referido en varias ocasiones que el monto de la reparación del daño no es una cuestión de especulación, sino que es lo que se establece en las carpetas de investigación. Pero está claro que, hasta ahora, dicho monto parece insuficiente en Palacio.
Y podría salir libre sin pagar
Mientras las semanas transcurren sin que los procesos penales iniciados en contra de Lozoya avancen, la prisión preventiva que se le impuso desde noviembre de 2021 se debilita.
Lo anterior no solo por el plazo máximo de dos años que está a unos meses de concluir, sino porque un tribunal federal consideró los jueces a cargo del caso no valoraron adecuadamente. Por ello le otorgaron un amparo al exfuncionario federal para que, nuevamente, se revisen los argumentos y se resuelve si se revoca o no dicha medida cautelar.
El problema viene de origen, cuando la FGR por órdenes del fiscal Alejandro Gertz Manero decidió no solicitar la prisión preventiva en contra de Lozoya luego de haberlo extraditado. Al contrario, se le dio un trato privilegiado, con traslados incluso vía aérea a un hospital, para mantenerlo alejado de las cámaras. Todo ello en retribución por las denuncias que implicaban a opositores del hoy presidente.
La situación dio un vuelco en octubre de 2021. Lozoya fue fotografiado por la periodista Lourdes Mendoza departiendo en un restaurante en Polanco. El incidente molestó al presidente y a partir de ahí la Fiscalía solicitó su encarcelamiento preventivo señalándolo de “poco pudor procesal”.
Sin embargo, en realidad el que fuera a un restaurante no significaba ninguna violación a la medida cautelar que se le había impuesto. Lozoya portaba su brazalete. Ese es el argumento con el que su defensa intenta que sea liberado.
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