El Salvador constituye un caso de estudio para las ciencias sociales, en especial de la Criminología. Entendemos que aún es muy pronto para hacer una evaluación de las medidas tomadas por Nayib Bukele en el Salvador para controlar el fenómeno criminal vinculado a las pandillas. Sin embargo, es posible hacer algunas consideraciones críticas para abonar al análisis de las políticas públicas antidelictivas en la región.
En últimas décadas, el análisis de las políticas públicas ha constituido un campo importante para las ciencias sociales. El modo de gobernar ha sido centro de preocupaciones filosóficas y políticas de la humanidad. En la actualidad se han agotado las grandes explicaciones políticas provenientes del marxismo y del liberalismo clásico (Roth Deubel, 2002), lo que ha llevado a focalizar la mirada en las acciones concretas de las instituciones del Estado y de los individuos que forman parte de ellas. “El análisis de las políticas públicas se realiza a partir de una metodología de investigación social aplicada al análisis de la actividad concreta de las autoridades públicas”(Roth Deubel, 2002, p. 15).
Aunque el Estado no puede ser reducido a una organización común, es importante analizarlo como “organizaciones a través de las cuales los agentes públicos (elegidos o administrativos) persiguen metas que no son exclusivamente respuestas a demandas sociales y, a la vez, como configuraciones de organizaciones y de acciones que estructuran, modelan e influyen tanto en los procesos económicos como en las clases o grupos de interés” (Mény & Thoening, 1992, p. 76). En otras palabras, la pretensión por parte del Estado de monopolizar en un determinado territorio el uso de la fuerza física (Weber, 2014) y simbólica (Bourdieu, 1993) no se manifiestan exactamente de esa manera en la práctica, y mucho menos en nuestro contexto latinoamericano. (Roth Deubel, 2002)
En el contexto de la pandemia de COVID-19 en varios países se extremaron las medidas de contención para evitar la propagación del virus haciendo uso de diferentes mecanismos, algunos gobiernos decretaron estados de “excepción” lo que implicó un punto de quiebre para el derecho constitucional global (Cervantes et al., 2020). Las medidas adoptadas fueron desde el confinamiento domiciliario, el cierre de fronteras, la suspensión general de actividades, medidas de rescate económico/social y la militarización de la seguridad ciudadana. En el marco de estas medidas las tasas delictivas vinculados a delitos comunes disminuyeron en todos los países, aunque las cifras delictivas no fueron homogéneas en todos los contextos, en países como Argentina las tasas de homicidios mantuvieron la misma tendencia de años anteriores, en otros contextos la disminución fue más significativa. Otras modalidades delictivas aumentaron como las vinculadas a la violencia de género (Avendaño Paredes & Sarraute, 2021) y el delito informático. Sin embargo, para la opinión pública, las medidas de “mano dura” y la militarización de la seguridad ciudadana fueron vinculadas a la reducción del delito, abriendo la puerta a muchos debates sobre los peligros de usar estas medidas excepcionales para el control de la criminalidad.
En la Región, se presentan modelos de gobierno con características “Populistas” (Laclau, 2005) que además tienen como singularidad un proceso de militarización. En Venezuela la militarización inicia con el presidente Hugo Chávez reformando la legislación para que militares activos estuviesen presentes en cargos públicos y funciones que no son propias de los militares; en Nicaragua desde el 2018, Daniel Ortega militarizó el país desplegando dispositivos policiales para contener las multitudinarias protestas ciudadanas y también el Salvador. En este último encontramos una referencia clara en febrero de 2020 cuando el presidente salvadoreño Nayib Bukele irrumpió en el congreso acompañado de un destacamento militar (Lira, 2023). En la misma dirección se han promovido los populismos punitivos, con el endurecimiento de las políticas de seguridad y de las penas bajo el pretexto de responder a las demandas de mayor seguridad de los ciudadanos en una región asolada por la violencia y la inseguridad a causa de las maras y el crimen organizado.
