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DÍA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO

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Hacer memoria para hacer justicia, seguir soñando para seguir luchando.
(FEDEFAM)

Por Liliana Baltazar Samayoa

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que tiene presencia en todo el mundo. La federación latinoamericana de asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos por sus siglas FEDEFAM tuvo la iniciativa para que el 30 de agosto se conmemore el día internacional del detenido desparecido. Esta fecha es un día de reflexión para crear conciencia mundial de este crimen aberrante, para renovar el compromiso de todos en la necesidad de defender los derechos humanos, recordar a las personas desparecidas y restregarle al Estado la exigencia de memoria por la verdad y la justicia. Nunca más.

¿Sabes cuántas desapariciones forzadas existen al día de hoy en México?

Yo tampoco, porque al ser un hecho que no se reconoce, considero que la cifra real no está disponible en los números oficiales, pero sí en los colectivos.

Es importante distinguir de manera clara cuando se trata de una desaparición, de un secuestro, de una privación de la libertad, o bien de una desaparición forzada. Escuchamos día con día en las noticias acerca de estos acontecimientos, pero no todas las personas los distinguimos conceptualmente, pero aun así todos entendemos lo que tienen en común estas acciones que vulneran valores de alta estima para el ser humano; la vida, la libertad y la dignidad.

Es importante destacar que este fenómeno que se presentaba a finales de la segunda Guerra Mundial preocupó respecto al tema de las desapariciones de personas en combate, pero en la actualidad en nuestro país no vivimos en un estado de guerra con otra nación ni enfrentamos a una guerrilla, pero sí de un ambiente de muerte y violencia propiciado por los grupos criminales y por agentes del Estado, porque éste la práctica como un método de represión, como un medio de control que nunca es reconocido pero que en el fondo de nuestra consciencia sabemos que existe y que se agazapa detrás de la impunidad que otorga “la autoridad estatal”. Llevamos años padeciéndola desde la década de los años sesentas y forma parte de las distintas técnicas utilizadas en la guerra psicológica implementada en América Latina.

Esta modalidad se presentó en El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Y ese resultado, como lo describe en su última publicación “Los desaparecidos y otros datos” por Salomón Baltazar Samayoa donde afirma que “detrás de las desapariciones está el crimen organizado a través de cárteles con presencia nacional, local o grupos que alquilan sus servicios a organizaciones más consolidadas, estructuradas, con poder económico y control sobre la autoridad de una región conformada por varios Estados, una ciudad o toda una entidad federativa, pero con la aquiescencia de servidores públicos.”

En la guerra psicológica, la desaparición forzada juega un papel de una experiencia de carácter traumático que tiene un impacto grave y que no me refiero al efecto que se produce de manera individual, sino que trasciende a los familiares y amigos; impacta en todo el entorno de las víctimas y en su vida, pero también es algo que nos afecta a todos como sociedad en general.

En el momento en que la persona es detenida y desaparecida se produce una enorme ruptura en su entorno y en la vida cotidiana de su familia, pareja y amigos, y es que nadie está preparado para experimentar una situación de estas características, evidentemente carecemos de los mecanismos para enfrentarlo.

Los familiares de los desparecidos experimentan una secuencia de fenómenos en los que se presentan una sobre exigencia en lo físico, psicológico y social, generando un antes y un después en la vida de estas personas, ya que ahora el propósito principal en sus días es encontrar a la persona desaparecida o alguna información que sirva para conocer el paradero y destino de la víctima.

Los efectos psicosociales que a partir de aquí se desencadenan por el exceso de sentimientos de angustia y ansiedad son los que dominan esa incertidumbre de saber qué pasó, qué sigue y cómo poder ayudar a localizar a la persona. Y es que aunado a eso comenzamos a ser testigos de la poca participación de parte de funcionarios y experimentamos sentimientos de frustración, enojo e impotencia, de vulnerabilidad, confusión, miedo, desesperanza, pérdida de confianza, dolor psíquico e ideas angustiantes en torno a la figura del desaparecido y su destino. Una serie de síntomas clínicos que interfieren en la actividad y funcionamiento de cualquier ser humano, así como manifestaciones somáticas de diverso tipo.

Desde el entorno social, el temor o la manipulación de las instituciones, lo que viven los familiares de los desaparecidos los “marca socialmente”. Aparte de las diversas condiciones de riesgo por el que deben pasar, suele someterse a un aislamiento y enfrentar lo más doloroso que es vivir en un profundo silencio provocado por la indiferencia de algunos sectores de nuestra sociedad, que piensan que a ellos nunca les ocurrirá.

Honesta y personalmente hablando, me provoca pánico ver como cada vez normalizamos este tipo de acontecimientos, como preferimos encontrar una justificación del porque le ocurrió a esa víctima, como el famoso qué hacía de noche afuera de su casa, seguro vestía provocativa, seguro los papás no están al pendiente de su hijo, las niñas decentes no salen solas, para que bebe, etc.”, en lugar de que la autoridad castigue estos actos, de que realmente el Estado asuma el deber de dar seguridad a los ciudadanos, que muestre realmente su intención de generar un cambio en los modelos de atención de estas víctimas en particular, a las que hoy se suman un número creciente de integrantes de la sociedad que exige, que se expresa y alza la voz y le reprocha al Estado su inacción y aquiescencia.

La integración de más y más colectivos de familiares de desaparecidos es un indicio inequívoco de un problema generalizado que trastoca la gobernabilidad, que socava el estado de derecho y muestra la miseria de las autoridades que abandonaron el deber de cumplir con un derecho humano, el de la seguridad de los ciudadanos.

Estamos experimentando un Estado que abandonó el deber de brindar seguridad y se muestra indiferente de las condiciones de miedo que prevalece en caminos, carreteras y poblaciones; las desapariciones forzadas son un gesto desagradable de las fuerzas del Estado, locales, municipales y federales, que es utilizado con mayor frecuencia para neutralizar a quienes reconocen como sus enemigos y que les han asignado como destino la desaparición.

La historia muestra que los gobiernos posteriores son los que reconocen las desapariciones forzadas realizadas por gobiernos pasados; pero no es común que los gobiernos actuales reconozcan las desapariciones forzadas llevadas a cabo durante su periodo. Siempre nos queda la esperanza que otros gobiernos se encarguen de hacerlo.

No nos callemos; denunciemos todo acto que vulnere nuestra vida y nuestra libertad.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” ¿Dónde están? “Hasta Encontrarlos” “Los desaparecidos nos faltan a todos.”


Mtra. Liliana Baltazar Samayoa

Psicóloga y abogada

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