*La FGR pretendía que se le impusieran medidas restrictivas a Oscar Zamudio pero el juez lo negó. El litigante considera que su caso es un mensaje de intimidación a los abogados en México.
Por: Arturo Angel
Tras una audiencia que se extendió por casi diez horas un juez federal determinó abrir un proceso penal en contra del abogado Oscar Zamudio, luego de que este denunció al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, por irregularidades, presiones y posible tortura en el caso Emilio Lozoya.
El juez José Rivas González considero válida la hipótesis presentada por los fiscales de que Zamudio, presuntamente, habría “simulado” los maltratos a Lozoya con el fin de obtener una ventaja para su defendido, el también exdirector de Pemex, Carlos Treviño.
Lo que el juez no concedió fue la solicitud de la fiscalía de que le fueran impuestas a Zamudio medidas cautelares que restringieran sus movimientos o libertad, bajo el argumento de un posible riesgo de fuga. Y es que fue el propio Zamudio quien voluntariamente se presentó a la audiencia y había solicitado previamente que no se pospusiera.
El juez tampoco autorizó la pretensión de la FGR de que le fueran suspendidos sus derechos como abogado a Zamudio. Una situación que, además de afectar al propio litigante, habría dejado también sin defensor a Carlos Treviño.
Cabe señalar que durante la audiencia el juez impidió que se reprodujeran los audios que públicamente se conocieron desde el año pasado en donde Gertz Manero presiona y hasta regaña al padre de Emilio Lozoya, y le pide que cambie de abogados y se desista de amparos que había promovido para defenderse. El argumento es que dicha prueba no se había obtenido de forma lícita pues corresponde a una conversación telefónica filtrada en redes y medios.
Para esta audiencia la FGR envió al fiscal, Manuel Granados, quien pertenece a una unidad especial que se encarga de litigar los casos de mayor impacto, lo que evidencia la importancia que tenía para la institución que el defensor Zamudio fuera vinculado a proceso. En su intervención, además de presentar sus argumentos, el fiscal insistió en dejar claro que Gertz Manero no incurre en prácticas de tortura como mecanismo para obtener información.
Zamudio, por su parte, cerró su intervención en la audiencia exhortando a los abogados que conozcan de un delito a que denuncien los hechos, que no tengan miedo, y que no se dejen intimidar aun cuando los responsables sean del más alto nivel jerárquico.
El juez Rivas González autorizó un mes más para que concluyan las investigaciones y la FGR determine si presenta una acusación formal contra Zamudio que lleve el caso a un juicio.
Es un intento de callar a los abogados: Zamudio
Tras salir de la audiencia el defensor Oscar Zamudio comentó a este periodista que la ofensiva penal de la que ha sido blanco y la vinculación a proceso, es una represalia por haberse atrevido a denunciar al titular de la FGR de las irregularidades que se han venido presentando en los últimos tres años en el caso de Emilio Lozoya.
Acusó que los que la Fiscalía intenta es silenciar a los defensores y limitar el ejercicio de defensa que tienen. No obstante, consideró que el tiempo demostrará que a ellos los asiste la razón.
“Esta vinculación y este intento de que no se sepa lo que pasa en los asuntos judiciales, los define a ellos no a mí. Amo mi profesión y amo lo que hago, y seguiré haciéndolo ahora con mayor energía que antes. El tiempo nos pondrá a todos en el lugar que nos corresponde y de eso no tengo duda”, dijo el litigante.
En tanto, en entrevista con los medios al exterior del reclusorio el litigante agregó que considera que su caso “es un mensaje delicadísimo para los abogados” en México.
Cabe señalar que en la audiencia estuvieron presentes representantes del Observatorio Internacional de la Abogacía que previamente había externado su preocupación por el mensaje que manda este caso. En específico acudió el abogado Arturo Pueblita, integrante de dicho observatorio y además presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en México.
También estuvieron representantes de la organización no gubernamental especializada en combate a la corrupción TOJIL, que ha dado seguimiento al caso Lozoya en múltiples frentes.
En contraste, la Barra Mexicana de Abogados que dirige el abogado Víctor Olea no estuvo presente ni envió a ningún representante.
Ayer se dio a conocer que el consejo de INTERPOL determinó cancelar la ficha roja girada en contra de Carlos Treviño tras considerar que existen dudas respecto a la posibilidad de que el exdirector de Pemex tenga un juicio justo en México y advertir una posible persecución judicial en contra de su defensa.
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