Por: Cuauhtémoc Granados Díaz
Existe entre el común de la gente, incluso entre la mayoría del gremio jurídico la lógica creencia de que la ley debe de ser la misma para todos, de que toda persona ante una situación conflictiva que derive en un litigio debe de ser tratada con el mismo rasero, eso repito, no solo suena lógico sino además se percibe muy justo.
Tal afirmación de que La ley debe de ser la misma para todos se desvanece si nos detenemos a pensar que vivimos en un conglomerado social donde hay ricos pero la gran mayoría son pobres, hay sanos y en contraposición hay enfermos, hay jóvenes y también hay senectos, hay niños y adultos, hay hombres y mujeres, hay citadinos y rurales, hay patrones y empleados, hay letrados y analfabetas, hay gobernantes y gobernados, comunes y privilegiados.
Con base en lo anterior podemos afirmar que es una injusticia tratar igual a los desiguales, y esto lo podemos constatar sin que necesariamente seamos abogados, basta mirar a nuestro alrededor y encontraremos cosas ilógicas, inexplicables o simplemente son: injusticias de la justicia.
Para ilustrar lo anterior me referiré primeramente a un sujeto joven que con todas las agravantes mató a otro, fue sentenciado a dieciocho años de cárcel y se le dieron beneficios en etapa de ejecución que le hicieron dejar la cárcel a los siete años, en contraposición en aquel tiempo a los condenados por delitos contra la salud no se les concedían beneficios en ejecución y a la par del homicidio en comento, una anciana fue condenada a doce años de cárcel por vender durante las madrugadas cigarros con tranquilizantes a los camioneros que parqueaban sus unidades en una gasolinera; fue condenada a doce años de cárcel los cuales compurgó como se dice en el argot carcelario: de punta a cola.
¿No es ilógico que una anciana narcomenudista por necesidad haya permanecido castigada mucho más tiempo que un sujeto que le arrebató la vida a un semejante? Supe también como director de algunas prisiones, que un taxista que dejó descender a su pasajero a tres cuadras de su casa por no querer pagarle el pasaje, permaneció recluido por secuestro exprés veinte años mientras autores de robos con violencia o asaltantes dejaban el cautiverio a los dos o tres años de reclusión ¿Acaso esas incongruencias no dan lugar a la reflexión?
Aun con todas las expectativas y porque no decirlo, con todas las esperanzas que generó la Reforma a la Justicia Penal Mexicana en 2008, las inconsistencias y situaciones inexplicables de la procuración y administración de justicia continúan. Llama la atención, por ejemplo, que la señora Rosario Robles, ex secretaria de Estado durante el gobierno peñista esté recluida por supuesto desvío de recursos públicos, pero ¿Ella habrá sido la más corrupta de ese sexenio, más que los secretarios de hacienda y de gobernación? ¿O será que independientemente de lo que se embolsó, su caso contenga también cierta dosis de venganza política?
Si seguimos observando nos vamos a percatar de una serie de inconsistencias de la justicia penal ¿Acaso no dio la sensación a la gente de que el señor Lozoya ahora esté recluido por haber ido a comer a un restaurante de mucha alcurnia, cuando no debía más por los dineros que se dice se embolsó?
Si el ex director de PEMEX hubiera sabido que su asistencia a un restorán de lujo cuestionaría por la gente, la forma de como el régimen procura y administra justicia, seguramente no habría ido a ese lugar a comer o habría ido a una fonda de bajo perfil o habría pedido para llevar; si así hubiese sido andaría libre a pesar de la millonada que se dice se embolsó, en contra posición de la señora necesitada presa en una fea cárcel por la escasa mercancía que en la tienda se robó.
Si seguimos observando no terminaríamos de entender a la justicia penal de los humanos, pero ninguna materia de la justicia está exenta de cuestionamientos, los juicios civiles pareciera que los gana la parte que más atención puso a los formalismos y no los gana la parte a quien verdaderamente le asiste el derecho.
Se dice que en materia laboral el trabajador va en caballo de hacienda frente al patrón, que la legislación laboral concede más beneficios a los empleados, lo cual se desvanece si verificamos el número de laudos que benefician a los grandes empresarios en contraposición a las eventuales resoluciones que se dictan en favor de los trabajadores.
También se dice que en materia fiscal, los órganos encargados de la recaudación de impuestos y los tribunales administrativos son implacables con los pequeños y medianos contribuyentes, pero no lo son tanto con los grandes consorcios transnacionales bajo el argumento de que vienen a nuestro País a generar empleos, tal vez el argumento o la justificación de que no paguen impuestos sea buena o esté justificada, pero eso también rompe con el discurso jurídico de que La ley es la misma para todos.
Volviendo a la materia penal, los litigantes en esta materia sabemos que hemos asumido defensas de gente muy pobre a quienes la policía detuvo sin orden de aprehensión o bajo ningún supuesto de flagrancia incluso los sacó sin orden de cateo a golpes de su casa de cartón, y por el contrario hemos insistido con la policía en la aprehensión de sujetos cuando ya se tiene la orden y los policías no se atreven a ejecutarla si de entrar a fraccionamientos o de zonas exclusivas se trata; la doctrina y sobre todo la ley penal, nos señalan que nuestro derecho penal es de acto no de autor, es decir, que se trata de punir acciones no personas, sancionar a una persona por lo que hizo, no por lo que es, esa aseveración también se desvanece si vamos a la penitenciaría y observamos a la gran mayoría de sus pobladores, tal pareciera que no están presos por sus acciones sino por su pobreza.
Dr. Cuauhtémoc Granados Díaz
Ex agente del ministerio público, ex director de prisiones, ex secretario de seguridad pública, Profesor Investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
