*En su denuncia ante FGR, la actual administración de Pemex desglosó las millonarias pérdidas que dejó al erario el caso Agronitrogenados y advirtió que el daño se tendría que calcular tomando en cuenta todo ello.
Por: Arturo Angel
Petróleos Mexicanos (Pemex) desembolsó de su presupuesto 550 millones de dólares en el rescate, rehabilitación y pago de intereses de la planta Agronitrogenados, comprada en condiciones de chatarra a la compañía Altos Hornos de México (AHMSA) durante la gestión de Emilio Lozoya Austin.
Es un daño al Estado que, hasta la fecha, no ha sido reparado. Los 200 millones de dólares que Alonso Ancira (expresidente de AHMSA) se ha comprometido a pagar solo cubren lo que su empresa recibió por dicha planta, pero no los estratosféricos costos de rehabilitación y pagos ocultos detrás de esta transacción.
De acuerdo con los datos presentados por Pemex en su denuncia ante al FGR – de la que Notitia Criminis tiene copia íntegra – se ha tenido que desembolsar del erario 485 millones de dólares tan solo en poner en condiciones funcionales la planta, costo al que además hay que sumarle 65 millones de dólares más de intereses que la administración de Lozoya no presupuestó adecuadamente. En suma 550 millones de dólares.
La cifra es 55 veces superior a los 10.7 millones que Lozoya y sus abogados han dicho que les corresponde pagar por reparación del daño, y que abarca no solo el caso de la planta chatarra sino también el otro proceso abierto en su contra por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
La cantidad referida por los abogados del exdirector de Pemex corresponde al dinero que, según las investigaciones de la FGR, se le entregó en sobornos por parte de las referidas compañías privadas. En el caso de AHMSA la indagatoria ministerial concluye que gracias a ese pago Lozoya impulsó ante el Consejo de Administración de Pemex la compra del complejo de fertilizantes de Agronitrogenados.
Eso por si solo ya era ilegal. Sin embargo, y de acuerdo con el análisis que hizo la administración actual de Pemex y que presentó ante el Ministerio Público, el real perjuicio económico vino después de que se entregó la planta, pues resultó ser un pésimo negocio por condiciones desfavorables que ni Lozoya ni su equipo revelaron durante el proceso de adquisición.
Por ejemplo, en la sesión del Consejo de Administración de Pemex del 17 de diciembre de 2013, en la que Lozoya junto con su asesor Edgar Garrido presentaron el proyecto de la compra de Agronitrogenados, estos reconocieron que a la par de la adquisición se iba a invertir 200 millones de dólares en rehabilitar algunas deficiencias de la planta. Por lo menos dos consejeros expresaron dudas sobre la viabilidad y conveniencia de todo el proyecto, pero la compra se terminó aprobando.
Sin embargo, la planta estaba en mucho mucho más desfavorables de las que se informó. El análisis original estimaba que en el peor de los escenarios 60 por ciento de los equipos y maquinaria estaban obsoletos (lo cual de por sí ya era riesgoso) pero a la postre se comprobó que el 82 por ciento de toda la maquinaria necesitaba ser reemplazada, pues había instrumentos con más de 14 años sin funcionar. Cómo ya se había adquirido e invertido en la planta se tuvieron que aprobar en 2015 otros 285 millones de dólares extra los 200 originales para tratar de sacarla a flote.
Desde el punto de vista de la actual administración de Pemex se trató de un daño patrimonial para el Estado resultado de la actuación ilegal del exdirector de Pemex y su equipo.
“Se compró la planta en cuestión como si se tratara de un negocio en marcha; sin valorar las condiciones reales de los equipos; sin valorar correctamente el costo de rehabilitación de los activos. En principio se destinaron 200 millones de dólares americanos y después se destinaron 285 millones de dólares adicionales”, indica la denuncia.
Todo lo anterior sin considerar, además, que tampoco existían las materias primas suficientes para abastecer a una planta de las características de la de AHMSA y con ello producir los fertilizantes, situación que era plenamente conocida por la administración de Lozoya.
Por si lo anterior fuera poco, en el proceso de adquisición la dirección encabezada por Lozoya omitió informar que junto con el incremento del presupuesto necesario para rehabilitar la planta se generaba una deuda mayor a la planteada originalmente y, con ello, un costo extra de 65 millones de dólares por concepto de intereses, impactos cambiarios, entre otros.
El daño real causado
En la referida denuncia la apoderada legal de Pemex advierte que el daño causado para la compañía debería de comprender todos los conceptos de reparaciones, indemnizaciones y resarcimientos generados por la compra de dicha planta. Ello, señala el documento, de acuerdo con el artículo 30 del Código Penal Federal.
El referido artículo sostiene que, para calcular el daño causado, se necesitan tomar en cuenta “al menos” el costo de la operación involucrada en los hechos; las indemnizaciones por los daños materiales causados; el resarcimiento de los perjuicios; entre otros.
El artículo 93 de dicho código establece, además, que el perdón de parte de la víctima (en este caso Pemex pero también la UIF por tratarse de un delito de lavado) solo puede otorgarse “cuando se haya reparado la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados”
Consulta aquí la denuncia completa de Pemex por el caso Agronitrogenados:
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