En el derecho penal, la carga de la prueba determina quién está obligado a presentar evidencia para respaldar los hechos alegados en un juicio. Este principio esta enmarcado en el artículo 20, apartado A, fracción V de la constitución que establece:
“La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;”
En esta tesitura, la carga de la prueba recae inicialmente en la parte acusadora, generalmente representada por el Ministerio Público o fiscalía. Esta entidad tiene la responsabilidad de demostrar, más allá de una duda razonable, la culpabilidad del acusado presentando pruebas sólidas y convincentes. Este principio está arraigado en el concepto de presunción de inocencia, que establece que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Sin embargo, es vital reconocer que el peso de la carga probatoria no es estático. En algunos casos, especialmente cuando se trata de ciertos delitos específicos como corrupción, crimen organizado o violaciones a derechos humanos, pueden existir disposiciones que inviertan la carga de la prueba. Esto significa que la defensa podría tener la obligación de demostrar su inocencia o desacreditar la evidencia presentada por la parte acusadora.
La aplicación de la carga de la prueba no está exenta de obstáculos. En ocasiones, la dificultad para obtener pruebas contundentes, la manipulación de la evidencia o la falta de recursos pueden impedir la capacidad de la parte acusadora para cumplir con su carga. Esta situación podría desequilibrar el proceso penal y afectar la búsqueda de una justicia pronta y expedita.
Por otro lado, la defensa también puede asumir una carga probatoria en algunos contextos, presentando evidencia que respalde su versión de los hechos o genere dudas sobre la acusación. Esto plantea la discusión sobre la equidad en el proceso judicial y la importancia de asegurar que ambas partes tengan igualdad de oportunidades para presentar sus argumentos. Además, los jueces tienen la gran responsabilidad de analizar la evidencia presentada y al tomar decisiones fundamentadas en criterios de prueba transparentes.
Es importante garantizar la imparcialidad y la claridad en la recolección y presentación de pruebas, así como el acceso a la justicia.
Oscar Daniel Ontiveros Arellano.
Estudiante de 8vo. semestre de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
