En la era de la información y las redes sociales, la privacidad y el honor de las personas se enfrentan a nuevos desafíos. Un caso reciente que ha captado la atención pública es el de unos jóvenes que protagonizaron actos sexuales en un cablebús y cuyos videos de seguridad fueron difundidos en las redes sociales. Este incidente no sólo plantea cuestiones de privacidad y consentimiento, sino que también destaca la importancia de abordar adecuadamente la adopción de políticas de privacidad más estrictas, mecanismos de reporte y eliminación de contenido no consensuado, y cooperación con las autoridades en la investigación de delitos digitales.
El hecho de que los videos de seguridad de este incidente hayan sido compartidos ampliamente en las redes sociales sin el consentimiento de las personas involucradas, es motivo de preocupación. Esta difusión no autorizada no sólo viola la privacidad de los individuos afectados, sino que también puede tener consecuencias negativas para su vida personal y profesional. La viralización de estos videos puede llevar a la estigmatización y al desprestigio de las personas involucradas, afectando su bienestar emocional y su reputación.
La Ley Olimpia establece sanciones penales para quienes difundan, distribuyan, compartan o exhiban imágenes, audios o videos con contenido sexual explícito de una persona sin su consentimiento. Estas sanciones pueden incluir penas de prisión, multas y medidas de reparación del daño. Además, la ley contempla la implementación de mecanismos para recibir denuncias, investigar los casos y brindar apoyo a las víctimas.
Es importante destacar que la Ley Olimpia no se limita únicamente a casos que afecten a mujeres, sino que busca proteger a cualquier persona que sea víctima de violencia digital y la difusión no consensuada de imágenes íntimas.
Quien o quienes sean responsables del manejo en las cámaras de seguridad, serán responsables si se demuestra que han filtrado contenido sensible o íntimo sin consentimiento, podrían incurrir en responsabilidad penal de acuerdo con la legislación mexicana de protección de datos y privacidad.
Y aunque este tipo de comportamiento puede generar incomodidad, ofender a otras personas o violar normas de convivencia social. Si bien es una falta que debe ser abordada y sancionada de acuerdo con la legislación correspondiente, no tiene las mismas implicaciones graves ni viola directamente la privacidad y la dignidad de las personas como lo hace la difusión no consensuada de imágenes íntimas. No hay punto de comparación entre el delito de difundir imágenes íntimas sin consentimiento y una falta administrativa.
Sin embargo, este caso también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en el uso de las redes sociales. Como sociedad, debemos promover una cultura de respeto y empatía en línea, donde se entienda que compartir contenido íntimo o dañino sin consentimiento es inaceptable. Todos debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones en el entorno digital y comprender las implicaciones que pueden tener en la vida de los demás. Sólo así podremos enfrentar los desafíos que nos plantea la era de la información sin comprometer los derechos fundamentales de las personas.
Marco Aurelio Lugo Rangel
Estudiante de la Facultad de Derecho, UNAM.
