En esta ocasión busco invitar a la reflexión, esperando cumplir con la máxima de “corto y bueno, doblemente bueno” para dimensionar la problemática penal que vivimos en la realidad mexicana, a la cual ya me he referido como el “persistente caos penal” en relación con sectores específicos de la población. Los problemas del orden penal en la realidad nacional no se ven calmados por nada, pese a que hay quienes vislumbran posibilidades de mejora en la forma de impartir justicia, luego de la reciente reforma al Poder Judicial, lo que es cierto es que, como todo, el principio es la etapa que mayores retos representa, desafortunadamente en temas de justicia, cualquier pérdida de tiempo o “curva de aprendizaje” se traduce en una afectación negativa a los derechos de cualquiera de las partes en el proceso.
Las noticias sobre situaciones que amenazan la paz y la seguridad del Estado Mexicano son numerosas y de diversa naturaleza, no solo tienen que ver con la actividad delictiva, sino con la relación con el país vecino del norte y con las crisis humanitarias que atraviesan los países de Centro y Sudamérica, en consecuencia, se perjudica la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad personal del pueblo mexicano; el reto para las personas en el servicio público en cualquiera de los órdenes de gobierno, no es sencillo y cuando dichas personas ya en la titularidad de algún cargo público, muestran su verdadera cara y lo menos que presentan es un comportamiento ético, ni mínimamente respetuoso para quienes los eligieron, la situación se hace insoportable para los gobernados, particularmente para los grupos en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria.
Cabe precisar que cuando me refiero a que en México prevalece un caos penal es porque hace décadas el Estado completo se ve perjudicado prácticamente por las mismas conductas criminales, si bien hay avances para responder a ellas, estas se transforman con una rapidez que hacen ineficiente la reacción estatal, así la violencia de género, el feminicidio, el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas, el maltrato animal, el “narcotráfico”, la corrupción, la responsabilidad penal de las personas morales; por mencionar algunas, siguen y continuarán en tanto no se atienda a sus causas.
El análisis de los fenómenos delictivos que viene enfrentando México, los cuales acabo de mencionar en el párrafo inmediato anterior, es posible abordarlos desde distintas ópticas, una de ellas, la de quienes se ven especialmente afectados y sufren doblemente los daños de la actividad delictiva. Sí la actividad delictiva nos afecta a todas y todos, incluso aunque no se haya sido víctima de algún delito la percepción de la seguridad cambia frente a un clima generalizado de violencia y enfrentamientos armados, por tanto, se vive la vida de forma limitada. Todo lo descrito, se maximiza para aquellos seres humanos quienes, por una situación innata o adquirida durante sus vidas, o incluso atribuida artificialmente por los prejuicios de con quienes interactúan, ven modificada su capacidad para enfrentar situaciones cotidianas de modo que son susceptibles de ser víctimas de delitos con mayor facilidad que el resto de la población. Es el caso, de algunas de las víctimas de desaparición forzada quienes fueron captados cuando se encontraban en la búsqueda de un empleo y condiciones dignas de trabajo frente a la situación de vulnerabilidad por motivos económicos que enfrentaban.
Acaso no son los niños, niñas y adolescentes quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad identificada por la categoría de la edad, pero que en realidad significa el tránsito por un proceso psicofisiológico de especial atención, en el cual pudieran ser susceptibles de no poder repeler una agresión o distinguir situaciones de alerta disfrazadas precisamente para causarles daño; además, es probable que la niñez y la adolescencia signifique también enfrentar una situación económica difícil, así como un posible acceso deficiente a la educación formal de acuerdo con su grupo etario, a una alimentación nutritiva, a la atención médica adecuada, entre otras; esa interseccionalidad que atraviesan, los coloca en una posición de vulnerabilidad en relación con grupos delictivos quienes ven en esa niñez, “insumos”, es decir, los observan desde una óptica deshumanizada; niños a quienes arrebatan de su medio, en un contexto donde no hay autoridades que escuchen, investiguen o intervengan.
La reflexión del párrafo que precede, es aplicable, a los demás grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, como han optado por nombrarlos en algunos textos normativos, los cuales, como queda evidenciado, actualizan más de una categoría sospechosa, que les colocan como “víctimas idóneas”, como un adulto mayor que es robado cuando asiste al banco sin compañía, como una mujer indígena que con engaños fue “enganchada” para ser víctima de trata para fines de explotación laboral; solo por ilustrar con algunos casos.
Si la política criminal es deficiente, es doblemente negligente cuando deja fuera de toda consideración las medidas y acciones que permitan mantener fuera del alcance de la delincuencia a grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales, no son sinónimo de minorías y, por el contrario, están presentes y empujando por todos los medios posibles para que se respeten sus derechos y logren el acceso a la justicia, especialmente, la justicia penal, la cual parece ser la más lejana a ellos.
Gracias por tomarte el tiempo de leer.
Alberto Francisco Garduño. Abogado fintech en el sector privado y académico desde hace más de 10 años en la Facultad de Derecho de la UNAM. Líneas de investigación: teoría del delito, derecho de ejecución penal, derecho penal antidiscriminatorio y derecho económico.
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