Por: Arturo Ángel
Un juez federal de la Ciudad de México decretó el cierre del proceso penal que se había iniciado desde 2019 en contra de José Antonio Vargas Hernández, la única persona que seguía procesada por el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en el que también estaba involucrado el famoso abogado Juan Collado Mocelo.
En una audiencia realizada ayer, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor ordenó el sobreseimiento del caso bajo los mismos argumentos por los cuales fue cancelado el proceso contra Collado el pasado 31 de enero: que los hechos en los que se sustentaba la acusación no constituyen un delito (como la propia Fiscalía lo resolvió a través de su delegación en Querétaro), y que resoluciones judiciales previas advirtieron ya de la falta de elementos que justifiquen sostener un proceso por los delitos mencionados.
En síntesis, lo que los jueces concluyeron es que la FGR falló en presentar pruebas suficientes que sostuvieran que Juan Collado, a través de su empresa Caja Libertad, había lavado recursos provenientes de actividades ilícitas de personas cercanas a él, entre ellos expresidentes y otros empresarios, y que estos habían terminado en cuentas en el extranjero.
Con la cancelación del caso contra Vargas ya no quedan personas bajo proceso dentro de la causa penal 269/2019. En diciembre pasado un tribunal federal de apelación revocó la sentencia de 15 años que se había impuesto a José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, y ordenó su absolución y libertad inmediata.
Con ese antecedente la defensa de Collado pidió la revisión de su proceso ya que se trataba exactamente del mismo caso, lo que derivó en el sobreseimiento del procedimiento en su contra. Misma situación que ocurrió ayer con Vargas Hernández.
En un hecho poco usual, al terminar de exponer ayer su fallo el juez Aquiles Villaseñor advirtió que en México se vive en un estado democrático y con poderes que son independientes, y que en todo caso su determinación se puede combatir a través de una apelación.
El mensaje del juez se da en un contexto en que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la FGR han acusado a los juzgadores que han tomado decisiones adversas a sus intereses de ser supuestos cómplices de hechos de corrupción. De hecho, la FGR en algunas ocasiones ha amagado con iniciar procesos contra los jueces por estos motivos, una situación que expertos advierten como una artera amenaza a la independencia judicial.
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