*Colegio de Abogados de NY advierte que funcionamiento del poder judicial en México está en riesgo por presiones ilegales de AMLO
Por: Arturo Angel
Más del 30 por ciento de los trabajadores de Poder Judicial Federal, entre ellos al menos 300 jueces, podrían perder su trabajo si se concreta el recorte presupuestal de más de 15 mil millones de pesos que diputados afines al gobierno federal han amagado con aplicar al presupuesto de dicho Poder parea 2024.
Se trataría de un recorte sin precedente a uno de los tres poderes de la Unión al que de por si se le destina menos presupuesto que a otros de América Latina, y que además es resultado de una ofensiva política ilegal en contra de sus integrantes, pues va en contra de principios y convenios internacionales que México está obligado a respetar.
Así lo advierte un informe internacional denominado “Diagnóstico sobre la Independencia del Sistema Judicial Federal en México” elaborado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York a través del “Cyrus Vance Center for International Justice”, en colaboración con la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Barra Mexicana de Abogados.
El estudio, que forma parte de una serie de diagnósticos donde se analiza la independencia de los sistemas judiciales de América Latina, identifica y desglosa situaciones que buscan vulnerar por motivos políticos la operación del sistema de justicia, y que van desde la exhibición de los nombres de jueces y ministros en conferencias a los que se acusa de “favorecer a delincuentes”, hasta amenazas de recortes presupuestarios mayúsculos.
Justo en el apartado de los recursos el diagnóstico advierte que en una clara revancha por determinaciones judiciales que consideran contrarias a sus políticas públicas (pero que se disfraza de una supuesta estrategia de austeridad) el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con el partido oficial (Morena) han amenazado con aplicar un recorte inédito de recursos al presupuesto del Poder Judicial Federal, que iría de los 15 a los 25 mil millones de pesos.
“Esto va en clara contravía de lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido repetidamente que una reducción en el presupuesto del poder judicial puede obstaculizar la impartición de justicia en detrimento de los usuarios del sistema de justicia, producir demoras en los nombramientos y aumentar el número de funcionarios en carácter provisional”, indica el diagnóstico.
El análisis hace un ejercicio del impacto de un recorte de esta magnitud. Advierte que, de concretarse, significaría una reducción del 32 por ciento del presupuesto total de dicho poder, lo que se traduciría en un “despido masivo del personal judicial” equivalente a la tercera parte de toda la nómina.
En términos de órganos jurisdiccionales, significaría la reducción de 737 a 431 juzgados federales de todas las materias, dejando sin espacio de trabajo a más de 300 jueces. También habría que reducir de 910 a 627 los tribunales colegiados. Lo que dejaría sin trabajo a más de 900 magistrados.
Y aunque el presidente de México ha sostenido que los recursos destinados al Poder Judicial Federal son onerosos, la comparativa con otros países de la región muestra que esto no es preciso. Y es que, por ejemplo, el presupuesto que el Consejo de la Judicatura Federal ha solicitado para 2024 equivale apenas al 0.26% del presupuesto interno bruto de México. En cambio, otros países como Colombia, Chile o Brasil destinan de un 0.5 a 0.8 % de su PIB a la judicatura.
Independencia bajo ataque
Los ataques públicos que la administración de López Obrador ha decidido poner en marcha en contra de jueces, magistrados y ministros, y que emanan de resoluciones que considera contrarias a los intereses de su gobierno y por supuesta extensión de “los mexicanos” violentan principios internacionales que México está obligado a respetar.
Se trata de principios como el de la independencia judicial, el de las garantías de discernir sin presiones externas, o el de actuar sin posiciones políticas, que son esenciales para un sano funcionamiento del sistema de justicia como lo han determinado la Organización de las Naciones Unidas en su relatoría especial para la independencia de jueces y abogados, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La independencia del poder judicial es esencial porque es garantía del debido proceso y otros derechos humanos, de manera que las ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a una administración de justicia imparcial y sin sesgos. La CIDH se ha pronunciado en múltiples ocasiones respecto de normas o de actuaciones que ponen al poder judicial en riesgo de ser indebidamente influenciado por el poder ejecutivo. También, este organismo internacional ha aclarado que la independencia entre ramas del poder público debe trascender los escrito en normas y aplicarse diariamente en sus actuaciones respetando las decisiones que los operadores de justicia toman con base en las leyes”, indica el informe.
Pero en México ocurre lo contrario, indica el diagnóstico. Casi de forma rutinaria en las conferencias presidenciales se ataca a ministros y jueces por resoluciones que toman en el ámbito de su competencia. Y aunque el freno de algunas iniciativas como la del paso de la Guardia Nacional al Ejército, o la cancelación de determinados procesos se realiza con apego a las protecciones constitucionales, el gobierno lo equipara con posiciones políticas que van en contra de lo que, supuestamente, “quiere la mayoría”.
“El gobierno asume que las decisiones del Poder judicial se deberían basar en una decisión de mayorías y no en una defensa de ley y los derechos humanos -muy especialmente y en esencia- de las minorías que se ven aplastadas por esas mayorías”, indica el diagnóstico.
Frases recurrentes que expone el presidente como que “el poder judicial está podrido” o la decisión de exhibir los nombres de jueces que, dicen, “defienden a delincuentes”, representan formas de “acoso público” y una interferencia constante que menoscaba el libre ejercicio de la administración de justicia, la cual es fundamental para la consolidación del Estado democrático.
¿Renovación o control?
El presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de implementar una reforma al Poder Judicial en 2024 que, entre otras cosas, modifique el mecanismo de selección de los jueces, magistrados y ministros para que se haga a través del voto popular. Para ello, ha insistido en la importancia de que su partido obtenga una mayoría significativa en las elecciones federales siguientes pues un cambio de esta naturaleza requiere de suficientes apoyos para modificar la Constitución.
Los expertos que elaboraron el diagnóstico alertan que en el contexto en que se están planteando estas modificaciones lo que hay no es un ánimo de “renovación” sino de “control” hacia una poder que debe funcionar siempre como un contrapeso y un catalizador dentro del Estado.
En ese contexto, los expertos consideran que es fundamental que los aspirantes a cargos de elección popular hagan un compromiso público de respeto a la independencia judicial de acuerdo con los estándares internacionales respecto a la división de poderes.
“Es fundamental que la comunidad jurídica nacional e internacional trabaje en conjunto para garantizar la independencia judicial en México”, dijo Jaime Chávez Alor, Director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center.
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