*Al ser cuestionado sobre si fue presionado por el titular de la FGR, Lozoya dio una respuesta ambigua, pero los fiscales no siguieron indagando. En cambio, decidieron proceder vs el denunciante, Oscar Zamudio, quien también fue abogado de científicos del Conacyt.
Por: Arturo Ángel
Sin abrir ningún tipo de investigación formal, sin llevar a cabo peritajes especializados o practicar los protocolos para este tipo de casos, la Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, haya infringido presiones o coacciones equivalentes a formas de tortura en agravio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Aun cuando el propio Lozoya respondió de forma ambigua a la posibilidad de haber sufrido algún tipo de presión, los fiscales de dicha dependencia prefirieron no ahondar en más detalles y, en cambio, acusaron al abogado que denunció los hechos de haber mentido. Ahora incluso pretenden que un juez le inicie proceso por eso mismo.
Documentos oficiales a los que este periodista tuvo acceso revelan las acciones que los fiscales tomaron (y las que omitieron) en torno a estos hechos, así como lo señalado por el propio Lozoya y su padre en torno a los procedimientos.
El origen de este caso, que ahora tiene al abogado Oscar Zamudio al borde de un proceso penal, nace de las grabaciones que se filtraron en junio de 2022 y que corresponden a conversaciones telefónicas que sostuvo el fiscal Gertz Manero y su mano derecha en la dependencia, Juan Ramos, con el empresario Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
En dichas llamadas el fiscal – con tono de reclamo y palabras obscenas – regaña y presiona al padre de Lozoya para que se desista de amparos que habían promovido como parte de su estrategia de defensa y para que incluso cambie de abogados defensores. Todo ello como condición para que no cesaran negociaciones que ya estaban en marcha.
Otro audio filtrado de forma simultánea, correspondiente a una llamada entre el subprocurador Juan Ramos y el padre de Emilio Lozoya, evidencia las instrucciones que recibe el empresario sobre qué hacer y con qué documentos contar para que la madre de Lozoya, también acusada en el caso Odebrecht, pudiera evitar la cárcel.
En todo momento, tanto con Gertz como con Ramos, se percibe al empresa Lozoya Thalmann intimidado. Incluso se disculpa en diversos ocasiones por los amparos que promovieron sus abogados. Además, acepta la “sugerencia” de cambiar de defensores, como finalmente ocurrió.
Tras la filtración de esos audios el primer defensor de Lozoya, el abogado Javier Coello Trejo, confirmó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que el exdirector de Pemex fue “intimidado” y “amenazado” por Gertz Manero y que, en realidad, el padre de este tenía miedo de reunirse con el fiscal. Añade que eso se tradujo en una denuncia “inventada” firmada por Lozoya. En el oficio en el que lo remueve de su defensa, Emilio Lozoya admite que se encuentra en medio de presiones y ante una “evidente pérdida de garantías” en el sistema de impartición de justicia en México.
La denuncia: ¿por qué esto fue tortura?
El 22 de julio de 2022 Oscar Zamudio presentó ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR una denuncia en contra de Alejandro Gertz Manero, de Juan Ramos, y de otros que resulten responsables por las presiones a las que fue sometido Emilio Lozoya y su padre.
Aunque Zamudio no es abogado de Lozoya, en su escrito explica que la denuncia es procedente no solo por la obligación que tiene cada ciudadano de presentar una querella ante el conocimiento de un posible crimen, sino porque los maltratos a Lozoya se tradujeron en una denuncia que él firmó con señalamientos presuntamente fabricados, y que incluyen acusaciones en contra de su defendido, Carlos Treviño.
Y agrega que, según un criterio de la Primera Sala de la Corte, una persona tiene interés jurídico en presentar en calidad de ofendida una denuncia por tortura cuando a través de ella se obtuvo de un tercero información para imputarle un delito. Ello ya que el máximo tribunal reconoció que existen escenarios donde, a través de maltratos y tratos crueles, se obliga a una persona a incriminar a otros, situación que le resta validez a lo que se obtenga con ese mecanismo.
En ese contexto, Zamudio en calidad de defensor de Treviño denunció las presiones e intimidaciones perpetradas hacia Lozoya y su padre que según su análisis equivalen a forma de tortura, de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor en México en 2017.
El artículo 24 de dicha norma establece que un servidor público incurre en actos de tortura cuando para obtener una declaración o información de un delito lo hace a través de “conductas que busquen disminuir la capacidad física o psicológica” de una persona, aun cuando esto no le cause un dolor físico o sufrimiento.
En el caso en concreto, Zamudio valoró que las amenazas de una prisión preventiva en contra de Lozoya y sus familiares fueron utilizadas por Gertz Manero como moneda de cambio para obligarlo a despedir a sus abogados, desistirse de sus amparos y aceptar la extradición sin mayor oposición. Todo ello a cambio de que este ofreciera la denuncia con hechos presuntamente falsos.
“Sin lugar a dudas, la denuncia de hechos falsos firmada por el señor Emilio Lozoya fue obtenida por medio de tortura psicológica o mental perpetrada directamente por el titular de la FGR, que también lo obligó a allanarse materialmente del proceso de extradición y a cambiar de defensores por unos elegidos por la propia fiscalía que no se opusieron al plan fraguado por su titular”, señala Zamudio en la denuncia.
La respuesta en clave de Lozoya
El 23 de noviembre de 2022, ante su inacción total para indagar el caso y la gravedad de la denuncia, un juez federal le ordenó a la FGR entrevistar a Emilio Lozoya y su padre para cuestionarles si habían sido víctimas de algún tipo de presión de parte del fiscal Gertz Manero y de sus subordinados.
