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SIN BIENESTAR, LA JUSTICIA ES UNA MENTIRA.

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Por: Salomón Baltazar Samayoa.

El Estado y sus fines:

En esta colaboración abordaré temas que prima facie parecen estar desvinculados, pero no es así. Expongo mis argumentos:

En términos sencillos podemos iniciar con la afirmación de que el Estado es una organización que tiene como soporte un orden político y un orden jurídico que ha sido predeterminado según la voluntad de los miembros asociados. La evolución de las instituciones sociales, políticas y jurídicas están estrechamente vinculadas con los fines a que aspira un Estado (Jellinek).

La manera en que se distribuye el poder del Estado es vital para entender la estructura del Estado. En la democracia la estructura del poder está construida de abajo a arriba en el que la soberanía reside en el pueblo. En la autocracia la estructura del poder está construida de arriba hacia abajo, y a diferencia de aquella, la soberanía radica en la persona que domina. (Heller).
Existen tres funciones principales al interior del Estado; la legislativa, la ejecutiva y la judicial. (Carré de Malberg) El principio de legalidad se convierte en la directriz teórica que orienta la función de estas tres actividades principales. (Bechara Llanos)

En un estado democrático encontramos tres notas distintivas; la libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley y frente a toda autoridad; participación ciudadana en forma directa o por representación en el ejercicio de los poderes públicos y; control de los ciudadanos del ejercicio del poder público. (Vidal Abril Castello).

La felicidad y el bienestar;
El programa nacional de desarrollo para el periodo 2019-2024 (publicado en el D.O. el 12 de julio de 2019) reconoce que la política social tiene como fin el bienestar social, y para lograrlo diseña una estrategia política recaudatoria y moderar la desigualdad social.

Entre las acciones específicas destacan los apoyos para adultos mayores, su universalización y base constitucional, bienestar para personas con discapacidad; becas para menores de 18 años en pobreza extrema mediante un pago bimestral; jóvenes construyendo el futuro mediante el pago a jóvenes becarios entre 18 y 29 años que no están integrados en un régimen laboral ni educativo para que reciban capacitación laboral.

También destaca el programa jóvenes escribiendo el futuro para apoyar a estudiantes de educación superior no mayores de 29 años en situación de pobreza o que habiten ciudades en contexto de violencia mediante pagos bimestrales durante cinco bimestres; otro programa es sembrando vida que consiste en apoyo rural a comunidades agrarias para el desarrollo en proyectos productivos agro-forestales.

Uno más, las tandas para el bienestar mediante el otorgamiento de créditos o préstamos a la palabra para destinarlos a la compra de insumos y herramientas en pequeños negocios. La creación de 42 planteles de las Universidades para el Bienestar en comunidades de alta densidad poblacional con alto grado de rezago social, marginación, violencia para matricular a 32,000 estudiantes en cinco entidades federativas con la asignación de una beca mensual.
Nadie puede regatear el carácter social de estas acciones, pero la pregunta es saber si estas acciones son la solución y si serán suficientes para lograr un estado de felicidad o bienestar nacional.

La felicidad como uno de los fines del Estado, más allá de la concepción Aristotélica (la felicidad no consiste en bienes sino en una vida acompañada de virtud) es un concepto que exige matices.

La felicidad es un estadio que comprende a todos los miembros de una organización social. La felicidad tiene como componente la autosuficiencia, entendida como tener de todo y no carecer de nada, para vivir bien y en comunidad. Felicidad es tener una buena vida. (Juan Carlos Ossandón)

Para aspirar a una buena vida es necesaria la alimentación, el acceso a la educación, a la salud y a un empleo que permita el desarrollo integral de una persona como un ente social, formar una familia, construir un patrimonio y que estos satisfactores se repliquen a sus hijos, y a los hijos de estos.

