A casi treinta años del levantamiento por la dignidad indígena en el sureste mexicano, las comunidades originarias, históricamente excluidas y violentadas, han encontrado diversas formas de articular resistencias con el fin de preservar sus culturas, defender sus territorios y, en general, sobrevivir a un sistema que acecha su existencia.
A pesar de que nuestra Constitución reconoce la multiculturalidad y establece las bases de un pluralismo jurídico, las comunidades indígenas continúan marginadas, víctimas de abusos y discriminación, lo que las ha obligado a valerse del derecho hegemónico dándole un uso alternativo, el cual ha resultado ser una herramienta fundamental en cada uno de los movimientos indígenas contemporáneos para la defensa de sus derechos.
El derecho alternativo consiste en hacer uso de la legislación, la jurisprudencia y de las propias instituciones para transformar la estructura estatal a efecto de salvaguardar los derechos humanos y sociales de las comunidades y sus integrantes, Es decir, han tenido que utilizar un derecho ajeno, transformarlo y así defender lo que el Estado no garantiza.
Así, ante los permanentes escenarios de emergencia, desigualdad, violencias y continuas transgresiones a la integridad de las mujeres y comunidades, un grupo de 90 mujeres mayas provenientes de ocho municipios yucatecos, entre contrastantes ánimos alegres y ternos blancos, presentó en la sede del Senado de la República una Agenda[1] en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, a través de las cual denunciaron las múltiples omisiones de las autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales que impiden materializar el derecho humano de acceso a la justicia, a exponer las violencias de las que son víctima y las propuestas que, en comunidad, han articulado para subsanar dichas omisiones y hacer efectivo su derecho constitucional al acceso pleno a la justicia del Estado.
El documento, redactado por la Red de Promotoras Maya en conjunto con organizaciones como CADIN, A.C. y Equis Justicia para Mujeres, contiene información valiosa de las violencias que sufren y se desarrolla en ocho tópicos, en los cuales, se necesita la intervención de las autoridades administrativas, legislativas y judiciales de los tres órdenes de gobierno, así como de las comunitarias, para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia a las mujeres maya de Yucatán, siendo estos tópicos o escenarios:
1) Proceso de Denuncia;
2) Protección a víctimas (emisión de órdenes de protección);
3) Servicios médicos y psicológicos;
4) Asesoría jurídica gratuita;
5) Justicia comunitaria;
6) Justicia del Estado;
7) Reparación integral del Daño;
8) Mujeres detenidas, procesadas y sentenciadas.
Cada uno de estos tópicos, interdependientes, son vitales no sólo para garantizar el derecho de acceso a la justicia, sino todavía más importante, garantizar el derecho a la vida e integridad de las mujeres a causa de los contextos de violencias, machismos, corrupción e impunidad que se viven en gran cantidad de municipios y comunidades del país.
Entre los datos que arroja la Agenda encontramos que el gobierno de Yucatán, desde hace más de cinco años, del presupuesto estatal no ha destinado para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia ni el 1%, es decir, el presupuesto destinado a cada mujer del estado para la impartición de justicia es de ochenta centavos; que la Fiscalía General del Estado cuenta únicamente con cuatro intérpretes para 106 municipios; también, se advierte un estado de impunidad causado por miedo a que las denuncias sean filtradas por autoridades machistas y las denunciantes víctima de represalias, así, 7 de cada 10 mujeres maya víctima no denunciaron al agresor, aunado al hecho de que el 61% de mujeres dijo no conocer las acciones ni instituciones competentes para acudir en caso de sufrir violencia.
De los casos expuestos de mayor gravedad, encontramos que las propias autoridades, sobre todo en casos municipales y comunitarios (comisarios y jueces de paz) mantienen conductas de acción y omisión durante los procesos de denuncia que pueden constituir delitos. Por ejemplo, se ha documentado que hay agentes del ministerio público y jueces de paz que niegan recibir declaraciones y denuncias de las mujeres víctima por múltiples razones machistas, tales como considerar que delitos como lesiones y violencia psicológica pertenecen a las relaciones privadas de pareja; no separar al agresor de las víctimas u ordenar a la víctima el abandono del hogar; negativa en otorgar medidas de protección ante riesgos potenciales para la víctima u omitir recibir denuncias y prestar auxilio por no tener horarios laborales fijos.
En respuesta, la Red de Promotoras mayas ha propuesto, basadas en un sistema de motivación y fundamentación constitucional, convencional y legal para sustentar cada una de las exigencias desarrolladas en los ocho tópicos, una serie de propuestas para las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, de las cuales las más importantes son:
Que las autoridades comunitarias, policiales, de las fiscalías y judiciales, peritos, médicos y demás autoridades que tenga algún tipo de contacto con las víctimas se encuentre plenamente capacitada para la atención y orientación de las mismas con perspectiva de género intercultural, erradicando ideologías machistas y degradantes para las mujeres; que las fiscalías y juzgados, así como toda dependencia de gobierno, cuente con intérpretes y traductores para las personas mayahablantes y así garantizar sus derechos procesales; que las comisarías y centros de salud de todas las comunidades cuenten con servicio de transporte para trasladar a las víctimas, ya sea a las cabeceras municipales o a la ciudad más cercana a efecto de iniciar y continuar sus trámites de denuncia y de reparación integral.
Que exista una real coordinación y cooperación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno y de los poderes para diseñar programas y estrategias encaminadas a salvaguardar la integridad, la igualdad y no discriminación de mujeres mayas; el establecimiento y creación de fiscalías móviles y juzgados itinerantes que lleguen a todos los rincones del estado; difundir mediante campañas los derechos de las mujeres indígenas y las autoridades competentes, entre muchas otras soluciones.
Queda pendiente para las y los legisladores, locales y federales, considerar seriamente las propuestas presentadas por la Red de Promotoras, toda vez que son respuestas lógicas, fundamentadas en el parámetro de validez constitucional y de urgente aplicación, a fin de reformar los ordenamientos necesarios a fin de incorporar sus propuestas, tales como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Ejecución Penal, la Ley General de Salud y un largo etcétera de dispositivos para seguir construyendo una legislación garantista.
La ley es letra muerta si no hay acciones ni presupuesto suficiente para materializar lo que en ella se impone. Se necesitan tanto esfuerzos legislativos para establecer un derecho positivizado, claro y preciso, sin margen de interpretaciones aisladas, como acciones administrativas y judiciales que vigilen el estricto cumplimiento de todas las autoridades a lo mandatado por la Constitución. La capacitación permanente con enfoque multicultural, de género y de derechos humanos para todas y todos los servidores públicos es el primer paso para lograr cambios inmediatos y posiblemente los más urgentes. Una de las mujeres expresó con llanto que jamás pensó llegar al Senado, sin saber que es de las oradoras más dignas que el Senado ha recibido.
“Fortalecer las voces y sueños de justicia y juntas poder tejer experiencias, saberes y alianzas.”
Cita.
[1]Consultable en: https://equis.org.mx/agenda-acceso-justicia-mujeres-mayas-yucatan/#:~:text=La%20%E2%80%9CAgenda%20para%20el%20acceso,las%20casas%2C%20comunidades%20e%20instituciones.
