Por: Arturo Ángel
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas pidió a México para que libere de forma inmediata a un joven detenido en 2019 el cual ha padecido, desde el momento de su aprehensión, un cúmulo de violaciones graves a sus derechos humanos.
La víctima, Jorge Alberto Burelo Gómez, cuyo padecimiento diagnosticado de esquizofrenia paranoide ha sido ignorado por las autoridades, fue blanco de fabricación de pruebas, maltratos, torturas, incomunicaciones y todo tipo de negligencias de funcionarios policiales, ministeriales y judiciales tanto de la Ciudad de México como del estado de México.
En el documento de la Opinión Técnica número 81/2022, los expertos de Naciones Unidas concluyen que la detención de Burelo fue arbitraria desde el inicio, situación que ha continuado agravándose por la abusiva prisión preventiva que se le impuso, la falta de acceso a un juicio imparcial y la discriminación por su condición de salud y discapacidad mental.
El caso se remonta al 17 de mayo de 2019 cuando Burelo fue detenido justo afuera de su trabajo en la alcaldía Gustavo A. Madero por un grupo de nueve sujetos que lo subieron por la fuerza a una camioneta, sin mostrarle ningún tipo de identificación ni oficio que justificada su captura.
Horas más tarde el joven (que en ese momento tenía 26 años de edad) fue liberado, pero inmediatamente fue detenido nuevamente por policías del estado de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio. Desde ese momento permanece preso en penales del estado de México, sin que su caso haya llegado a un juicio.
En los informes enviados al Comité Técnico las autoridades mexicanas reconocen que la primera detención de Burelo fue ilegal. Y es que aun cuando en los reportes policiales se justificó que se hizo porque supuestamente traía unas bolsas con posible droga, en un video de una cámara de seguridad se observa que nada de eso es cierto y el joven simplemente fue sometido de forma violenta.
“El gobierno informa que en esta primera detención se identificó que los policías fabricaron datos de prueba y por eso el joven fue liberado. El Gobierno insiste que los policías que fabricaron las pruebas están detenidos por delitos en el ámbito de la procuración de justicia, en la hipótesis de fabricación de pruebas para incriminar”, indica el reporte.
Sin embargo y como advierte el comité el joven fue detenido inmediatamente después con una orden de aprehensión que no existía al momento de su primera captura relacionada con un intento de homicidio. La orden vino precedida luego de varias horas en que Burelo fue sometido a malos tratos y tortura, como prueban diversos exámenes periciales. Todo ello ignorando, además, el padecimiento mental que presenta el joven.
“El Gobierno ha ignorado la situación de inhabilitación mental del Sr. Burelo, su inimputabilidad, su incapacidad de distinguir realidad de los hechos y la irresponsabilidad producto de su enfermedad. Fue retenido por varias horas en el recinto de una alcaldía, no fue llevado inmediatamente ante un juez, y los investigadores le hicieron firmar documentos y declaraciones que no estaba en posibilidad de comprender”, señalan los expertos en su informe.
Desaparición y tortura
El Comité Técnico corroboró que luego de su detención Burelo fue trasladado a un lugar pequeño donde estuvo incomunicado durante varias horas y fue blanco de los maltratos, situación que además de configurarse como una “desaparición forzada” es muestra clara de las violaciones a la prohibición absoluta de la tortura, lo cual es una norma imperativa del derecho internacional.
Cuatro dictámenes periciales en diversas ramas como psicología de la víctima coinciden en que Burelo Gómez fue víctima de malos tratos y/o tortura con traumatismos causados por golpes, abuso verbal, el uso de métodos húmedos y secos, choques eléctricos, amenazas contra la familia y limitación prolongada de movimientos.
Todo lo anterior se agrava, señalan los expertos, por la decisión de los jueces de ignorar estos precedentes – desde las condiciones propias de la salud de Burelo hasta las irregularidades en su detención y tortura – y haber autorizado un encarcelamiento preventivo que está por cumplir cuatro años.
“El Grupo de Trabajo nota con preocupación que en el caso del Sr. Burelo Gómez se ha quebrantado el debido proceso, pues las autoridades ignoraron las reglas fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial”, agregan los expertos.
Por si todo lo anterior fuera poco Naciones Unidas también confirma que el joven ha sido blanco de una actuación discriminatoria de las autoridades por su condición mental. No solo desde el momento en que fue detenido sin mayores explicaciones y procesado sin que eso se valorara, sino además tratando de sacar ventaja de esa situación para criminalizarlo.
Debe ser liberado y reparado: ONU
Ante el cúmulo de violaciones graves a los derechos humanos que ha padecido el joven desde el inicio, los expertos consideran que no hay otra alternativa viable que la de cesar la persecución penal en contra de Burelo. Además, debe reparársele todas las afectaciones causadas.
“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a José Alberto Burelo Gómez inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, indica el documento.
En ese contexto los abogados de la defensa confirmaron que una vez que se dé la notificación oficial a México de la resolución promoverán los recursos necesarios para que la misma se cumpla y se proceda con la liberación y reparación en favor de Burelo Gómez.
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