¿Eso qué significa?
¿Qué importancia adquieren los fines del Estado, cuando la pobreza laboral (población con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) a nivel nacional se ubica en el 38.5%? (CONEVAL)
Más de 30 millones de mexicanos vive del sector informal (INEGI)
Mas de 4 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela y 600 mil están en riesgo de dejarla. (UNICEF)
A nivel nacional la población penitenciaria rebasa las 200 mil personas. ¿Cuántos de estos eran el sostén único de su casa?
Existe información de Banxico que revela que durante el año 2020 y parte del 2021 la salida de capital extranjero fue de más de 10 mil millones de dólares del mercado de dinero.
La justicia;
Hoy en día, pocos padres tienen la posibilidad de enviar a sus hijos al extranjero para realizar estudios profesionales, maestrías o doctorados. A su regreso a México las puertas laborales están cerradas por la falta de oportunidad laboral o por estar sobre calificados. El mejor futuro de estos jóvenes no está en su país. Otro sector muy menor logra una beca y arañando recursos de acá y de allá logra irse a estudiar al extranjero, en donde deberán complementar el ingreso como meseros, lavaplatos o garroteros. Todo esfuerzo vale la pena siempre que los dote de mayores capacidades y competitividad profesional.

Con motivo del desprestigio de la educación pública universitaria que experimentó el país hace algunas décadas, surgieron muchas universidades particulares. Unas lograron un prestigio consolidado al paso de los años. A la Universidad Nacional Autónoma de México se le restituyó su alta calidad académica de siempre y que injustamente se cuestionó. Pero también surgieron otras escuelas que ofrecen estudios de licenciaturas y doctorados; sus planteles son inmuebles improvisados de tal manera que algunas cadenas de farmacias son más grandes que esas escuelas. Peyorativamente se les conoce como universidades patito o universidades gansito.
Algunos doctores obtuvieron su grado en estas “escuelas” como resorte para aspirar a otros cargos de mayor responsabilidad en el servicio público. Cuando se les pregunta de qué universidad egresaron suelen darle vuelta para evitar reconocerlo. A estos únicamente les interesó el “papel”. Existen otros que, en su condición de jefes, fueron auxiliados por un subordinado que les consiguió la inscripción y sin asistir a clases se les otorgó el grado; en otras palabras, se les otorgó el “papel.” Sin mérito alguno.

¿Cuántos egresados de estas escuelas, incluyendo universidades públicas, no encontraron empleo? O se dedican a actividades completamente ajenas a su formación profesional. En el Uber he conversado con contadores, licenciados en derecho y en administración de empresas que conducen un vehículo para ganarse la vida.

En el tribunal superior de justicia de la ciudad de México y del estado de México conozco abogados talentosos que, a falta de una plaza acorde con su profesión, aceptaron una función administrativa en el archivo del juzgado o en la oficialía de partes. Su esperanza es encontrar la oportunidad para ocupar una plaza de secretario de acuerdos, proyectista, actuario o, incluso de juez. Este propósito les llevará años.

¿Acaso piensan que la mayor producción de profesionistas mejorará sus condiciones de vida?
¿México es un país que requiere de profesionistas?
¿Para trabajar en dónde y en qué?
Se estima que en el año 2020 mas de un millón de medianas y pequeñas empresas “bajaron la cortina” para siempre con motivo de la pandemia (INEGI); unas cerraron sucursales y otras desaceleraron su ritmo de expansión.

La Asociación Nacional de escuelas particulares de la república mexicana (ANFE-ANEP) dio a conocer que, de 48,000 escuelas privadas 20,000 cerraron porque no estaban en aptitud de realizar las clases de línea.

Durante el 2019 el gobierno federal anunció la disminución salarial; en el 2020 se pronunció por el adelgazamiento de la burocracia mediante la eliminación de subsecretarias para reforzar los programas sociales; suprimió los fideicomisos y todo parece indicar que la política presidencial se dirige a los órganos autónomos.

Los servidores públicos de mando superior que por cualquier motivo se separen de sus cargos, están impedidos para trabajar por diez años en las empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada durante su encargo público. (artículo 24 ley de austeridad republicana)

MI amigo José Elías Romero Apis escribió, hace unos días, que la seguridad pública, el sistema de salud, la infraestructura de la educación, entre otros, pueden ir mal pero no la política, porque si empeora la política se deteriora hasta lo que iba bien.
Si el bienestar y la felicidad de la población depende de la política, ¿en dónde estamo.

Autor de Casos Penales y Tres Paradigmas de la justicia Penal: La Autoría Mediata para Crímenes cometidos por Aparatos del Estado, La Prueba y La Seguridad Ciudadana.
baltazarsalomon79@gmail.com