*En una fatídica audiencia de dos horas, a los fiscales y abogados de Pemex y UIF se les fue de las manos un proceso que ellos mismos alargaron por años.
Por: Arturo Angel
Llegaron reclamando 20 millones de dólares… y se fueron con las manos vacías. En menos de 120 minutos Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR) perdieron un caso que habían construido – y alargado – por más de dos años en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Era un caso que se basaba en una premisa: que en 2012 Lozoya recibió de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, 3.4 millones de dólares a manera de “incentivo” para que, un año después y desde la Dirección General de Pemex, Lozoya convenciera a la empresa de comprarle con sobreprecios a Ancira la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Dicha premisa había sido convertida ya, desde principios del 2021, en una acusación formal por parte de la Fiscalía. En ella pidió que Lozoya fuera llevado a juicio, que se le encontrara culpable del delito de lavado de dinero, y se le sentenciara a una pena de 16 años de cárcel y el pago de una reparación de daño de 3.4 millones. Justo la cantidad que se le había entregado.
Pero el momento de presentar las pruebas no llegó. Por el contrario, el gobierno representado por Pemex y la UIF quiso alargar el proceso para tratar de “negociar” con Lozoya el cierre del caso a través de un pago. De una negociación que la defensa del exdirector de Pemex calificó, más bien, de una “extorsión”, y cuyo desenlace ocurrió ayer en una audiencia marcada por tres momentos clave.
1er acto: Mercado y “rebelión”
La audiencia arrancó con un cuestionamiento del juez federal Gerardo Alarcón: ¿se logró un acuerdo o no? La palabra la tomó entonces el fiscal de la FGR, Antonio Domínguez, para decir que el 29 de agosto y por intermediación de ellos se consiguió sentar a todas las partes y dialogar sobre el posible arreglo.
En dicha reunión la abogada de Pemex hizo una nueva oferta: que Lozoya, en vez de pagar los 30 millones de dólares que se le habían pedido semanas antes, entregara solo 20 millones con la advertencia que era la última oferta.
Para sorpresa del gobierno e incluso del juez, Lozoya pidió la palabra y sentenció: no habría negociación ya. Acusó que ni los 30 millones, ni los 20 que ahora le pedían tenían justificación, y que lo único procedente era el pago de los 3.4 millones que estaban en la acusación. El no ofrecería más pues ninguna otra cosa tenía sustento legal.
“Mire juez, yo le agradezco su actitud y velar por mis derechos. Si tuvimos una comunicación con el gobierno, pero más bien le llamaría una extorsión. Le suben, le bajan, piden lo que se les ocurre. Han convertido lo que debería ser un proceso penal serio en un mercado tropical”, dijo visiblemente molesto.
Luego, uno de los abogados del exfuncionario, Eduardo Fuentes Celestrín, acusó que los fiscales se les acercaron el martes para “invitarlos” a considerar el pago de los 20 millones, y recordarles que existían en contra de la hermana, esposa y madre del exdirector de Pemex ordenes de aprehensión y procesos vigentes. “Fue un absoluta intimidación”, acusó el defensor.
Ya con las lanzas rotas Lozoya se rebeló. Le pidió al juez que diera por terminado el momento de la negociación y fue más allá: dijo que nada de lo que se ha dicho en contra suya era cierto y que la acusación no tenía fundamentos.
“Al no haber acuerdos y no haber seriedad lo que yo quiero hacer es demostrar mi inocencia ante el tribunal y demostrar que no que hay en mi contra son acusaciones construidas” dijo visiblemente molesto el exdirector de Pemex.
2do acto: la sorpresiva suspensión
Fracasada la negociación el caso entró, finalmente, en la fase intermedia. Los fiscales presentaron la acusación por demás conocida y la petición de juicio para Lozoya, condena de 16 años de prisión y el pago de una reparación del daño de los 3.4 millones de dólares equivalentes al monto que recibió en 2012.
La referencia a esa cantidad generó una reacción inmediata del exdirector de Pemex quien se inclinó sobre su derecha para comentar algo con dos de sus abogados, al tiempo en que levantó las manos como simulando no saber que estaba pasando. Y es que la cantidad que la FGR exigía… era justamente la que Lozoya y sus representantes se cansaron de repetir que era la que correspondía.
Luego fue el turno del equipo de la defensa de fijar su posicionamiento. En una exposición de aproximadamente 15 minutos el defensor Alejandro Rojas Pruneda trazó su estrategia: demostrar que el pago de Ancira no había sido un soborno sino honorarios por servicios; que la compra de Agronitrogenados no tuvo un costo inflado y que la rehabilitación de la planta era un concepto separado; y que el proceso en contra del exfuncionario estaba viciado de origen.
En ese último aspecto Rojas fue enfático: dijo que el gobierno había tratado a Lozoya como si lo que hubiera cometido fuera un crimen de Estado. Acusó que los hechos referidos por los fiscales eran temerarios y falaces. Y sin pronunciar sus nombres dijo que el presidente y el titular de la FGR habían violado sistemáticamente la presunción de inocencia de su representado., y que habían manejado el proceso con claros intereses “político y electorales”
Los señalamientos calaron en el ánimo de uno de los fiscales, Antonio Domínguez, quien interrumpió al abogado defensor para reclamar que existía una “falta de respeto a las instituciones”. El juez detuvo al fiscal y le dijo que tal falta de respeto no existía, que la defensa estaba en su derecho de plantear su caso, y le pidió que “no interrumpiera”. Lo peor, sin embargo, estaba por venir a continuación.
