El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera explícita que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado. Esta disposición refleja un ideal progresista: transformar las cárceles en espacios de reconstrucción personal y social, alejados del modelo puramente punitivo. Sin embargo, la realidad de los centros de reclusión en México dista mucho de cumplir con esta promesa constitucional. La reinserción social se mantiene como una meta inalcanzable para la mayoría de las personas privadas de la libertad, atrapadas en un sistema desbordado por la violencia, el abandono institucional, la corrupción y la falta de políticas públicas coherentes.
México cuenta con más de 300 centros penitenciarios distribuidos en todo el país, los cuales albergan a más de 220 mil personas privadas de la libertad, de acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. No obstante, muchos de estos centros presentan condiciones de hacinamiento, insalubridad, deficiencia médica, carencia de programas educativos, escasa o nula capacitación laboral y, en general, una gestión deficiente. Esto contradice directamente el mandato constitucional que coloca a la reinserción social como eje rector del sistema penitenciario.
Uno de los factores estructurales que impide el cumplimiento efectivo de este derecho es la precariedad del sistema. El hacinamiento, por ejemplo, es un problema crónico que imposibilita cualquier intento serio de resocialización. Las cifras varían por entidad, pero algunas cárceles rebasan hasta en un 150% su capacidad instalada. Esta saturación afecta directamente el acceso a servicios básicos, pero también impide el funcionamiento de programas formativos, ya que no existen suficientes espacios físicos, personal capacitado ni recursos materiales. Así, el interno se enfrenta a una rutina de encierro ocioso, sin acceso a herramientas reales que le permitan reconstruir su proyecto de vida.
El trabajo dentro de prisión, uno de los pilares para la reinserción, es otra figura que se ha distorsionado o simplemente se ha vuelto simbólica. Si bien en algunos penales existen talleres, la mayoría son insuficientes y no responden a las necesidades del mercado laboral actual. Tampoco existen garantías reales de que el trabajo penitenciario sea remunerado justamente, lo que muchas veces se traduce en explotación. Peor aún, la corrupción dentro de las cárceles ha generado una economía paralela en la que el trabajo, el acceso a beneficios y hasta la seguridad personal dependen de redes informales de poder entre internos y autoridades.
La situación educativa dentro de los penales es igualmente alarmante. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), más del 60% de las personas recluidas no ha terminado la secundaria. Si bien existen programas de alfabetización y educación básica, su cobertura y calidad son deficientes. Las oportunidades para estudios medios o superiores son mínimas, y muchas veces dependen de esfuerzos individuales o de organizaciones civiles. Sin acceso a una formación académica digna, el interno ve cerradas las puertas de la superación personal y, con ello, las posibilidades reales de reincorporarse a la vida social.
La salud mental, otro componente esencial en el proceso de reinserción, también es ignorada. La mayoría de los centros no cuenta con personal capacitado en psicología o psiquiatría para atender los problemas derivados del encierro prolongado, las adicciones o los antecedentes de violencia vividos por la población penitenciaria. Esta omisión no solo impide la rehabilitación emocional de los internos, sino que incrementa los niveles de agresión, suicidio y conflictos internos en las cárceles.
Frente a este panorama, la reinserción social se convierte en una idea abstracta, un objetivo formal que no encuentra correspondencia en las políticas públicas reales. La falta de coordinación entre el sistema penitenciario federal y los estatales, así como la ausencia de evaluación de los programas de reinserción, consolidan un sistema que reproduce la exclusión social en lugar de combatirla. Además, el estigma que enfrentan los ex reclusos al salir de prisión limita aún más sus oportunidades laborales, educativas y sociales, perpetuando el ciclo delictivo.
Reinsertar a una persona a la sociedad no es simplemente liberarla al cumplir su condena. Implica dotarla de herramientas para que pueda reconfigurar su identidad, reparar el daño causado y convertirse en un sujeto productivo dentro del marco legal. Para que esto sea posible, el Estado debe invertir en las cárceles no como espacios de castigo, sino como espacios de oportunidad. Es urgente rediseñar el modelo penitenciario mexicano desde una perspectiva integral, con enfoque en derechos humanos, género y justicia restaurativa.
El incumplimiento del derecho a la reinserción social no es solo una deuda moral con las personas privadas de la libertad; es también una amenaza a la seguridad y cohesión social. Mientras nuestras cárceles sigan siendo escuelas del crimen en lugar de centros de rehabilitación, el sistema penal mexicano continuará fallando en su función más elemental: prevenir el delito a través de la justicia. En este contexto, cumplir con lo que dicta la Constitución ya no debería ser un ideal, sino una exigencia impostergable.