El 6 de diciembre de ese mismo año un fiscal entrevistó a Emilio Lozoya Thalmann al que le hizo solo dos preguntas: si había autorizado a Zamudio a presentar una denuncia en su nombre y si es cierto que había sufrido alguna presión para aceptar un criterio de oportunidad. La escueta respuesta a ambas preguntas es que era falso.
Dos días después, un fiscal se presentó en el Reclusorio Norte donde Lozoya Austin permanece preso y bajo vigilancia, para hacerle las mismas dos preguntas. En la transcripción al segundo cuestionamiento relacionado con la “presión para aceptar un criterio de oportunidad”, el exdirector de Pemex señaló: “lo que dicen dichas personas en esos términos, es falso”.
Pese al matiz que puso Lozoya al responder respecto a “esos términos”, el fiscal no hizo ningún otro cuestionamiento al exdirector de Pemex y se limitó a dar por cerrado el escueto interrogatorio.
En el escrito presentado ante los fiscales en la que ofrece diversas pruebas de cara a la audiencia donde se le pretenden fincar cargos, Zamudio advierte que estos interrogatorios fueron una simulación pues se llevaron a cabo sin aplicar ningún tipo de técnica o protocolo especial que ameritan los casos de malos tratos y tortura.
Además, sostiene que las preguntas no fueron correctas pues al padre de Lozoya se le cuestionó sobre si recibió presiones para aceptar un criterio de oportunidad cuando, en realidad, eso no es posible pues él no es el investigado sino su hijo. Ello sin tomar en cuenta que para el momento en que se les preguntó esto, tanto el empresario como su hijo encarcelado seguían en una situación de clara desventaja esperando por beneficios que, a la larga, no les cumplieron.
“Basta con escuchar la llamada que sostuvo con el fiscal General de la República para entender el motivo de su respuesta y tenerla por absolutamente desvirtuada. Habrá que recordar cómo se disculpaba por haber ejercido su derecho a promover una demanda de amparo”, advierte Zamudio.
Pero la situación más grave, señala Zamudio en el escrito, es justamente la inacción de los fiscales al no haber advierto (deliberadamente) que la respuesta que dio el exdirector de Pemex daba pauta para continuar el interrogatorio.
“Si hubiera sido entrevistado objetivamente, por una autoridad que cumpliera de manera objetiva, libre y responsable con sus funciones de investigación, la pregunta que era indispensable formular al señor Emilio Lozoya Austin era justamente a qué se refería con esos términos; en qué términos son verdad los hechos que señalé en mi denuncia, o de qué manera sí fue presionado por servidores públicos de la Fiscalía”, cuestiona el litigante en el escrito.
La nula investigación ministerial
La conclusión a la que la FGR llegó respecto a que Lozoya no sufrió malos tratos propiciados por Gertz y a que Zamudio mintió, la tomó sin llevar a cabo ningún tipo de investigación formal, técnica y pericial como muestran los documentos oficiales a los que se tuvo acceso. De hecho, en ningún momento inició una carpeta de investigación por la denuncia del abogado, y solo se abstuvo de indagar.
En cambio, apenas unos días después de que la agente del Ministerio Público firmó el documento de abstención en el tema de tortura, el fiscal que ha sido la contraparte de Zamudio en el caso Treviño abrió la carpeta FED/FECOC/CGI-CDMX/0003814/2022 por la denuncia del litigante en contra del titular de la FGR.
En dicha carpeta, que este periodista pudo revisar, se advierte que la FGR tampoco realizó algún tipo de peritaje o indagatoria de campo para determinar que Zamudio mintió. Simplemente se abocó a reunir algunos documentos: el de la denuncia vs Gertz, el de la transcripción de las escuetas respuestas de Lozoya y su padre ya descritas, y el de la denuncia de Lozoya contra Treviño.
Con esos elementos la FGR decidió solicitar la audiencia en contra de Zamudio, justo cinco días después de que éste obtuvo otra victoria judicial en la que un juez obligó a la FGR a iniciar un indagatoria contra Emilio Lozoya por denuncias hechos falsos.
Todo ello en un contexto en que, ahora, es el propio Lozoya quien ha comenzado a acusar incluso ante un juez que está siendo “extorsionado” por no cumplírsele el acuerdo que previamente se había pactado. Su actual abogado defensor ha usado, en entrevistas recientes, incluso términos como traición.
De acuerdo con expertos penalistas y en derechos humanos consultados por este reportero, que piden reserva con su identidad dado que no están autorizados para emitir declaraciones públicas, la sola respuesta de Lozoya respecto a que no sufrió presiones (en la escueta entrevista hecha en diciembre de 2022) no es un elemento válido para descartar este hecho, sobre todo a la luz de contexto en que se han presentado los hechos.
Lo señalamientos de presiones y extorsiones de las que se ha venido quejando en meses más recientes, sumados a los que expresó en la carta en la que despidió a su abogado, y lo que se conoció de grabaciones, serían “síntomas” de lo que sí ha ocurrido, aunque el propio exfuncionario no lo reconozca.
“Es como una persona que presenta diversos malestares físicos, pero él no es médico ni el experto para diagnosticar la enfermedad que padece. Incluso podría no creer que, por ejemplo, tiene un cáncer solo por un dolor moderado en una parte del cuerpo o incluso aunque no le duela nada. Pero eso no significa que no lo tenga. Por eso se hacen los estudios y las investigaciones médicas o de cualquier ámbito”, indica el experto.
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