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El derecho penal familiar, una herramienta para proteger a la familia

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La familia es la célula básica de la sociedad, el espacio donde se forman y desarrollan las personas, y el ámbito donde se ejercen los derechos y deberes fundamentales. Sin embargo, la familia también puede ser el escenario de conflictos, tensiones y violencias que afectan la convivencia, la integridad y la dignidad de sus miembros.

Para prevenir y sancionar estas conductas, existe el derecho penal familiar, que es una rama del derecho penal que se ocupa de los delitos que se cometen en el seno de la familia o contra alguno de sus integrantes, por razón de parentesco, matrimonio, concubinato o relación de pareja.

El derecho penal familiar, tiene como objetivo proteger y tutelar a la familia, entendida como una realidad social, cultural y jurídica, que se basa en el respeto, la solidaridad, la igualdad y la no discriminación entre sus miembros. Así, el derecho penal familiar busca garantizar el cumplimiento de los deberes recíprocos de los cónyuges, de los padres e hijos, y de los demás parientes, así como el respeto a la integridad física, psicológica y sexual de todos ellos.

Los delitos contemplados por el derecho penal familiar se caracterizan por tener una naturaleza especial, pues se dan entre personas que tienen una relación afectiva, de confianza o de dependencia, lo que implica una mayor vulnerabilidad de la víctima y una mayor reprochabilidad del agresor.

Esta rama del derecho se rige por los principios generales del derecho penal, como la legalidad, la tipicidad, la culpabilidad, la proporcionalidad y la humanidad. Sin embargo, también tiene algunas particularidades, como la posibilidad de que la víctima perdone al agresor, la intervención de la autoridad administrativa o judicial para proteger a la familia, la aplicación de medidas alternativas a la prisión, y la consideración de factores sociales, culturales y económicos que influyen en la dinámica familiar.

Se trata de una herramienta jurídica que busca preservar la armonía, la paz y la justicia en la familia, como un bien social y un valor constitucional. Sin embargo, el derecho penal familiar no es suficiente por sí solo para lograr este fin, sino que debe complementarse con otras medidas de prevención, educación, asistencia y rehabilitación, que involucren a la sociedad en su conjunto.

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