Mtro. en Derecho Edgardo Corro Enríquez
Es una constante que cada Presidente de la República al tomar su cargo durante seis años, así como cada Gobernador de cualquier entidad federativa al tomar posesión en el puesto político para el que fue designado, quiere dar manotazos sobre la mesa con el hecho de demostrar ante su pueblo, legitimidad. Para ello, erróneamente politizan el derecho penal, utilizan facciosamente a la institución ministerial, la cual solo en palabras al aire es un órgano independiente, pero en realidad es el brazo represor del estado. Surge ahí, la ilegitimidad de cada gobierno. El discurso no cambia, es acabar con los corruptos del pasado y arrancar de raíz la corrupción, las frases son; “no somos como los anteriores” y, “la impunidad llegó a su fin”. Incluso el Presidente o el Gobernador se apropian de la impartición de justicia; Ministro o Magistrado que no acate la orden del ejecutivo, es enemigo. Para hacer espectacular la legitimidad del gobernante en turno, se crea un efecto corruptor, haciendo pasar al imputado como culpable sin juicio previo, todo ello con pruebas basadas en una carpeta de investigación en donde existe una escenificación ajena a la realidad. Esto obedece a la falta de cultura de legalidad, y creer que un político funciona como Fiscal General o como Presidente de un Tribunal. Sí, existen funcionarios de la fiscalía o de los órganos jurisdiccionales que hacen de manera excelente su labor, pero el punto es que, en asuntos de políticos, la Fiscalía siempre pierde y el sentido de justicia, pasa al acusado. Vayamos a la historia de México.
El 1 de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari toma posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sin entrar a la polémica, se rumora porque hasta ahora no se ha comprobado, que tomó el poder tras un fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En campaña, Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como “La Quina”, Presidente del Sindicato de PEMEX y uno de los hombres más poderosos del país, no apoyó al candidato del Revolucionario Institucional, sino al hombre que representaba la izquierda en ese momento. Al llegar al poder, el Licenciado Salinas utilizó a la entonces Procuraduría General de la República para integrar averiguaciones previas en contra de La Quina por los delitos de homicidio calificado, acopio de armas de uso exclusivo del ejército, evasión fiscal y atentar contra la seguridad nacional. Se libraron las correspondientes órdenes de aprehensión y se le dictó auto de formal prisión. Posterior a su detención fue expulsado del Sindicato de PEMEX para que cuatro años después llegara otro igual pero afín al Presidente, su nombre, Carlos Romero Deschamps. La Quina fue exonerado en 1997 por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Tras echarse la culpa entre el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari y el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León por una devaluación económica que afectó a todo el país, Raúl Salinas de Gortari fue detenido el 27 de febrero de 1995 por el homicidio de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu. Su detención fue transmitida en los noticieros del país, se dijo que, lejos de la calificación penal, fue el autor intelectual de la muerte de su cuñado. En el proceso de Raúl Salinas de Gortari, la Procuraduría General de la República en lugar de realizar una investigación de corte científico confió en una vidente, Francisca Zetina, alias “La Paca”, para dar con el paradero de uno de los implicados – posteriormente desaparecido- en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, se trata de Manuel Muñoz Rocha. Con el paso del tiempo La Paca, resultó una defraudadora y la Procuraduría quedó en ridículo. Raúl Salinas de Gortari estuvo preso durante diez años y salió absuelto el 14 de junio de 2005, lavó su nombre en un noticiero de Joaquín López-Dóriga y hasta el momento, no se le ha comprobado delito alguno.
Vamos ahora al sexenio del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Éste personaje al igual que Carlos Salinas de Gortari llegó al poder tras un supuesto fraude electoral, mismo que hasta el momento no se ha comprobado, se enfrentó al caso Cassez, lo cual evidenció la corrupción de Genaro García Luna y que comprobó, que la Fiscalía fabricó pruebas, ocultó información a la defensa de la francesa, vulneró su presunción de inocencia y utilizó todo el aparato represor del Estado en contra de ella. Más tarde, con Enrique Peña Nieto saldría absuelta y se comprobaría que, la banda de los Zodiaco fue un invento gubernamental. Pero eso no es todo, antes de este escándalo y ridículo internacional estuvo el Michoacanazo, en donde se encarceló a 11 Presidentes Municipales de aquella Entidad Federativa, todos afines al PRD o al PRI, ninguno de Acción Nacional, el hecho era que tenían nexos con la Familia Michoacana. Estas detenciones derivaron del pleito entre Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Leonel Godoy, ex Gobernador de Michoacán. El Panista quería poner orden en su tierra, lamentablemente todos los detenidos fueron liberados, ninguno con sentencia condenatoria y nuevamente, la Fiscalía quedó en completo ridículo.
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador tienen algo en común, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que el asunto no se va a resolver. Honestamente jamás sabremos que sucedió y el delito quedará impune. Lo lamentable del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que se dice un hombre de izquierda. Se supone, que los miembros de la izquierda son personajes que han luchado contra la represión de la cual han sido objeto, y por tanto, saben que ésta conduce a nada. Contrario a ello, esta administración federal se ha encargado de ridiculizar Jueces, Magistrados, Ministros y excusar sus torpezas en la procuración de justicia echándole la culpa a los demás, lo mismo sucede con los gobernadores afines, hablan igual que el Presidente, comen garnachas en la esquina, se dan sus baños de pueblo, no son independientes a la figura del ejecutivo federal y odian a la clase media. Citándonos en éste punto, por desquite político Rosario Robles Berlanga fue detenida y se le impuso prisión preventiva por el caso de la famosa “Estafa Maestra”, Rosario compareció ante el Juez de Control por cita judicial sin faltar a la misma y, de manera desproporcional se le impuso prisión disque justificada, al paso de los días, su proceso se sobreseyó y quedó en plena libertad. A la par de Rosario Robles empezó la cacería contra Emilio Lozoya Austin por el caso Agronitrógenos, otro intento de legitimidad del Presidente por acabar con la corrupción y la impunidad, el asunto concluyó con un final ridículo.
La procuración e impartición de justicia no es para hacer política a favor de un gobernante, históricamente en éste país, las denuncias por corrupción contra altos funcionarios han quedado ridiculizadas por los resultados no obtenidos, jamás se esclarecen los hechos, no se repara el daño y la justicia queda rebasada por la ignorancia de los políticos, incluso se crean fiscalías especializadas de combate a la corrupción, las cuales son las más podridas y donde se trafica mayor información cuando lo que debe hacerse es aplicar la ley. Los Fiscales que van a audiencia son presionados para después desvalorar su trabajo y la carpeta de investigación está hecha a base de datos presumibles, pero nada confiables, aunado a que se imponen medidas para privar de la libertad al imputado bajo cualquier pretexto. Todo ello, confirma un país represor en el que vivimos y se ratifica la ilegitimidad penal de cada gobierno.
El día en que el Presidente de la República y los Gobernadores sepan diferenciar la política de la investigación penal, empezaremos poco a poco a vivir en un Estado de Derecho y, si existe un delito de corrupción que se investigue, se dicte sentencia condenatoria y se repare el daño, algo que hasta el momento la ciudadanía no ha observado.
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