Antes de avanzar a la presentación de los datos de prueba Rojas le pidió la palabra al juez para plantear un requerimiento: que el proceso se suspendiera de inmediato. ¿La razón? Que desde abril de 2021 otro coacusado en este mismo caso, Alonso Ancira, se había comprometido a pagar 214 millones de dólares. Hecho que, según un novedoso criterio de un tribunal colegiado publicado apenas el viernes pasado, contaba como si el propio Lozoya lo hubiera hecho.
“Es como si una persona a la que le roban un reloj. La reparación del daño pues es la devolución de es reloj. Si el robo lo cometieron varios no se espera que cada uno regreso un reloj y haya cuatro relojes. Basta que uno lo regrese para que el daño quede reparado. Es un ejemplo muy simple, pero esa es la idea”, dijo Pruneda quien, además, recordó que el entonces juez que estaba a cargo del caso, Artemio Zúñiga, determinó suspender el proceso de forma genérica, sin hacerlo solo en beneficio del dueño de Altos Hornos de México.
La petición no pareció impactar demasiado ni en los fiscales ni los abogados de Pemex y UIF los cuales, cuando tuvieron la palabra para refutar ese argumento, solo señalaron que ese era un criterio que no era obligatorio y que les parecía por demás improcedente. Cuando el juez cuestionó a los fiscales si, en efecto, Ancira había sido perdonador por “EL MISMO CASO” (énfasis añadido por el juez) el fiscal Domínguez contestó con desgano que así era.
El juez pidió a uno de sus auxiliares de sala que le trajera la tesis judicial citada por la defensa y la revisó. Y conforme avanzó en ella comenzó a deslizar la resolución: más allá de las particularidades de cada caso el beneficio de la suspensión del proceso debía extenderse. Es “inaceptable”, dijo el juez, pretender que distintas personas hagan distintas reparaciones por el mismo suceso y, si Ancira se ha comprometido a un periodo de 3 años cubrir los 214 millones de dólares, los efectos tienen que ser los mismos para todos. Sería una reparación solidaria, dijo el juez, como sucede en la justicia civil.
“Por este motivo, siendo las 14 horas con 22 minutos decreto la inmediata suspensión del proceso en contra del acusado”, sentenció el juez Alarcón.
3er acto: Súplica y shock
Lozoya esbozaba una sonrisa. Las manos sobre la cara que había mantenido durante toda la audiencia y el gesto de desgano se habían transformado. Le bastaron a él y a sus abogados dos argumentos ofensivos tras descartar la negociación para ganar la pelea, o al menos el primer round real de esta.
En cambio, en el escritorio de la izquierda, los ocho fiscales y abogados del gobierno estaban atónitos. O tal vez “en shock” sea un término más coloquial pero preciso. En dos horas se les había escurrido de las manos todo el proceso, y sin un dólar de los que esperaban recibir a cambio. En la sala de prensa, los diez periodistas presentes se habían puesto de pie intentando reorganizar las ideas para anunciar una nota que nadie esperaba.
Con la voz temblorosa una de las fiscales pidió la palabra para pedirle al juez… que se retractara. Esgrimiendo ahora argumentos que no expuso cuando tuvieron el momento previo de hacerlo, insistieron en que el acuerdo de Ancira era una cosa y la de Lozoya otra. Que era la misma causa, pero hechos distintos. “Llevamos años en este proceso, incluso después de es acuerdo. Si el otro juez (Artemio Zúñiga) que validó el acuerdo reparatorio hubiera considerado que la suspensión era extensiva para Lozoya lo hubiera resuelto. Pero no fue así”.
Dayrén Zambrano – la abogada de Pemex – pidió al juez con una voz casi quebrantada, que nos los dejara “en estado de indefensión”. Que los 3.4 millones de dólares (que al arranque les parecían pocos) significaban un monto valioso que no debería ser desestimado por el juez de la causa. Y que si bien Ancira se había comprometido a pagar más de 200, apenas llevaba a mitad y era incierto si cumpliría hasta el final.
No hubo caso. El juez quien solo se limitó a escuchar las posiciones de fiscales y abogados sin tomar mayores apuntes, les dijo que la decisión estaba tomada y que ya no podía tomar en cuenta argumentos que no expusieron antes.
“Tengo muchas ganas de responder a cada uno de los señalamientos que han dicho ahora pero el orden procesal es claro y ya es improcedente lo que solicitan. Yo les invito, en todo caso, a que revisen el video de todo lo ocurrido hoy. Ahí están las respuestas a lo que sucedió”, dijo el juez al dar por cerrada la sesión.
Y así, usando una analogía común en los deportes, el equipo de la fiscalía, el del estado, el de la autodenominada Cuarta Transformación… se quedó tendido en el campo y con las manos vacías.
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