Los centros de justicia penal federal son los lugares donde se llevan a cabo los juicios orales del nuevo sistema penal acusatorio, que entró en vigor en 2016 y que busca garantizar una justicia más rápida, transparente y respetuosa de los derechos humanos.
Los centros de justicia penal cuentan con salas de audiencia, áreas de atención al público, oficinas administrativas y medidas de seguridad. Están a cargo del Poder Judicial de la Federación y se ubican en diferentes estados del país. Actualmente existen 49 centros de justicia penal federal en actividad.
Sin embargo, estos centros también enfrentan diversos desafíos para cumplir con su función de impartir justicia de manera eficaz y eficiente. Algunos de estos retos son:
La falta de recursos humanos, materiales y financieros. Los centros de justicia penal federal requieren de personal capacitado y especializado, como jueces, secretarios, defensores, fiscales, peritos, traductores, mediadores y policías. También necesitan de equipo tecnológico, mobiliario, vehículos y mantenimiento. Sin embargo, muchas veces estos recursos son insuficientes o se asignan de manera irregular o tardía, lo que afecta el desempeño y la calidad de los servicios.
La inseguridad y la violencia. Los centros de justicia penal federal tienen que atender casos de alta complejidad y relevancia, como los relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y los derechos humanos. Estos casos implican riesgos y amenazas para la integridad y la vida de los operadores, los testigos, las víctimas y los acusados, así como para la infraestructura y la información. Por ello, se requiere de medidas de protección y prevención, como sistemas de videovigilancia, alarmas, blindaje, escoltas, programas de protección a testigos y protocolos de actuación .
La resistencia al cambio y la falta de capacitación. El nuevo sistema penal acusatorio representa un cambio radical en la forma de administrar e impartir justicia en México, que implica una mayor participación de los actores, una mayor oralidad y publicidad de los procesos, una mayor protección de los derechos y una mayor búsqueda de soluciones alternativas. Sin embargo, no todos los operadores, los usuarios y la sociedad en general están familiarizados o convencidos con este modelo, lo que genera resistencias, desconfianzas y dificultades. Por ello, se requiere de una capacitación continua, una difusión amplia y una evaluación constante del sistema .
Lo importante es reconocer que estos retos no son insuperables, sino que se pueden superar con voluntad política, compromiso social y cooperación institucional. Los centros de justicia penal federal son una oportunidad para mejorar la justicia en México y para fortalecer el Estado de derecho y la democracia en el país.
