*Defensa justifica que acuerdo no se ha cerrado y no pueden dejar indefenso a su cliente; FGR y UIF ven contradictoria la posición del exdirector de Pemex
Por: Arturo Ángel
Mientras que públicamente los abogados de Emilio Lozoya han insistido en que quiere colaborar con el gobierno y pagar más de diez millones de dólares como reparación del daño que causó, en tribunales el exdirector de Pemex intentó otra cosa: anular el proceso penal abierto en su contra por el caso Odebrecht, con el argumento de que los delitos que le imputan ya estaban prescritos.
Es decir, que sin la necesidad de negociar ya acuerdos o criterios de oportunidad se cancelara el proceso y se le dejara en inmediata libertad.
Sin embargo, el juez federal que escuchó la solicitud, Gerardo Alarcón, se lo negó y le dijo que lo que corresponde es que se defienda con los argumentos que considere… pero en la fase de juicio.
Así se definió en una audiencia celebrada el miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, convocada por el juez a solicitud urgente de los abogados del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda.
La audiencia resultó sorpresiva dado que los defensores de Lozoya habían insistido en diversas entrevistas en que solo estaban a la espera de una fecha para firmar el acuerdo reparatorio con el gobierno en “el marco de un criterio de oportunidad” que, según los abogados, estaría plenamente justificado.
Pero en una estrategia paralela los defensores de Lozoya intentaron presentar de última hora evidencia para que el proceso, asentado en la causa penal 261/2019, fuera desestimado bajo el argumento de que los delitos que se le imputan (lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho) ya estarían prescritos.
En respuesta los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) que fungen como parte acusadora, así como los de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX) coincidieron en señalar que la petición era totalmente improcedente y pidieron al juez que la desestimara.
El juez Alarcón le dio la razón a los fiscales y al gobierno pues le indicó a los abogados que él ya había dado la instrucción de que el tema avance a la fase de juicio oral y que, en todo caso, será durante el mismo donde deberán esgrimir los argumentos que consideren procedentes para defender a su cliente.
La orden de que el caso avance a juicio se dio desde el pasado 14 de marzo, pero la defensa de Lozoya promovió un amparo para que las cosas se detuvieran y con ello ganar tiempo para cerrar un arreglo con las partes que le permita librar el juicio.
Cabe señalar que la Fiscalía acusa a Emilio Lozoya y a su madre, Gilda “N”, de haber recibido más de siete millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht, que luego fueron lavados en el sistema financiero a través de diversas cuentas y empresas. Por ello consideran que el exfuncionario debe ser declarado culpable y sentenciado a una pena de 46 años de cárcel.
Su actitud es contradictoria: FGR
Fiscales que participan en el proceso en contra de Lozoya – y pidieron reserva con su identidad al no estar autorizados para dar declaraciones públicas – consideraron contradictora la postura de Lozoya al haber buscado anular el proceso en lugar de mantenerse en la vía de un posible acuerdo con el gobierno.
“Sus abogados han insistido en que están dispuestos a pagar, pero por otro lado actuaron con este recurso que, como dijo el juez, no era procedente. Están en su derecho de buscar lo mejor para su representado quien entendemos ya está desesperado, sin embargo, ambas posturas no son compatibles. Nosotros, como se ha reiterado, estamos listos para avanzar a juicio”, dijo uno de los fiscales entrevistado.
Con anterioridad la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había emitido ya un comunicado en el que cuestionaba que el exfuncionario insistiera en alcanzar un acuerdo, pero al mismo tiempo, promoviera diversos recursos legales, entre ellos un amparo, con el que intentó que dicha unidad fuera excluida del caso.
Expertos penalistas consultados por Notitia Criminis confirmaron que ambas rutas son distintas. El criterio de oportunidad que Lozoya ha señalado que merece implica aportar información que sea eficaz para procesar a otros por delitos más graves y, a su vez, reparar el daño causado. Si la víctima y los fiscales están de acuerdos ello significa la firma de un acuerdo que suspenda el procedimiento, a la espera de que los juicios derivados de la colaboración fructifiquen.
Ruta que, según los especialistas, es totalmente distinta a la prescripción que los abogados de Lozoya intentaron conseguir y que, de haber sido declarada por el juez procedente, significaría la extinción penal definitiva para el exdirector de Pemex, pues básicamente no habría delitos vigentes que perseguir. Por tanto, tampoco sería procedente pagar alguna reparación.
Es legítimo, no podemos dejarlo indefenso: abogado
Miguel Ontiveros, defensor de Lozoya, descartó que el recurso que buscaron sea contradictorio pues si bien sostuvo que su posición es la de la colaboración con el gobierno, tampoco pueden dejar a su cliente en la indefensión a la luz de un acuerdo reparatorio que, hasta la fecha, no se ha firmado.
“No es contradictoria en lo más mínimo: hemos impugnado diversas resoluciones, promovido amparos y apelado diversas decisiones jurisdiccionales todo este tiempo. No puedo dejar a mi representado en estado de indefensión: en tanto se firma el acuerdo él debe ejercer su derecho a una defensa adecuada”, señaló Ontiveros a este medio.
El representante del exdirector de Pemex dijo que el paso inmediato debe ser la reunión en los que se redacten los puntos del acuerdo dado que, según su postura, todos los requisitos se han cumplido. En todo caso, dijo que lo único contradictorio es que la fiscalía decidiera encarcelar a un testigo colaborador como es Lozoya.
En diversas entrevistas los abogados de Lozoya han sostenido que, en cuanto al monto de la reparación del daño, lo procedente de acuerdo con los peritajes es el pago de 10.5 millones de dólares tanto por el caso Odebrecht, así como por un segundo proceso iniciado en contra del exfuncionario vinculado a la compra de la planta Agronitrogenados.
El problema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado, desde hace más de un año, que esa cantidad le parece mínima e insuficiente a la luz de los daños patrimoniales causados por los contratos que Pemex otorgó bajo la gestión de Emilio Lozoya.
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