En marzo de 2022 luego de un incremento de asesinatos que contabilizaron 76 en dos días, el Congreso de el Salvador decretó el régimen de excepción solicitado por Nayib Bukele y se ha mantenido hasta la fecha. Desde entonces se han encarcelado alrededor de 65,000 jóvenes; en medio de controversias por denuncias de detenciones arbitrarias, los encarcelados no solo no tienen condena sino tampoco acusación formal, se han encarcelado a pandilleros y a personas que no pertenecen a las pandillas, sumando unos 105,000 privados de libertad, lo que significa una tasa de 1,500 detenidos por cada 100,000 habitantes, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (Bergman, 2023).
En el marco de estas medidas, las tasas de homicidio han disminuido significativamente. En el año 2018 El Salvador tenía una tasa de homicidios de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo, y en 2022 registró una tasa oficial de 7.8 por cada 100,000 habitantes (Bergman, 2023), la disminución puede ser atribuida a la militarización de la seguridad ciudadana y al encarcelamiento masivo que viene ejecutándose.
Para hacer frente a esta política de encarcelamiento masivo, se construyó lo que Nayib Bukele bautizó como: El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Un complejo penitenciario con un área de 231,446.31 metros cuadrados pensado para albergar a 40,000 prisioneros en ocho pabellones de 5,453 metros cuadrados, según lo expuso el Ministerio de Obras Públicas. Cada pabellón cuenta con 32 celdas, con camas de acero en su interior para todos los reos y dos pilas de agua con chorros que serán controlados por los custodios. Es decir, celdas parecidas a galpones que alojarán a 156 personas en su aparente capacidad máxima y con agua racionada, además de celdas de castigo en completa oscuridad (Quintanilla, 2023). El establecimiento no cuenta con espacios destinados al deporte, la educación, el tratamiento ni visitas, Bukele promete que las personas condenadas por pertenecer a una pandilla “no volverán a ver la luz del sol”.
El discurso de los actores políticos para justificar estas medidas, giran en torno a la defensa del derecho a la vida de los salvadoreños. Sin embargo, hasta octubre de 2022, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos investigaba 43 “muertes potencialmente ilícitas en centros penales” (Quintanilla, 2023). El Salvador optó por una política de silencio y ocultamiento de la información de la situación carcelaria. Se han reportado familias que han ido a reconocer a cadáveres en fosas comunes, ya que nunca fueron informados que sus familiares privados de libertad murieron mientras estaban detenidos. En este complejo contexto, Nayib Bukele encuentra un apoyo de más del 80% de aprobación, la más alta en comparación con sus homólogos Latinoamericanos.
Conclusión y Reflexión
El presidente de El Salvador tiene todas las posibilidades de reelegirse como presidente y puede impulsar futuras reformas constitucionales para garantizar su permanencia en el poder, característica propia de los Populismos y Gobiernos Autoritarios con elementos de militarismo. Para la población del Salvador estos elementos no parecen estar en el debate público como foco de preocupación ya que Bukele tiene un apoyo popular significativo.
Si bien es cierto que las tasas delictivas en El Salvador han disminuido significativamente y su reducción puede ser asociado directamente al Estado de Excepción y al encarcelamiento masivo. No parecen existir medidas que intervengan en la modificación de las condiciones estructurales asociadas a la delincuencia violenta. La reducción del crimen puede ser “transitoria” ya que existe el riesgo de un repunte de la criminalidad violenta debido a la masa privada de libertad en condiciones adversas e inhumanas. La evidencia empírica apunta a que el encarcelamiento por largo tiempo incide en el aumento de la reincidencia delictiva y las condiciones inhumanas en el encierro promueve la conducta violenta.
El encarcelamiento masivo supone problemas propios para la administración penitenciaria. Cuando las capacidades de las instituciones comienzan a ser superadas y se presenta el hacinamiento, las instituciones tienden a debilitar su control interno y se producen crisis carcelarias que desencadenan diferentes problemáticas, desde motines y huelgas hasta la pérdida de la gobernabilidad por parte del Estado. Estas conflictividades tienden a incidir en el aumento de la criminalidad y el debilitamiento institucional.
El uso de componentes militares en funciones policiales ha sido criticado largamente en la región y sus consecuencias negativas bien documentadas. Sin embargo, en El Salvador la institucionalidad democrática, el debido proceso, y la violación de los Derechos Humanos no parecen ser una preocupación. El discurso oficial se muestra reactivo ante las críticas y hacen caso omiso a las advertencias de ONG’S y de la CIDH. Una reflexión muy acertada del Dr. Marcelo Bergman (2023) es que “vastos sectores sociales no soportan tasas de criminalidad muy altas, y que en casos extremos una proporción importante de la población que se siente frustrada está dispuesta a prescindir de un estado de derecho si la violencia es rampante”.
Es absolutamente necesario que los países de la región tomen medidas adecuadas para evitar que la criminalidad rebase las capacidades del estado y que se presenten escenarios donde se puedan justificar medidas como las observadas en El Salvador. La intervención del Estado en la reducción de la criminalidad violenta pasa por un correcto diagnóstico y la implementación de programas adecuados que puedan ser sostenidos en el tiempo y evaluados para poder ser corregidos. La preocupación por el aumento de la criminalidad debe ir acompañada de la inversión para su estudio y control, que no necesariamente pasa por el aumento en el presupuesto en el aparato penal, sino por el aumento en el presupuesto de la prevención del delito con tácticas y estrategias extrapenales que involucran a de forma integral a diferentes actores e instituciones que intervienen en las condiciones estructurales asociadas a la delincuencia violenta.
Como dijimos al inicio de este escrito, nos parece que aún es pronto para evaluar la Política Pública en El Salvador, pero hay suficientes elementos para encender alarmas y considerar que lejos de ser una solución efectiva parece ser un campo minado que puede tener consecuencias adversas en el mediano plazo si se mantienen las mismas condiciones donde las medidas excepcionales se vuelven permanentes.
Mg. Crim. Carlos Avendaño.
Criminólogo de la Universidad de los Andes (ULA), Venezuela. Magister en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Argentina. Doctorante en Ciencias Sociales (UNGS). Director de la Diplomatura en Criminología Aplicada y Codirector de la Diplomatura en Delitos Informáticos y Ciberseguridad en la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Investigador del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la (UAI). Secretario del Consejo Superior UAI.
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Bibliografía
Avendaño Paredes, C. L., & Sarraute, M. M. (2021). Un virus sin vacuna: La pandemia de la violencia de género y otras discusiones en América Latina. (Ediciones Cuautitlán Universidad Autónoma de México).
Bergman, M. (2023, junio). El Salvador: Un desafío para las democracias Latinoamericanas. CELIV. https://celiv.untref.edu.ar/miradadelexperto-jun2023.html
Bourdieu, P. (1993). Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. Actes de la recherche en Sciences Sociales, 96, 97.
Cervantes, A., Matarrita, M., & Reca, S. (2020). Los estados de excepción en tiempos de pandemia. Un estudio comparado en América Latina. Revista «Cuadernos Manuel Giménez Abad», 20, 179-206.
Laclau, E. (2005). La razón populista (1.a ed.). Fondo de Cultura Económica de Argentina.
Lira, E. C. (2023, julio 23). Nuevos autoritarismos en Centroamérica: Patrones y tendencias compartidas. La Vanguardia. https://lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2023/07/23/la-region-sufre-un-proceso-creciente-de-deterioro-de-la-institucionalidad-democratica-aflora-autoritarismo-con-sustento-militar-y-algunas-medidas-efectistas-de-sustentabilidad-dudosa-la-resistencia/
Mény, Y., & Thoening, J. C. (1992). Las Politicas Püblicas. Editorial Ariel, S.A.
Quintanilla, J. (2023, marzo). El modelo Bukele: Cuando el autoritarismo se vuelve popular | Nueva Sociedad [Revista]. Nueva Sociedad. https://nuso.org/articulo/Bukele-megacarcel-pandillas/
Roth Deubel, A.-N. (2002). Políticas públicas: Formulación, implementación y evaluación (1. ed). Ed. Aurora.
Weber, M. (2014). Economía y sociedad (Edición: Tercera). Fondo De Cultura Económica.
